Golpe a la justicia española. La Cámara del Consejo de Bruselas ha decidido hoy rechazar la orden de detención europea emitida contra los ex consellersLluís Puig, Toni Comín y Meritxell Serret. Lo ha hecho por defecto de forma, sin entrar a valorar el fondo, con el acuerdo tanta de la defensa como de la propia fiscalía pero sin entrar a valorar el fondo.
Según la defensa, la orden emitida por el juez Pablo Llarena -la segunda tras retirar la primera en diciembre- se basa en el mandato de arresto nacional emitido por la juez de la Audiencia NacionalCarmen Lamela el pasado mes de noviembre. El problema es que los cargos de ese mandato y la euroorden que Llarena puso de nuevo en marcha el pasado mes de marzo no coinciden. Y por tanto, la justicia belga entiende que no puede ser tramitada.
«La cámara del consejo del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas de habla neerlandesa acaba de dictaminar que las tres órdenes de detención europeas españolas son irregulares y, en consecuencia, se niega a su ejecución», así ha comunicado la justicia belga su decisión de no entregar a los ex consellers. «La cámara del consejo está de acuerdo con la posición de la Fiscalía y la defensa de que no existen órdenes de arresto nacionales subyacentes válidas que correspondan al contenido de las órdenes de arresto europeas», subraya el comunicado.
Tal y como adelantaba la defensa, «el ministerio público ha pedido al Tribunal declarara las tres órdenes de detención europeas irregulares, ante la ausencia de órdenes de detención nacionales acordes», ha anunciado la Fiscalía de Bruselas en un comunicado.
Aunque existe la posibilidad de apelar la decisión, sólo los afectados -los tres ex consellers- y la fiscalía pueden hacerlo. La fiscalía de Bruselas ha confirmado que no recurrirá la decisión del tribunal.
Aunque se trata efectivamente de un defecto de forma, la defensa de los ex consellers alega que en realidad es consecuencia de un problema de fondo. Y que de hecho, si el juez ya retiró la primera euroorden fue precisamente porque temía que al examinar los hechos, la decisión de la justicia belga fuera desfavorable. Además, entiende que se trata de una falta de respeto a los procedimientos que existen precisamente para garantizar los derechos de los acusados.
Además, consideran, la decisión de las autoridades españolas de emitir una segunda euroorden en marzo fue «precipitada» por el viaje de Carles Puigdemont a Finlandia. Puigdemont acabó de hecho detenido en Alemania, cuando regresaba a Bélgica, y espera ahora la decisión de la justicia que podría ser también favorable. «Técnicamente estamos en la misma situación», ha subrayado el abogado de la defensa Jaume Alonso-Cuevillas, «pero no quiero precipitarme».
Sobre si la decisión podría tener repercusión para quienes se enfrentan a la prisión provisional, Cuevillas lo descarta pero insiste en que esta decisión es un golpe a la credibilidad de la justicia española. «Repercusión no tiene directa pero pone en evidencia que el procedimiento en España es muy irregular», ha manifestado.
El juez Pablo Llarena puede aún emitir una tercera orden europea de detención. Lo cierto es que el juez no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, los delitos que se imputan a los tres ex consellers y su compatibilidad con el Código Penal belga. Pero la credibilidad de la justicia española tras la decisión del Consejo queda notablemente mermada y España no puede permitirse otro revés.
«Hoy toca celebrar que somos libres»
Entre abrazos y aplausos de algunos simpatizantes que se daban cita frente al imponente Palacio de Justicia de Bruselas han celebrado la decisión los ex consellers Lluís Puig, Toni Comín y Meritxell Serret.
«Puede parecer un problema estrictamente formal pero tenemos que ser conscientes de que es consecuencia del problema de fondo», ha subrayado Comín a la salida de la vista, «todo este problema se deriva de haber judicializado una disputa política». El diputado electo de Esquerra Republicana ha insistido en cualquier caso en que, aunque el juez no ha analizado el fondo de la cuestión, ellos se consideran inocentes. «Una democracia no abusa del código penal para perseguir a líderes políticos», ha afirmado, «basta ya de abusar del Código Penal, basta ya de abusar del sistema órdenes de detención europeo».
Por su parte, Lluís Puig confía en que la decisión de la justicia belga impulse veredictos también satisfactorios para Carles Puigdemont en Alemania, Clara Ponsantí en Escocia y Marta Rovira en Suiza. Pero también para quienes «sufren una prisión preventiva desmesurada» en España.
«Hoy toca celebrar que somos libres», ha manifestado Meritxell Serret tras la decisión de la justicia belga. Serret espera ahora que el conflicto se reconduzca de nuevo «al ámbito del que no tenía que haber salido, el diálogo político» y así «poder convivir democráticamente y en paz».
Esta era la cuarta comparecencia de los ex consellers ante la justicia belga, la segunda en el marco de esta segunda orden de detención, tras aplazarse la vista el pasado 18 de abril, a petición de la Fiscalía de Bruselas. Las autoridades belgas solicitaron la medida al considerar que no tenían información suficiente para formular a las acusaciones contra los ex miembros del Govern que permanecen en Bélgica. Según la defensa, el ministerio fiscal habría comunicado a España los defectos de forma de la euroorden que el Supremo no subsanó.
