Este del traslado no es el primer paso dado por Pedro Sánchez en favor de la “distensión” buscada a toda costa con los secesionistas pero sí es el más relevante desde el punto de vista de la opinión pública: los presos independentistas son trasladados a las cárceles catalanas sobre cuya gestión la Generalitat tiene las competencias. Eso no quiere decir nada todavía porque los presos lo son preventivos y su destino sigue en manos del juez del Tribunal Supremo que ha instruido su causa.
Pero, independientemente de lo razonable que sea que estén cerca de sus familias y de sus letrados, lo que habrá que ver de aquí en adelante son las posibles consecuencias de este traslado de los primeros seis -quedan todavía tres por trasladar pero eso se hará en los próximos días- a las cárceles catalanas. Me refiero a si se van a organizar a partir de ahora manifestaciones constantes pidiendo su puesta en libertad puesto que los dirigentes secesionistas siguen manteniendo contra toda evidencia que ninguno de los secesionistas presos preventivos ha cometido delito alguno.
No debemos descartar, por lo tanto, que los nueve dirigentes encarcelados y en espera de juicio oral sean utilizados una vez más para agitar una calle donde se está rebajando de forma evidente la tensión que el independentismo necesita caliente para mantener viva la llama de una guerra que saben que han perdido pero que no se atreven a reconocer porque tienen miedo a la reacción de sus bases engañadas. Esta es la formulación de un temor pero un temor con bastante fundamento.
Lo veremos enseguida pero no descartemos peregrinaciones a las prisiones donde finalmente se acoja a los distintos políticos encarcelados. Si eso fuera así, habría que preguntarle al Gobierno si esa decisión ha reportado alguna ventaja a su voluntad de rebajar el tono y la tensión con los independentistas. Porque lo que de momento estamos viendo es una actitud pastelera del presidente del Gobierno que ha llegado a la humillación de su cargo y, con él, a la humillación de todos los españoles.
Me estoy refiriendo a tres episodios intolerables que los ciudadanos nos hemos tenido que tragar entre el estupor y la indignación. Uno de ellos, el trato que el racista Quim Torra dispensó al Rey de España con motivo de la deslucida y fracasada ceremonia de inauguración de los Juegos del Mediterráneo. Otro, la actitud del mismo Torra y de sus seguidores, como la alcaldesa de Gerona, que no acudieron, con voluntad directamente ofensiva, a recibir al jefe del Estado con ocasión de la entrega de los Premios Princesa de Girona. Y el tercero, el numerito que el racista presidente de la Generalitat y su multitudinario séquito montaron en Washington contra nuestro embajador en EEUU, Pedro Morenés, por haber cumplido con su deber de desmentir las mentiras que el secesionista había lanzado allí mismo contra España y la realidad de Cataluña. Y no estamos hablando de palabras, que pueden pretextarse como recursos puramente retóricos. Estamos hablando de acciones, de hechos y de hechos muy graves que deberían haber tenido una respuesta a la altura de la ofensa recibida.
Sin embargo, todos estos episodios, que han indignado a la mayoría de los españoles, no han merecido por parte del presidente del Gobierno la más elemental y exigible respuesta por su parte. El presidente lo es de todos nosotros y no puede permitirse adoptar esa actitud mansa que puede interpretarse por los electores como apocada o directamente cobarde ante lo que son insultos claros y provocaciones deliberadas a la más alta institución del Estado, a la cortesía más elemental, al respeto a España, a la verdad y a la ley. Si el señor Sánchez cree -en lo que sería el clásico error de todo adanista y todo ignorante que piensa que nada sucedió en el mundo, en el país, en la política y en la vida antes de que él llegara y se hiciera presente-, si cree que esta táctica le va a dar un resultado positivo y va con ella a amansar a los secesionistas, alguien le tiene que decir que esto ya lo hemos visto antes y que no está haciendo nada que no se haya ensayado ya con resultados no sólo inexistentes sino incluso perjudiciales para los intereses nacionales.
Los demás, los que no somos el Gobierno, ya hemos comprobado repetidamente que esta música no amansa a las fieras y que cuanto más ofrendas se les hagan más se crecerán porque no entienden los gestos de buena voluntad como lo que son sino como prueba de la debilidad del contrario y como acicate para seguir imponiendo con mayor intransigencia aún sus inaceptables exigencias. Que sepa el presidente que la ciudadanía está muy escamada y está ya en alerta y que será a él a quien pida responsabilidades si el independentismo logra avanzar posiciones en lugar de retroceder en ellas.
Mientras tanto, la posición del presidente del Gobierno y de todo su equipo aparece cada vez más como la de una gente acochinada que no se atreve a levantar la voz para defender los principios políticos y constitucionales que sostienen a su partido y que respaldan muchos millones de españoles. Y eso perjudica enormemente su imagen pública y le resta los apoyos populares que va a necesitar en un futuro no tan lejano si lo que pretende es ganar las próximas elecciones generales. Sánchez no debe, no puede, aparecer como alguien al que Torra y Puigdemont le han comido la merienda y le han ganado la partida.
Es verdad que todavía estamos en los primeros compases pero lo que hemos visto hasta ahora no han sido más que insultos, desafíos, desaires, ofensas y absolutamente ninguna propuesta u ofrecimiento positivo por parte del secesionismo. Y, por el contrario, y como respuesta a todo eso, lo que hemos visto han sido silencios incomprensibles e injustificables y palabras blandas y conciliadoras por parte del presidente y de todo su equipo de Gobierno con la salvedad, tampoco demasiado contundente, del ministro de Exteriores Josep Borrell en quien los constitucionalistas tenemos puestas todas nuestras esperanzas, o lo que queda de ellas.
Y aún nos queda por saber la decisión que va a adoptar la nueva Fiscal General del Estado, que aún no ha tomado posesión de su cargo, en lo que se refiere a la calificación de los delitos por los que van a ser juzgados los dirigentes secesionistas ahora encarcelados. Los cuatro fiscales del Supremo han fijado claramente su posición y, que se sepa, van a presentar su escrito de acusación por un delito de rebelión.
Veremos si hay acuerdo desde el principio o si la fiscal Segarra opta por ordenar a los fiscales de Sala que acusen sólo por sedición porque, independientemente de los años de condena que el Alto Tribunal determine, que podrían ser aproximadamente iguales o muy similares en ambos casos, probablemente se abriría ahí un pulso que tendría una inevitable traducción política por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero eso es adelantar demasiado los acontecimientos.
Quedémonos por ahora en lo que hay. Pero, de momento, lo que hay no pinta nada bien.
