Las pensiones indemnizatorias por cesantía pueden alcanzar hasta el 80% del salario bruto durante dos años
Un desempleado tiene que cotizar seis años para percibir la prestación de un máximo de dos años, o durante al menos un año, para percibir cuatro meses. Cobrará el 70% de la base reguladora durante los primeros seis meses y el 60% a partir de aquí. Es decir, poco más de 1.200 euros mensuales iniciales en el mejor de los casos y hasta unos 1.500 euros si tiene dos hijos. Sin embargo, un ex alto cargo del Estado (ministros, secretarios de Estado y responsables de organismos reguladores e institucionales) puede cobrar una pensión indemnizatoria por cesantía del 80% de su salario bruto durante dos años, si ha permanecido al menos ese tiempo en el puesto. Si ha durado menos tiempo en el cargo, se prorrateará por días esa percepción.
El abono se realiza mensualmente, pero hay ex magistrados del Tribunal Constitucional que han capitalizado en un solo pago la retribución. En algunos casos, sobre todo en los representantes de las instituciones (los mejor pagados), la cuantía total ha superado los 200.000 euros e incluso hay excepciones que han superado los 300.000 euros. La única condición, a partir de 2012, es que para su cobro no pueden tener al mismo tiempo otros ingresos públicos o privados. Se trata de un ‘auto chollo’ de gasto presupuestario superfluo al que se han sumado las comunidades autónomas y los ayuntamientos (también todos los parlamentos) que ningún partido ha planteado su reforma o supresión a pesar del incremento de la deuda pública y de su mal ejemplo.
Es en realidad una retribución ‘diferida’ de los cargos políticos, que estimula la toma de hasta dos ‘años sabáticos’ a la espera de volver a su empleo anterior, incluso de funcionario, de que les coloquen en otro puesto o les activen las ‘puertas giratorias’ en los consejos o en las direcciones de empresas públicas o privadas importantes. Incluso, hay quien ha retrasado la jubilación pública (topada en unos 45.000 brutos anuales) para beneficiarse de esta pensión más elevada. Hay más de un centenar de ex altos cargos que ya han cobrado la cesantía, media docena la está percibiendo ahora y su volumen de gasto supera ya los 20 millones.
La remuneración no es nueva. Procede de la vieja pensión vitalicia que creó Isabel II a mediados del siglo XIX para todos los ex miembros de los gobiernos de su reinado. Se fue manteniendo a lo largo de los años, particularmente con Franco, hasta que mediante un acuerdo entre UCD y PSOE en la Ley Presupuestaria de 1982 se canjeó por esta indemnización de hasta dos años con la inclusión también de secretarios de Estado y un cúmulo de altos representantes de las instituciones.
La remuneración procede de la vieja pensión vitalicia que creó Isabel II a mediados del siglo XIX. Franco la mantuvo, y UCD y PSOE la actualizaron
El problema es que esta ‘bicoca’ era compatible con cualquier otra remuneración hasta 2012. El PP decidió incompatibilizar en aquel año la retribución con cualquier otro sueldo público o privado para “mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas en el uso de sus recursos”, según figura en el decreto regulador. Pero, muchos altos cargos ‘se forraron’ cobrando, por ejemplo, esa indemnización junto a otros sueldos de una Administración, como diputado o senador, y en una empresa o en su consejo. En todo caso, su mantenimiento actual no tiene mucho sentido salvo el de que la clase política disponga de otro privilegio más.
Esta remuneración se creó para facilitar el acceso a los altos cargos a su anterior vida laboral. Pero ahora, sucede que la mayoría de los altos cargos, salvo los que proceden de la Administración, no han tenido actividad profesional alguna anterior ajena a la política. Proceden de los partidos, es decir, de las juventudes o de las nuevas generaciones. Desconocen qué es un despido o una empresa y sus curriculums apenas ofrecen credibilidad académica.
Su futuro laboral depende del partido o de ir en un buen lugar de las listas electorales. Esto significa que cada vez hay más altos cargos que cobran este sobresueldo. La partida de gasto ya se ha desbocado y lo hará aún más en los próximos ejercicios por las dificultades que los que cesados van a tener en encontrar una actividad fuera de la política.
En el Portal de la Transparencia del Gobierno aparecen 92 de estos altos cargos que están cobrando o que han percibido la pensión indemnizatoria. Sin embargo, la cifra es muy superior ya que no incluye, por ejemplo, a los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Seguridad Nuclear o del Defensor del Pueblo que se han ido incorporando. Es decir, más de un centenar de ex ministros y dirigentes han tenido acceso a esta prebenda desde 2012 hasta 2024, últimos datos disponibles cerrados. El 63% de las indemnizaciones las ha concedido el PSOE de Pedro Sánchez (algunas proceden de la etapa del PP en La Moncloa) y el 37% corresponden al PP de Mariano Rajoy (algunas proceden del Gobierno de José Luis Rodrígueza Zapatero).
Alberto Garzón recibe unos 5.500 euros brutos mensuales desde diciembre de 2023 y Ángela Rodríguez, otros 7.516 euros
Hay al menos cinco ex altos cargos cobrando en la actualidad esta canonjía: Alberto Garzón, ex ministro de Consumo de Podemos, recibe unos 5.500 euros brutos mensuales desde diciembre de 2023 y acabará en noviembre de 2025; José Manuel Bar, ex secretario de Estado de Educación, está recibiendo 7.516 euros mensuales desde septiembre de 2019 hasta agosto de 2026; Ángela Rodríguez, ex secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género de Podemos, percibe también 7.516 euros al mes; Francesc Vallés, el ex secretario de Estado de Comunicaciones con Pedro Sánchez, está percibiendo desde enero pasado otros 7.516 euros mensuales; y Domingo Martínez, ex secretario general de la Casa Real tiene adjudicados más de 11.000 euros al mes desde diciembre de 2024 y lo hará, salvo que renuncie, hasta noviembre de 2026.
La mayor parte de los beneficiarios de esta retribución ha llegado al límite de los dos años. Por ejemplo, aunque no lo menciona el Portal de la Transparencia, el ranking lo lidera Juan José González, ex presidente del Tribunal Constitucional, que acumuló a finales de 2023 hasta 300.000 euros. Por encima de 200.000 euros se encuentran Julio Segura, ex presidente de la CNMV (237.000), así como, entre otros, Bernardo Lorenzo, ex presidente del Mercado de las Telecomunicaciones (225.000).
Le sigue a este grupo, por encima de los 200.000 euros, Luis Pedroche, ex consejero de la CNMV o Luis de la Fuente, ex presidente de la Comisión Nacional de la Energía. Y muy cerca de esos 200.000 euros cobrados se encuentran: Luis Fernando Martí y, por ejemplo, José Pascual González, ex consejero de la CNMT. Por debajo de este rango se sitúan: Paz Esteban, ex directora del CNI (174.000 euros); Marcial Marín, ex secretario de Estado de Educación (157.000 euros); o Fernando Valenzuela, ex secretario de Estado de Asuntos Exteriores (135.000 euros).
El ranking lo lidera Juan José González, ex presidente del Tribunal Constitucional, que acumuló a finales de 2023 hasta 300.000 euros
De Podemos, socio del Gobierno directo hasta la aparición de Sumar, además de Ángela Rodríguez y Alberto Garzón, han recibido esta pensión indemnizatoria: Noelia Vera, ex secretaria de Estado de Igualdad (149.000 euros); Irene Montero, ex ministra de Igualdad (casi 39.000 euros en siete meses cuando consiguió el acta de eurodiputada); y Pablo Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno, que sumó durante poco más de cinco meses unos 27.000 euros hasta su recolocación académica.
Por su parte, Ignacio Álvarez, ex secretario de Estado de Derechos Sociales sólo percibió 5.400 euros (el equivalente a 21 días) hasta que se incorporó a la docencia pública. Hay otros ministros del PSOE que también han percibido esta pensión: Arancha González Laya (Exteriores) ha acumulado 35.133 euros durante seis mes; José Guirao (Cultura) ha sumado 20.000 euros por cuatro meses; Isabel Celaá (Educación) ha añadido 29.000 durante cinco meses antes de su nombramiento de Embajadora en el Vaticano; Reyes Maroto (Industria) obtuvo 13.000 euros hasta ser elegida concejala del ayuntamiento de Madrid; Carmen Montón (Sanidad) ha recibido más de 15.000 euros en casi tres meses de percepción tras haber dimitido por las acusaciones de plagio en un Máster y antes de ser nombrada Observadora Permanente ante la Organización de Estados Americanos; y Pedro Duque (Ciencia) que ingresó 45.300 en el acumulado de casi cinco meses.
De momento, ninguno de estos cargos se ha quedado en paro, aunque ya ha sucedido en los escalafones inferiores que no disponen de este dispendio. En todo caso, la mayoría aprovecha esta oportunidad de salario ‘diferido’ hasta que el partido les recoloca si puede. Por ejemplo, Inés Bardón, ex secretaria de Estado de Hacienda y funcionaria, fue cesada en enero de 2022 y ha cobrado esta canonjía durante cinco días (1.409 euros) hasta que la ministra y vicepresidenta María Jesús Montero la ‘enchufó’ en la presidencia de Segipsa (Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio).
