El Ministerio de Educación ha reconocido este martes que tenía en su poder el informe realizado por la Alta Inspección del Estado respecto al adoctrinamiento en los libros de texto y continúa con su decisión de mantenerlo oculto. En un comunicado, ha reconocido que lo encontró «hace sólo unas semanas» y que, si no lo hizo público, fue porque no tiene «rigor científico».
El pasado día 7, sin embargo, la ministra Isabel Celaá compareció en la Comisión de Educación del Congreso y no dio muestras de que hubiera encontrado el texto ni tampoco se lo facilitó a la portavoz educativa de Ciudadanos, Marta Martín, que se lo ha pedido en reiteradas ocasiones.
El Ministerio cuestiona el informe y pone así en cuestión la tarea y la profesionalidad de los inspectores educativos, que dependen directamente de su Departamento. Dice que, «en numerosos casos, el texto contiene análisis contradictorios de un mismo libro, por lo que esto hace imposible llegar a conclusiones rigurosas». «Además, el documento no especifica quiénes fueron los autores del estudio ni cuántas personas participaron en él», añade.
«Tampoco consta la metodología seguida», añade Educación, aunque el informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, explica en detalle cómo se ha realizado el trabajo, apoyándose en tablas y gráficos explicativos. También sostiene el equipo de Celaá que hay «erratas, errores conceptuales o de comprensión, lecturas parciales y valoraciones subjetivas, que le quitan cualquier rigor científico». «Los manuales se escogieron sin especificar criterio alguno y son sólo una pequeña parte de los utilizados en las comunidades autónomas», insiste el Ministerio. En total se analizaron 102 libros de texto de la ESO de Matemáticas, Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura, así como 25 libros de Primaria y Bachillerato.
«Me basta con que se detecte adoctrinamiento en un solo libro para que se tomen medidas», ha respondido Sandra Moneo, responsable educativa del PP, que ha anunciado un conjunto de medidas destinadas a «reforzar» las competencias del Estado, entre las que se encuentra dar más capacidad de acción a la Alta Inspección. También estudia recuperar el principio de supervisión previa para vigilar los contenidos de libros de texto.
Educación ha responsabilizado del informe al anterior equipo, dirigido por Íñigo Méndez de Vigo, que encargó el 6 de junio de 2017 el informe en la ESO. El estudio se amplió a Primaria y Bachillerato y «Méndez de Vigo no entregó dichos documentos al actual Ministerio ni habló de su existencia al nuevo equipo».
«Dada la falta de rigor de los textos, el Gobierno no puede asumir sus contenidos ni los hará públicos, como tampoco asumió ni hizo públicos el Ministerio anterior, que fue quien los encargó», dice Educación, que asegura que, «si se constatase la existencia de libros y materiales escolares que contravinieran la normativa, las comunidades autónomas tienen margen de actuación y, en última instancia, el Ministerio tiene competencia para demandar el cumplimiento de dos requisitos: rigor científico y respeto a los principios de legalidad vigentes».
