La mañana de ayer no fue una cualquiera para asesores fiscales y abogados. Pese a ser sábado 30 de diciembre, víspera de Nochevieja, el Estado publicó en el BOE casi mil páginas de decisiones adoptadas sobre la bocina con efectos desde el día de mañana. En concreto, 972 páginas, una catarata de normativas que reflejan lo que dio de sí el último Consejo de Ministros del año, en el que se acumularon las medidas de última hora. Hasta 15 decretos y 5 órdenes ministeriales que modifican aspectos relevantes sobre la nueva regulación fiscal para Airbnb y demás plataformas de alquileres turísticos, la posibilidad de que los Tribunales Económico- Administrativos Central impongan costas judiciales a particulares que litigien contra la Administración hasta un nuevo sistema de sanciones en el IVA. Mañana 1 de enero cambiarán todas estas normas, lo que ha aguado el final de año a los departamentos jurídicos y fiscales de las empresas.
«Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, es lamentable», denuncia Esaú Alarcón, jurista y profesor de derecho financiero. Hasta el punto de que la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) estudia impugnar varios reglamentos tributarios publicados ayer ante la Audiencia Nacional, ya que a su entender vulneran la Ley de Procedimiento Administrativo que, como describe Alarcón, «establece que todo reglamento de tipo administrativo tendrá una entrada en vigor diferida de seis meses».
Empresas y asesores piden más certidumbre. Pese a que muchas de las normas conocidas el pasado viernes ya se habían recogido en procesos de información pública, el problema es similar: se publicó todo en los últimos días antes de verano de golpe. Solo Hacienda sacó ayer 190 páginas en el BOE.
Esta maraña normativa cambia las normas de juego para el 1 de enero. Por ejemplo, uno de los decretos fija que las empresas que entren en el Sistema Inmediato de Información (SII) para declarar el IVA en tiempo real tendrán sanciones del 0,5% de la factura si se retrasan. «Un instrumento como el SII pensado para facilitar trabas se convierte así en un arma sancionadora. Todo esto se podría haber aprobado a lo largo del año», critica Alarcón.
Inseguridad jurídica
Cada año, a final del ejercicio se acumulan medidas pendientes, haya Presupuestos o no. Patronal y asesores coinciden en que esta práctica lastra la competitividad de las empresas y el atractivo de España ante los inversores. CEOE denuncia el elevado ritmo de producción normativa, en un observatorio en el que recopila el número de leyes y las páginas publicadas en el BOE. En la patronal aún recuerdan cómo el 30 de septiembre de 2016, Hacienda aceleró la aprobación del alza de la retención en Sociedades a las grandes empresas en el pago de octubre. La norma se publicó de urgencia en una sesión vespertina del BOE a las 21:00 de la noche, de forma que entró en vigor tres horas más tarde.
«Las empresas se enfrentan a un nivel de regulación muy elevado, que genera un marco normativo muy denso y complejo que provoca distorsiones en el mercado y un alto nivel de cargas administrativas», alerta la patronal en dicho observatorio. Pese a que en 2016 el Gobierno estuvo en funciones, publicó 171.905 páginas en el BOE. Al abandonar la interinidad el Ejecutivo, el número de normas ha engordado en 2017.
