Causa bochorno que las Cortes de Aragón hayan dado a luz una ley innecesaria y probablemente inconstitucional como la llamada de ‘derechos históricos de Aragón’, que remeda en algunos puntos los peores impulsos de los nacionalismos periféricos. Y aún produce mayor vergüenza, y no poca inquietud, que con ello nuestros diputados hayan dado pie al separatismo vasco para presentar Aragón como un apoyo a sus pretensiones. Eso hizo ayer Joseba Egibar, al citar artículos de dicha norma como argumento jurídico a favor de la legitimidad de su proyecto de independencia unilateral del País Vasco. Forzó quizá Egibar el texto de la ley y, sobre todo, la intención de los legisladores aragoneses.
Pero el hecho muestra que ponerse a juguetear con la idea de unos supuestos ‘derechos históricos’, previos a la Constitución, que nadie sabe de dónde habrían salido, solo sirve para socavar el sistema constitucional. Si nos ponemos todos a emular a quienes pretenden acabar con la unidad de España, el embrollo de la política española puede terminar no en la proclamación de ‘una’ república catalana, sino en el parto de diecisiete repúblicas taifales. Y seríamos el asombro del orbe.
