La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado esta tarde en el Congreso que el Gobierno suspenderá el impuesto del 7% a la generación eléctrica como medida de choque para forzar un descenso de la factura de la luz que se ha disparado en los últimos meses. La repercusión que esta medida tendría en el recibo de la luz sería entre un 2 y un 3%. Solo en septiembre, la factura ha subido un 17% respecto al mismo mes de 2017.
Ese impuesto entró en vigor el 1 de enero de 2013 dentro de un paquete de medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy para recortar el déficit del sistema eléctrico, que llegó a alcanzar los 30.000 millones de euros. Casualmente, el grupo popular ha propuesto esta semana suspender ese impuesto.
El portavoz de Energía del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, afirmó que la decisión del Gobierno «es una muestra más de que tiene perdido el rumbo y solo acierta cuando rectifica o cuando escucha al PP».
Teresa Ribera ha abogado durante su comparecencia en la comisión de Transición Ecológica por el autoconsumo compartido, recuperar el atractivo para las inversiones en renovables y los contratos bilaterales de origen renovable.
La ministra ha culpado al anterior Gobierno del PP de que el sistema eléctrico tenga «sobredimensionados sus costes fijos, que presente una normativa anticuada y mantenga un mercado marginalista que genera situaciones absurdas». Ribera se refería en esta última cuestión al hecho de que la energía más cara, el gas natural, sea la que marca el precio de todas las energías más baratas en el mercado mayorista.
Tras subrayar que «hay que eludir ocurrencias y varitas mágicas», ha destacado que el 50% de lo que pagan los consumidores son costes de las infraestructuras, el 22% son tributos y solo el 28% es la energía consumida.
La ministra ha anunciado también que ampliará el actual bono social eléctrico a la calefacción.
Sobre la posible reducción del IVA del 21% a determinados consumidores que han planteado algunos grupos políticos, Teresa Ribera ha mostrado sus dudas sobre su posible implantación, ya que es una cuestión que depende de la UE.
