La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 4% para 2018 y el compromiso adquirido por el Gobierno ante los agentes sociales de elevarlo 15 puntos porcentuales más hasta 2020, para llegar a los 850 euros al mes en ese año, parece traer aires de cambio en las tendencias salariales del país. Más aún cuando el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, logró poner la guinda al pacto antes de acabar el año con una foto de familia junto a la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT en el Palacio de la Moncloa.
Sin embargo, el acuerdo contenía una letra pequeña, pero muy significativa del estado de la situación en las empresas. La senda de subida del SMI comprometida solo se llevará a cabo si el PIB real crece al menos un 2,5% y si se crean al menos 450.000 empleos al año. Esto quiere decir, que los salarios irán por detrás de la productividad y la capacidad de crear empleo de las empresas. Otra vez más.
Y ese es el discurso que han mantenido en sus últimas apariciones públicas tanto el presidente de CEOE, Juan Rosell, como el de Cepyme, Antonio Garamendi. Tanto al salir de la reunión en la que se alcanzó el pacto, en el Ministerio de Empleo, como en la Moncloa, ambos responsables empresariales aseguraron que una cosa es el SMI y otra la negociación colectiva, es decir, lo que se conoce en toda su amplitud como el resto de salarios.
Garamendi llegó a decir que no habrá mínimos en la propuesta de subidas salariales para este año que la patronal planteará precisamente a los sindicatos este mes de enero en el marco del Acuerdo Interconfederal de la Negociación Colectiva. “No habrá un suelo, sino que se hablará de menos lo que sea a lo que haga falta”, fueron las palabras que empleó el presidente de Cepyme en sede ministerial.
El problema con el que se encuentran las empresas es que, a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos años de la crisis, en los que Empleo llevó a cabo una reforma laboral en 2012 que abría la puerta a los descuelgues salariales en las empresas como mecanismo, entre otros, para permitir a las empresas adaptarse a los vaivenes económicos sin recurrir sistemáticamente al despido, el Gobierno es el primero que ahora presiona y pide subidas salariales.
En juego está el poder decir que la recuperación llega al bolsillo de todos los españoles, el sostenimiento de la demanda interna y también el futuro de las pensiones, puesto que mayores salarios se traducen en el corto plazo en mayores ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. Con todo, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, insiste en que esta subida de salarios debe estar en equilibrio con la creación de empleo.
Mientras tanto, los sindicatos CCOO y UGT quieren aprovechar para elevar el SMI lo máximo posible y arrancar a la patronal las mayores subidas salariales posibles para 2018. De momento, las centrales sostienen que su objetivo son subidas del entorno del 3%, el doble que el IPC medio esperado para este año por el consenso de analistas, del 1,5%, y también que la subida salarial pactada en convenio este año, que se ha situado ligeramente por encima del 1,4%.
Presiones en CEOE
Ante esta propuesta, la Junta Directiva del pasado 13 de diciembre aprobó presentar a los sindicatos una propuesta de subida salarial que podría llegar hasta ese 3%, pero incluyendo dentro hasta un punto porcentual variable en función de cuestiones como la productividad.
Esta acotación no es baladí. En aquella junta, Rosell tuvo que hacer frente a los reproches del presidente de la patronal madrileña (CEIM), Juan Pablo Lázaro, quien le pidió dureza en la negociación. En su opinión, un pacto salarial que aceptase mayores subidas, como quería el Gobierno, debía incluir cuestiones capitales para las empresas como el absentismo. Contrapartidas, en resumen.
Así es que, más allá de Rosell, tanto Garamendi como Lázaro, que fuentes internas de la patronal ven como los candidatos que pugnarán por la presidencia de la CEOE este año, plantean la necesidad de vender cara la piel de los empresarios a partir de enero.
Antes de que empiecen las negociaciones, el Real Decreto por el que se eleva el SMI incluye una disposición adicional en la que se indica que los sueldos y revisiones vinculadas por convenio al salario mínimo –SMI más un punto, por ejemplo– estarán referenciadas a la cuantía del año 2016 y no tendrán en cuenta las subidas del 8% en 2017 y del 4% en 2018 para no introducir distorsiones, lo que es lo mismo que establecer un cortafuegos entre el SMI y el resto de los salarios. Esta circunstancia ya se produjo en 2017. La primera batalla ya la tenían ganada pues, los empresarios.
Documentos de la CEOE aún hablan de moderación salarial
Como muestra de las resistencias internas en el seno de la CEOE a las peticiones de mayores ‘alegrías’ salariales, el mismo miércoles en que se celebró la Junta Directiva en la que se fijó la postura salarial de los empresarios, la patronal publicó un informe sobre la marcha de la economía en el tercer trimestre en el que seguía apostando por la moderación salarial.
Concretamente, en el apartado en el que enumeraban los factores que podrían empujar al alza las previsiones de crecimiento económico y empleo del escenario central se encontraba este asunto. Así, se consideraba un factor de mejora “seguir con la moderación salarial, que tan beneficioso ha sido para el aumento de la competitividad y el empleo”.
Más aún, el documento incluía un apartado en el que aseguraba que los peor parados durante la crisis fueron los empresarios, no los asalariados. Concretamente, indicaba que el peso sobre el PIB entre la media de los años 2001 y 2007 y el año 2016 había sido de tres puntos porcentuales en el caso de los beneficios empresariales, mientras que para los salarios había sido de cuatro décimas.
Argumentaba la patronal que la razón de que se piense, por el contrario, que los márgenes empresariales le han ganado terreno a las rentas de los trabajadores durante la crisis es que la medición, que realiza el Instituto Nacional de Estadística trimestralmente, incluye dentro de los beneficios empresariales partidas que no lo son, como el coste de la renovación de los bienes y el capital implicados en el proceso productivo.
Ya en las últimas semanas del año, otras voces del entorno de la CEOE también han avisado de la necesidad de no propiciar crecimientos excesivamente elevados de los salarios. El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, por ejemplo, avisaba a principios de diciembre de la necesidad de vincular las subidas salariales con la productividad para evitar una eventual quiebra de empresas. De no ser así, dijo, “caeremos en un problema de desempleo”.
El último en alzar la voz fue el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), José Luis Feito, que ha asegurado que la subida del SMI en un momento de recuperación económica llevará a más empleo temporal y a tiempo parcial. Según ha dijo, la subida del 8% en 2017 ya fue “contraproducente”, y así será también en el caso de la subida del 4% para 2018.
Así pues, existe todo un frente empresarial dispuesto a aguar la fiesta al Gobierno y a los sindicatos. Para los empresarios, la crisis no ha acabado en muchas empresas que aún no dan beneficios y, como recordó Rosell en Moncloa, “los salarios se suben cuando las empresas van bien”.
