La Abogacía del Estado acusará a los líderes independentistas catalanes de sedición y malversación. Este órgano dependiente del Ministerio de Justicia podía haber optado por atribuir el delito de rebelión a Oriol Junqueras y a los otros ocho procesados que están en prisión preventiva, pero ha descartado este delito, el más grave y el que vertebra toda la causa abierta por el procés abierto en el Tribunal Supremo. Fuentes judiciales afirman que el escrito de acusación que presentará hoy la abogacía descarta finalmente la rebelión, que exige un alzamiento violento, y apuesta por el delito de sedición, que no exige violencia.
En las últimas semanas, el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Carmen Calvo han sugerido que no estaban de acuerdo con la imputación de rebelión: el Gobierno entiende que para que exista ese delito tendría que haber uso de armas. Pero se trataba de declaraciones públicas interpretables; no había decisiones claras. Finalmente, el escrito de la abogacía descarta la rebelión pero sí atribuye a los líderes independentistas un delito de sedición, definido en el Código Penal como un alzamiento “tumultuario”. Para los partidos independentistas, será un gesto insuficiente. Y para la oposición, demasiado: al Ejecutivo le ha costado asumir este cambio porque sabe que recibirá duros ataques por parte del PP, pese a que el Gobierno de Rajoy solo se personó en la causa por el delito de malversación.
Durante la fase de instrucción, la abogacía no ha pedido personarse por ningún delito más que la malversación, aunque sí se ha adherido a las posiciones de la Fiscalía en lo relativo, por ejemplo, a la prisión preventiva. En agosto, como el resto de acusaciones, presentó un escrito al Supremo en el que solicitaba la apertura de juicio oral por rebelión, malversación y desobediencia.
La rebelión agravada con malversación implicaría entre 15 y 30 años de cárcel. La sedición más la malversación pueden sumar desde un mínimo de 14 a un máximo de 27 años,aunque la pena se reduce significativamente si los acusados devuelven el dinero malversado.
El núcleo duro del Gobierno se reunió el lunes en La Moncloa para analizar la situación. Formalmente, el Ejecutivo ha trasladado la idea de que la abogacía tiene manos libres. La realidad es que este órgano, que actúa como defensor de los intereses del Estado, depende de una decisión política. Y esa es la que tomaron el lunes durante una comida de trabajo el presidente, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, el jefe de gabinete, Iván Redondo, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. El análisis del Gobierno, no solo de este núcleo duro sino también de otros ministros que también fueron consultados, es que la acusación de rebelión es excesiva.
El Ejecutivo no ha atendido las presiones de sus socios independentistas para ir más lejos y suavizar la posición de la fiscalía. En el gabinete de Sánchez entendían que dar ese paso suponía un enorme riesgo político. La fiscalía tiene total autonomía y así ha redactado sus conclusiones provisionales. Las fuentes fiscales consultadas señalan que se mantendrá la calificación de rebelión, un delito recogido en el artículo 472 del Código Penal que castiga a los que se alcen “violenta y públicamente” para una serie de fines, entre ellos, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Se atribuirá a los nueve procesados que están en prisión, aunque entre ellos la Fiscalía establecerá distintos niveles de responsabilidad.
En el primero estará Junqueras, a quien el ministerio público considera, junto a Puigdemont, el principal responsable del desafío independentista unilateral. Los investigadores le otorgan un papel esencial al inicio del procés (considerado en la causa como la firma el 19 de diciembre de 2012 del acuerdo entre Artur Mas y Junqueras que llevó al primero a la presidencia de la Generalitat), en el tramo intermedio (por impulsar desde la vicepresidencia el plan secesionista) y al final (la declaración unilateral de independencia). Este protagonismo se traducirá en una petición de penas superior al del resto de procesados, que puede rondar los 25 años de cárcel por un delito de rebelión agravado con malversación.
Niveles de responsabilidad
Ambos delitos se atribuirán también a los otros cinco exconsejeros de Puigdemont encarcelados (Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa), pero la Fiscalía les sitúa en un segundo nivel de responsabilidad y la petición de penas oscilará, según las fuentes consultadas, entre 15 y 20 años de prisión. [TEX]Y de 10 a 15 años para los tres procesados encarcelados (la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Jordi Cuixart) solo por rebelión.[/TEX]
En el tercer bloque de responsabilidad estarán los tres exconsejeros a los que la Fiscalía deja fuera de la rebelión pero prevé acusar de malversación y desobediencia: Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila. La petición de pena para ellos podría llegar a los 12 años, pero se reduciría si devuelven el dinero supuestamente desviado a fines ilícitos.
El resto de procesados (los exmiembros de la Mesa de Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet; y la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya) solo serán acusados de desobediencia y no se pedirá para ellos penas de cárcel, pero sí de inhabilitación. Además, la fiscalía de la Audiencia Nacional acusará al responsable de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a los responsables políticos de la policía autonómica, Pere Soler y César Puig, por rebelión por los hechos del 20 y 21 de septiembre ante la Consejería de Economía.
