El Gobierno de Nicolás Maduro ha declarado persona ‘non grata’ al embajador español Jesús Silva Fernández «en virtud de las continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos de nuestro país por parte del Gobierno español», según acaba de anunciar en su cuenta de Twitter el canciller bolivariano, Jorge Arreaza.
En el comunicado emitido por Cancillería también muestra su «categórico rechazo» a las declaraciones realizadas ayer por Mariano Rajoy, jefe del Gobierno español. El Gobierno venezolano acusa al español de estar detrás de las sanciones europeas para cumplir las «órdenes» emitidas por Estados Unidos.
Nada más conocerse las sanciones el lunes pasado, Diosdado Cabello, número dos de la revolución y a la cabeza de la lista de sancionados, exigió reciprocidad contra los gobiernos europeos. La expulsión del embajador español se produce después de que Maduro llamara a consultas a su representante diplomático en Madrid, Mario Isea.
Los rifirrafes diplomáticos son una constante entre España y Venezuela desde la llegada del chavismo al poder en 1999. El embajador Silva se había destacado desde su llegada por su defensa del Parlamento frente a las embestidas de los poderes revolucionarios. Maduro retrasó durante varios meses la recepción de sus credenciales, que finalmente aceptó en agosto del año pasado. Su predecesor, Antonio Pérez Hernández, afrontó dos llamadas a consultas del Gobierno de Madrid durante su estancia en Venezuela.
El Gobierno de Maduro aprovechó su anuncio para atacar otra vez al Gobierno de Madrid, responsable de estar al frente de uno de los países más «desiguales de Europa». «Son incontables los desahucios diarios, que le niegan el derecho a la vivienda a decenas de miles de familias humildes, para favorecer a la banca y empresas inmobiliarias; cuenta con las tasas de desempleo más alarmantes de Europa, entre las más altas del mundo, especialmente en lo referente al empleo juvenil, que se traduce en desesperanza para las nuevas generaciones españolas; se han descubierto escandalosos casos de corrupción de miembros del partido gobernante, incluyendo sobresueldos y prebendas desvergonzadas acordadas a espaldas de la ciudadanía», destaca el comunicado.
En él también se insiste en «la represión policial para secuestrar el derecho a decidir del Pueblo de Cataluña, así como la judicialización de la política para perseguir y encarcelar a quienes difieran de la posición oficial, cerrando cualquier opción de diálogo civilizada con sus adversarios; ni hablar del desmoronamiento estructural de los servicios de sanidad y seguridad social». Maduro tomó partido por los independentistas desde el primer momento, aunque finalmente no reconoció la república catalana.
En cambio, el Gobierno bolivariano aprovecha la nueva crisis diplomática con España para defender sus políticas económicas y sociales, inmerso ya en una precampaña para las elecciones presidenciales convocadas por una Asamblea Nacional Constituyente que no reconocen la gran mayoría de los países europeos.
