La Guardia Civil ha elevado a 1,9 millones de euros los fondos públicos que la Generalitat de Cataluña supuestamente malversó durante la presidencia de Carles Puigdemont para la organización y celebración del referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha levantado el secreto de una pieza centrada en la malversación que mantenía abierta para concretar los detalles del dinero público que supuestamente se invirtió en la preparación y celebración de la consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. En marzo el instituto armado ya cifró la supuesta malversación en 1,6 millones.
El nuevo informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que añade un total de 269.133,68 euros en varias partidas, se conoce un día después de que el juez Pablo Llarena requiriera al ministro Cristóbal Montoro la información en la que basa su afirmación de que no se usó dinero público para sufragar la consulta ilegal. En su escrito, los agentes advierten de que algunas de las cifras que recoge son solamente estimaciones o no hay pruebas de que fueran abonadas.
Los casi 300.000 euros de diferencia entre el dinero supuestamente malversado que el juez Pablo Llarena recogió en su auto de procesamiento a los líderes independentistas y el nuevo informe de la Guardia Civil salen de sumar distintas partidas de las que hasta ahora no tenía conocimiento la investigación. El gasto que los agentes tienen más acreditado es el invertido en la participación de observadores internacionales para el referéndum. Hasta ahora, los investigadores a cifraban en 119.700, pero en la nueva documentación remitida al juez la elevan a 217.656,22 tras incluir dos nuevos gastos: un compromiso de pago de 47.365 euros y 40.951 euros para gastos de logística (vuelos, hoteles y actos de los observadores).
En su informe, la Guardia Civil admite que si bien se ha podido identificar a una serie de personas que actuaron como observadores internacionales, “no se ha podido determinar la totalidad de los participantes, debido a la negativa por parte de Diplocat de facilitar los datos de los mismos”. Los agentes sitúan al exconsejero de Relaciones Institucionales y Exteriores Raül Romeva, actualmente en prisión preventiva, como el “responsable último” de las dos instituciones a las que se imputan estos gastos (Delegación del Gobierno de la Generatitat de Gataluña ante la Unión Europea y el Diplocat).
Una de las nuevas partidas que los agentes incluyen en su informe corresponde 17.690,20 euros para alquilar el teatro Nacional de Cataluña para la celebración de un acto para incentivar la participación en el referéndum, una cesión que fue firmada por el exconsejero de presidencia Jordi Turull, al que Llarena envió a prisión el pasado 23 de marzo. Este dinero, según la investigación, fue abonado por el Grupo Parlamentario Junts pel SÍ y la Guardia Civil cree que, este grupo “ha podido emplear dinero procedente de subvenciones públicas” para hacer frente a este pago”. “El Grupo Parlamentario Junts pel Si tiene que rendir cuentas anualmente a la mesa Parlamentaria, de la contabilidad relacionada con las subvenciones que percibe, por lo que esta última tiene que tener conocimiento del destino de las subvenciones públicas recibidas por el Grupo Parlamentario Junts pel Sí y si se han empleado para cubrir los gastos de actos relacionados con el referéndum, como el celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña”, advierten los agentes.
El informe constata también gasto de 61.879 euros para carteles propagandísticos en los que se llamaba a votar en la consulta independentista. Según los investigadores, fueron encargados por la Generalitat, a través de Antoni Molons Garcia, secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia, que supuestamente “utilizó” a Òmnium Cultural “como sociedad interpuesta, para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución” de los carteles. “La elaboración y difusión de para ocultar que estos carteles con el logo de la Generalitat las gestionó Òmnium para ocultar que era la propia Generalitat la que sufragaba los gastos de estos carteles”, concluye la Guardia Civil.
Los agentes contabilizan también 40.227,78 de gasto para acondicionar el call center desde donde se pretendía gestionar y centralizar los datos del referéndum, así como para la adquisición de material informático destinado a la consulta y que fue financiada por la Generalitat. No obstante, el informe advierte de que “se está todavía en fase de investigación para conocer qué cantidad se destinó a ese fin” y esos 40.227 euros son “en realidad” el total que la Generalitat destinó a la adquisición de material informático a la empresa Fujitsu, por lo que esa cifra, que sí se pagó, es “una estimación inicial y se debe esperar a que concluya” la investigación para determinar qué cantidad fue realmente la utilizada.
El nuevo informe incluye también 60.369 euros de papeletas y sobres interceptados en dos camiones y 651,8 euros de sobres de 56.196 sobres con el nombre de la Generalitat para el reparto a través de Unipost de las designaciones de las mesas electorales.
