Jueces y fiscales de toda España se han concentrado de forma simbólica esta mañana a las puertas de las distintas audiencias provinciales y juzgados para pedir una equiparación salarial, la independencia de los jueces y la autonomía de los fiscales, como principales reivindicaciones del sector judicial. De esta forma se da comienzo a un calendario de protestas que podría desembocar en una huelga el próximo 22 de mayo, si las negociaciones en curso no lo impiden primero.
En las distintas concentraciones se ha leído un manifiesto [léalo en PDF] en el que piden a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que con «urgencia» se acuerden medidas para reforzar la independencia judicial; modernizar la Administración de Justicia; racionalizar la planta judicial y mejorar las condiciones profesionales, entre otras cosas.
En el comunicado, también se pide la recuperación de los permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal, o un plan de inversión para convocar al menos 300 plazas con el fin de incrementar la planta judicial y fiscal y poder equipararla a la media europea.
Celso Rodríguez, magistrado de la Sección 23, ha sido en el caso de la Audiencia de Madrid el encargado de leer el manifiesto durante el parón laboral, al que se han sumado 76 miembros de la Judicatura adscritos a esta sede judicial. Algunos de ellos han hecho un receso en los juicios que se estaban celebrando para poder asistir al acto simbólico a las puertas de las dependencias judiciales.
En Barcelona, unos 200 jueces y fiscales se han reunido en la Ciutat de la Justiciapara exigir las mismas reivindicaciones que en el resto de España, pero el acto se ha celebrado excepcionalmente a puerta cerrada para evitar protestas independentistas que pudieran empañar su reivindicación y causar incidentes.
El acto, llevado a cabo en el Auditorio de la Ciutat de la Justicia, ha estado presidido por las juezas decanas de Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat, Mercè Caso y Lidia Ureña, respectivamente, así como la fiscal provincial de Barcelona, Concepción Talón. Las tres han sido las encargadas de leer el manifiesto.
«Queremos que la gente tenga la administración de justicia que se merece», ha proclamado Mercè Caso, que ha exigido que se dote al sector de los medios materiales y personales necesarios y de una «organización que gestione racionalmente los recursos».
Por su parte, Talón ha destacado que el acto de hoy no se limita a una reivindicación de las asociaciones judiciales, sino que en ella jueces y fiscales están unidos por su «voluntad de prestar servicio a la sociedad».
La fiscal provincial de Barcelona se ha lamentado de las «insuficientes condiciones» en que se ven obligados a trabajar los profesionales de la judicatura, unas carencias que a menudo se suplen con un «coste personal elevado», y ha afirmado que la sociedad debe saber cómo trabajan, pese a la «discreción» que siempre caracteriza a este sector.
Las reclamaciones llevan la firma tanto de las cuatro asociaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) y de las tres de fiscales (Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales)
