Los grupos plantean 1.250 enmiendas a los presupuestos para mover 400 millones

Los grupos parlamentarios de las Cortes han presentado casi 1.250 enmiendas a los presupuestos de la comunidad para 2018, que suponen cambiar el destino de alrededor de 400 millones de euros.

En concreto, el PP ha registrado 332 enmiendas, por un valor global de 140,5 millones de euros, a unos presupuestos cuyo principal hándicap, según los populares, sigue siendo «la gran carga fiscal» a la que someten a los aragoneses.

Además, las propuestas de modificación del PP se encaminan al sostenimiento de los servicios públicos y a garantizar el bienestar de todos los aragoneses, y por eso el departamento que más propuestas de variación recoge es el de Sanidad, con 93 millones de euros.

Podemos llegó a un acuerdo con el Gobierno de Aragón, respaldado por los inscritos de la formación morada, para apoyar inicialmente las cuentas, pero condicionado al resultado de la negociación de las enmiendas.

Hoy, la portavoz parlamentaria, Maru Díaz, ha anunciado la presentación de casi 200 propuestas de modificación para mover el destino de 40,5 millones de euros.

Una de ellas defiende establecer una moratoria para el cobro del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) hasta la consecución de un acuerdo negociado con la sociedad aragonesa.

Fuentes de la formación han hecho hincapié, además, en otra enmienda al articulado para que el Gobierno de Aragón remita mensualmente a las Cortes un informe con la relación de los proyectos de inversión en ejecución, con el detalle de su estado y las incidencias que puedan afectarlos.

Y han indicado que quieren mover 1,5 millones del fondo de contingencia de ejecución presupuestaria para destinar un millón a acciones de promoción de la mujer en el IAM y medio millón a ayudas por nacimiento de hijos en situación de vulnerabilidad.

El objetivo de Podemos es «dotar de valentía y originalidad» al proyecto, algo que se puede hacer «con no mucho dinero» y que la formación ejemplifica con medidas para impulsar las exhumaciones de cadáveres relacionadas con la Memoria Democrática, la lucha contra la violencia machista y contra la desigualdad o el apoyo a un modelo de desarrollo medioambientalmente sostenible.

El PAR, por su parte, es el grupo que mayor volumen de enmiendas ha presentado, hasta llegar a 400 para mover 133 millones.

Aunque los portavoces de la formación explicarán de forma detallada mañana el contenido de las enmiendas, fuentes del partido han precisado que están destinadas a paliar la despoblación y contribuir a fijar población en el territorio, además de al desarrollo del aragonesismo, la defensa del Estatuto de Autonomía y el retorno del talento y el patrimonio aragonés.

También hay un paquete de propuestas de modificación encaminadas a desarrollar la economía y crear empleo y otras de apoyo a los colectivo más vulnerables.

Ciudadanos pretende mover 65 millones con 171 enmiendas que quieren romper la «tendencia conformista» del Gobierno de Aragón y reforzar a las clases medias y trabajadoras y a los autónomos, «verdadero motor de la economía».

Así, se centran en la mejora de la calidad de los servicios sociales, la educación y la sanidad; en incrementar la inversión en infraestructuras; la modernización de la agricultura, y el cumplimiento de los compromisos con las infraestructuras sanitarias, especialmente los hospitales de Alcañiz y Teruel.

Ciudadanos también propone una bonificación adicional del 10 % en el ICA de forma que quede establecido como en el año 2016, es decir, que se bonifique el 80 % de la tarifa en municipios de menos de 200 habitantes y el 70 % en Zaragoza y todos aquellos municipios que hayan costeado su depuradora.

E Izquierda Unida ha elaborado 109 enmiendas para cambiar el destino de entre 18 y 20 millones de euros con el objetivo de incidir en las líneas programáticas del Gobierno de izquierdas del socialista Javier Lambán.

La diputada de la coalición, Patricia Luquin, destaca entre sus enmiendas la paralización de la tarifa del ICA, el rechazo a las exigencias de la estabilidad presupuestaria, la implementación en Aragón del Pacto de Estado contra la Violencia Machista y una apuesta decidida por planes de empleo para personas desempleadas de larga duración, mujeres y jóvenes.

PSOE y CHA, los grupos que sostienen al Gobierno, firman 33 enmiendas conjuntas, la mayoría motivadas por correcciones técnicas, pero también, según fuentes socialistas, para posibilitar la prestación de la teleasistencia avanzada, el traslado de pacientes oncológicos, la asistencia jurídica a inmigrantes y refugiados, el incremento de la partida al comedor escolar o el fomento de la investigación, entre otras cuestiones.

También para introducir correcciones que permitan un adecuado reparto de los Fondos de Cohesión, para reforzar y mejorar los alojamientos turísticos, o al plan de vivienda, para que un posible retraso de la firma del convenio con el Estado en este área no retrase las convocatorias en Aragón, ha indicado a Efe el diputado de CHA Gregorio Briz.

El PSOE, además, ha presentado tres en solitario, y CHA otras dos, una de ellas al articulado para eliminar el registro de vivienda protegida, el actual Toc-Toc, que desde Chunta Aragonesista consideran que «ya no tiene sentido».

Las enmiendas al presupuesto para 2018 -con un gasto no financiero de 5.303,6 millones de euros (un 4,9 por ciento más que en 2017)- serán analizadas ahora en la ponencia que se creará al efecto, para enfrentarse al debate y votación en el pleno el 28 de febrero.