El Gobierno abonará una paga a los pensionistas en el primer trimestre de 2019 por la mayor subida del IPC

El acuerdo presupuestario alcanzado por el Gobierno y Podemos incluye una medida por la que, en el primer trimestre del próximo año, los pensionistas recibirán una paga adicional por el mayor incremento del IPC. La subida pactada por el anterior Ejecutivo con el PNV contemplan un incremento de las pensiones del 1,6%, pero la previsión oficial actualizada es que la inflación cierre el año en el 1,9%.

Existe, por lo tanto, una diferencia del 0,3% que produciría una pérdida de poder adquisitivo para pensionistas y jubilados. Sin embargo, tanto el Ejecutivo de Sánchez como la formación de Pablo Iglesias siempre han mostrado su compromiso para que las personas que reciben una prestación no pierdan capacidad de compra, y así está recogido en el acuerdo presupuestario.

En caso de que la inflación en diciembre de 2018 supere el 1,6% de revalorización inicial previsto en la Ley de Presupuestos de este año, los pensionistas recibirán una paga para compensar esa desviación”, explica el documento, que además estima que el impacto presupuestario de esta medida en 2019 será de 704 millones de euros.

Cada décima de desviación sobre el objetivo del 1,6%, explica Europa Press, supone un coste algo superior a los 100 millones de euros, con lo que una desviación de tres décimas implicará un coste de más de 300 millones de euros, a los que hay que sumar una cantidad similar para su consolidación en nómina.

El documento presupuestario también señala que “en 2019 las pensiones se revalorizarán inicialmente conforme a la previsión de IPC, con la misma garantía de paga compensatoria en caso de desviación a final de año. Y en el marco de la reforma integral del propio sistema, se incorporará a la normativa de la Seguridad Social la revalorización de las pensiones conforme al IPC real”.

Por otra parte, las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3% “dada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los perceptores de las mismas”. Esta decisión tendrá un coste en 2019 de 384 millones de euros, según los cálculos del Gobierno.