Francia acaba de estrenar su primer curso escolar «libre de móviles» después de el Gobierno de Macron impulsara hace unos meses una nueva ley para atajar lo que se había convertido en «un problema de salud pública». Y la prohibición, en vigor para los alumnos franceses de entre 6 y 15 años, ha encontrado eco en España. En una entrevista a Efe, la ministra de Educación y Formación Profesional (FP), Isabel Celaá ha avanzado que el Gobierno estudia la posibilidad de prohibir el uso de los móviles en los centros educativos con el objetivo de disminuir la adicción digital de los estudiantes. «Hemos encontrado opiniones fuertemente encontradas. Lo vamos a estudiar con expertos», asegura la ministra.
En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 25% de los niños de 10 años tiene teléfono; a los 11 un 45,2%; a los 12, un 75%. Para cuando llegan a los 14, nueve de cada diez dispone de móvil. Y su presencia en las aulas españolas es incontestable. Hasta ahora, cada comunidad ha ido regulando su uso en la escuela, la mayoría prohibiendo su presencia en clase, aunque dando cierta libertad a los centros educativos.
Pero ya hay colegios con sus propias experiencias «piloto». Desde hace cuatro años en el colegio Arenales Carabanchel están prohibidos los smartphones en sus instalaciones: no solo no pueden usarse en clase, sino que tampoco en los recreos. Para ello han creado un «párking móvil»: si algún alumno necesita llevar el dispositivo, lo deja custodiado en la secretaría hasta el final de la jornada. «Hay alumnos que no lo aceptan de buena gana, pero muchos se dan cuenta de que sin limitaciones no se pueden poner a estudiar», explica su director José Luis Marrero.
En Castilla-La Mancha, en 2014 entró en vigor una normativa por la que el uso de los teléfonos quedaba restringido «salvo en los casos previstos expresamente en el proyecto educativo del centro o en situaciones excepcionales, debidamente acreditadas». Una normativa que se ha quedado corta para muchos centros, que en la práctica han ido más allá. Es el caso del Instituto Alfonso X El Sabio de Toledo. Allí primero prohibieron el uso del móvil en clase. Si se detectaba a algún alumno con él, se requisaba y solo era devuelto cuando los padres iban a recogerlo. «Pero no teníamos autoridad para quedárnoslo», explica Fernando López Luengos, profesor de Filosofía del centro.
Los roces con los padres, algunos casos de bullying con los dispositivos y su omnipresencia en el instituto acabaron desembocando en otra medida más restrictiva: la de vetar directamente su entrada en el centro. Encontrar uno supone la expulsión inmediata de su portador durante un día, incluso en el caso de los alumnos de Bachillerato. «Cuando implantamos la medida tenía mis dudas, pero ahora veo que es lo mejor», dice López Luengos. Solo se permite el móvil excepcionalmente en clases de tecnología o informática. «Una cosa es que usen el móvil, y otra es dejarles a ellos el control. Un adolescente no tiene la madurez para gestionarlo con responsabilidad», explica.
El problema del acoso
«El mal uso de la tecnología no es culpa del adolescente, sino de los adultos», asegura por su parte Marrero. «Les hemos dado un Ferrari y luego nos hemos dado cuenta de que antes debíamos pedirles el carné de conducir». Pese a la normativa del colegio Arenales Carabanchel, Marrero es consciente de que algunos de sus alumnos introducen el teléfono en las instalaciones escolares. Estima que hasta el 15% de ellos. «Pero sería un error cachearlos. Solo si los sacan les sancionamos». Por ello, la clave es formarles. Dentro de las aulas a sus alumnos les esperan unas tablets. «La tecnología hay que meterla en el aula para dejar de llegar tarde», asegura.
Los profesores coinciden en que, aunque es necesario un código más concreto de buenas prácticas, son los centros los que deben decidir cuáles son necesarias. «La medida de Francia suena a un intento de proteger a los docentes que toman las decisiones», dice Marrero, también miembro de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE). Y aunque el apoyo público es fundamental, dice, al final son los docentes y los padres quienes deben educar a los menores.
En el mismo sentido se pronuncia Sonia García, secretaria de comunicación del sindicato de profesores ANPE. No ven bien una prohibición, dice, aunque sí son partidarios de establecer unas normas de uso responsable. «Pero los centros deben tener autonomía», recalca. Porque aunque los dispositivos provocan distracciones, también ofrecen posibilidades educativas: «El profesorado puede enseñarles a recurrir a aplicaciones como el diccionarios de la RAE o a traductores».
Los padres, conscientes
Desde el otro lado del tablero, los padres también ven cada vez con mayor preocupación el rol que juegan los dispositivos. El presidente de Concapa, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, Pedro José Caballero, asegura que «la medida que han anunciado en Francia es la que reclamamos en España». El mal uso de las redes sociales, las grabaciones de agresiones o los casos de acoso suponen ya un quebradero de cabeza. «No es controlable. Estamos luchando contra el acoso y el fracaso escolar, y parte de la culpa está en los móviles», dice. Por ello, reclama que, «si no se llega a un consenso para prohibirlo entre todos, por lo menos habrá que regularlo».
Desde Ceapa, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Leticia Cardenal, no lo ve necesario, aunque reconoce que «podría estar bien». Al final, asegura, «dentro del aula el móvil no es necesario para nada».
