Tal y como adelanta hoy LA RAZÓN, las Fuerzas de Seguridad, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía van a reforzar su presencia en Cataluña «de forma considerable» ante las amenazas lanzadas desde sectores independentistas de atacar edificios del Estado e impedir la libre circulación de personas y mercancías, según han informado a este diario fuentes conocedoras del despliegue, sobre el que se guarda la lógica discreción.
Dicho despliegue lo ha iniciado la Benemérita con algunas unidades de los Grupos de Reserva de Seguridad (GRS) que, de momento, tienen como misión principal proteger las instalaciones del Cuerpo de los ataques independentistas. Se trata de un primer contingente, que no llega al centenar de agentes, pero que irá creciendo en función de los acontecimientos.
Paralelamente, el Ministerio del Interior ha iniciado el refuerzo policial en Cataluña con el envío de forma escalonada de alrededor de 600 efectivos de las unidades de intervención policial, los antidisturbios, en la semana previa a la celebración de la Diada y el anuncio de movilizaciones independentistas en otoño.
Fuentes policiales aseguran que se trata de entre 10 y 12 grupos de UIP -integrados cada uno por 50 agentes- procedentes de distintos distintas jefaturas y cuya misión es la custodia de edificios públicos y el apoyo a los Mossos d’Esquadra en seguridad ciudadana.
El traslado de estos agentes ha comenzado esta semana y ya se encuentran en Cataluña efectivos procedentes de Galicia hospedados en el cuartel militar de Bruc.
A ellos se sumarán en los próximos días más antidisturbios que también reforzarán a los cien agentes de los dos grupos de UIP que la Policía tiene de forma permanente en Cataluña.
Asimismo, según publicó ayer el Boletín Oficial de la Benemérita, 300 guardias a los que se habían concedido destino fuera de Cataluña deberán quedarse en sus puestos actuales al menos hasta el 15 de octubre.
«A la vista de la evolución de la situación de seguridad en Cataluña y en la búsqueda de la adaptación del despliegue de la Guardia Civil», se indica en un escrito del Director Adjunto Operativo (DAO) del Cuerpo en el que se ordena el inicio del despliegue.
Con el paso de los días y conforme se acerque la Diada del 11 de este mes, en que los secesionistas darán el «pistoletazo» de salida a su campaña, hasta el 27 de octubre, aniversario de la declaración unilateral de independencia, Policía y Guardia Civil trasladarán a Cataluña al número de agentes que se considere adecuado para cumplir las misiones que se les van a encomendar.
Grandes vías de circulación, principales calles de las ciudades, aeropuertos, puertos, puestos fronterizos…todo forma parte de los objetivos de los radicales, que pretenden dar la imagen, de cara al exterior, de que controlan Cataluña y que pueden condicionar la vida ciudadana hasta lograr sus objetivos secesionistas.
Los grupos más visibles de los que van a intentar protagonizar estos hechos, en los que no se descarta la utilización de métodos violentos y de coacción, son los CDR (Comités de Defensa de la República) que, a través de las redes sociales, ya han anunciado algunos de sus planes. Los responsables de los CDR, como en su día hicieran los movimientos del entorno de ETA, van a utilizar como reclamo a los políticos separatistas que se encuentran presos en cárceles catalanas. Su libertad, sin esperar a que se pronuncie la Justicia, es el reclamo para implicar al mayor número de personas en las movilizaciones.
Presos y secesión. Lo mismo que ETA y las organizaciones de su entramado. Entre los proyectos de los CDR está el de realizar una acampada en Barcelona (en la Plaza Francesc Maciá, con la intención de colapsar la Avenida Diagonal, aprovechando la manifestación convocada por ANC y por Òmnium Cultural) desde el 11 de septiembre hasta los primeros días de octubre. Al mismo, tiempo tratarán de bloquear las entradas a la Ciudad Condal, cerrar los comercios y que no funcione el transporte (una huelga general, en definitiva).
A este respecto, las fuentes consultadas se preguntan por qué, a diferencia de lo ocurrido en el pasado y ya que se conocen los planes y sus promotores, no se actúa de forma preventiva para no tener que hacerlo sobre la marcha, «ante lo inevitable de la situación». La Justicia y las Fuerzas de Seguridad a sus órdenes están facultadas para actuar cuando se sabe que se van a producir graves alteraciones de orden público y posibles episodios violentos que deben ser evitados de acuerdo con la legislación vigente.
Los Servicios de Información de Policía y Guardia Civil llevan trabajando semanas sobre lo que puede suponer una gravísima alteración del orden constitucional y de la paz ciudadana. Una actuación preventiva evitaría que el resto de los españoles interiorizara que se ha dejado actuar a los «revolucionarios» (el sueño de los CDR es convertirse con el tiempo en Comités, no sólo de Defensa de la República sino en realidad de la Revolución) con una aparente impunidad y que se ha intervenido tarde mal y sin la debida eficacia. Tal y como adelantó este periódico en su día, los CDR provienes de los Comités de Defensa del Referéndum y se han extendido por toda Cataluña, incluso Comunidad Valenciana y Baleares, con el fin de formar la «punta de lanza» de las aspiraciones separatistas y controlar a los que en cada calle, en cada barrio y localidad se oponen a estas pretensiones. Ejercen una labor de «denuncia» con el fin de hacer la vida imposible a los «españolistas» sin que, al menos hasta el momento, hayan tenido ningún problema.
