Gobierno y PP se movilizaron para suavizar la posición de Rivera sobre el 155 antes de la cita con Rajoy

La reunión de hoy en Moncloa entre Mariano Rajoy y Albert Rivera no se presentaba fácil. El líder de Ciudadanos amagaba con exigir la extensión del actual 155 y tras la cita ha explicado a la prensa que no se trata tanto de mantener la intervención de la Generalitat que se aprobó en octubre pasado, -que “jurídicamente decae”, admite- como poner en marcha “inmediatamente” un nuevo 155 por entender que la investidura de Quim Torra no es más que la continuación del procés, un hito más de la escalada secesionista del prófugo en Alemania, Carles Puigdemont. Este significativo cambio de posición es producto del despliegue que durante los días previos a la cita monclovita han hecho Gobierno, PP y Grupo parlamentario popular al objeto de suavizar la posición del líder de la formación naranja y evitar que la reunión les estallara en la manos.

En estas conversaciones “a varias bandas” por las que se buscaba un “equilibrio” entre ambas posturas, habrían participado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que tiene como interlocutor al secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. También con Villegas habló el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, mientras que con el portavoz parlamentario de la formación naranja, Juan Carlos Girauta, lo hizo su homólogo del PP, Rafa Hernando. En el entorno de Hernando admiten que éste se interesó “por la posición que Girauta mantenía al respecto”.

Para los populares, admitir que el actual 155 decae “es desactivar el discurso de porqué nos vamos de Cataluña”, una tesis que alimentaba Rivera cuando defendía que la actual intervención se podía alargar en el tiempo independientemente de que el nuevo gobierno catalán tomara posesión y que Moncloa y PSOE insistían en que era imposible con el contenido del acuerdo que se alcanzó en el Senado. Rivera también ha rebajado el tono de la pasada semana en el Congreso cuando dio por roto el acuerdo sobre el 155 y, muy al contrario, ha apelado a la unidad, todo ello, no obstante, sin dejar de exigir a Rajoy que active otro 155 de inmediato.

“El Gobierno no lo tiene previsto”, ha admitido el líder de formación naranja en rueda de prensa tras reunirse con Rajoy por espacio de algo más de una hora. “Dice que estará vigilante, pero ahora vigilar es actuar”. Y tras apelar a la importancia de mantener la unidad de acción entre los partidos constitucionalistas, defiende Rivera que “no sólo hay que hacerse fotos, decir que estamos de acuerdo en defender la ley, sino que los ciudadanos esperan que propongamos acciones y soluciones que garanticen la Constitución y derechos de todos”.

El Gobierno relativiza las prisas de Rivera

Génova relativiza, no obstante, ese “inmediatamente” que ha usado Rivera para exigir actuar contra Torra. “Ese ‘ya’ no está muy claro”, aducen. Replican que “no se trata de un plazo concreto. No ha pedido que este lunes, por ejemplo, nos reunamos para comenzar a activar todo el procedimiento que exige la intervención de la Generalitat”, lo que para el PP no deja de ser un canto al sol. Se actuará cuando haya “hechos”,insisten y alertan del riesgo de que una extensión del 155, cuando el acuerdo del Senado marca perfectamente su caducidad, “podría haber sido recurrido por los independentistas y tenían todas las de ganar”. La verdad, admiten en la misma línea de lo manifestado por Rajoy en sede parlamentaria, “nos sentimos más cómodos en el acuerdo con el PSOE”.

Rajoy ha insistido, por su parte, según fuentes gubernamentales, en que “cualquier ilegalidad será respondida” y comprometido, en todo caso, a estudiar la propuesta de Rivera con una apelación a dar una respuesta “pactada y proporcional” al independentismo.

Cuatro son las cuestiones sobre las que hay que actuar a criterio de Rivera, a pesar de que en el pacto de octubre exigió un 155 limitado a la celebración de elecciones autonómicas en lo que constituye ahora un claro giro estratégico. Admite Rivera que “es momento de rectificar” resaltando que se han visto algunos errores que ha atribuido al Gobierno.

Ha abogado por “controlar de manera efectiva las finanzas de la Generalitat”, tras demostrarse , “en algunos casos, se ha desviado dinero público para dar un golpe de Estado” y solo con el FLA no es suficiente. asimismo, propone extender la supervisión sobre la policía autonómica para que estén al servicio del Estado, de la democracia y de la Constitución. En ese plan, es necesario que la cúpula de los Mossos, ha dicho, esté absolutamente comprometida con la Constitución y el estatuto de autonomía.

TV3, como instrumento fundamental de agitación y propaganda del independentismo, es otro de los objetivos de esa hipotética nueva intervención que propugna el líder de Ciudadanos, al que se une, también, impedir que se ponga en marcha la red de “embajadas” catalanas. “Se ha desmantelado esa estructura de propaganda y no tiene sentido que se ponga en marcha de nuevo”, ha subrayado.

En definitiva, con un presidente “racista, que odia a los catalanes que se sienten españoles y al conjunto de los españoles, no es momento de contemplaciones ni de buenísimos” ha proclamado y si Rajoy “quiere actuar en este sentido, tiene todo el apoyo de Ciudadanos”. Si no actúa, “no hay nada que apoyar ni romper” ha replicado respecto a si se mantiene la unidad de los constitucionalistas.

“Lo que no sería legítimo -defiende el líder de Ciudadanos- es mirar hacia otro lado ni salir corriendo. Cataluña es España, por lo que no vamos a salir corriendo de nuestro país. Hay que ponerse a trabajar. Los catalanes merecen la protección del Estado”. También le ha pedido a Rajoy que el Gobierno apoye la reforma legislativa propuesta por Ciudadanos para impedir ser elegibles a los huidos de la justicia. Asimismo ha anunciado que su grupo político va a pedir a la mesa del Parlament que se les retire a los prófugos Puigdemont y Antoni Comín su sueldo público de diputados.