De nuevo el tratamiento que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) hace de la labor de la Policía en la ciudad se pone en cuestión, esta vez a propósito de una campaña sobre migración y acogida de personas que huyen de sus países buscando cobijo en ciudades como Zaragoza. Los grupos municipales del PP y Ciudadanos (C’s) pusieron el acento ayer en uno de los carteles que esta semana han empezado a aparecer en las calles de la capital aragonesa, en el que aparece un agente policial, porra en mano, a punto de golpear a una mujer que protesta con un altavoz.
Este fue el desencadenante para que el portavoz conservador en el consistorio, Jorge Azcón, se dirigiera al alcalde Pedro Santisteve para exigirle la retirada inmediata de una campaña que ha sido diseñada por la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS). Y lo hizo tras el minuto de silencio celebrado a las puertas del ayuntamiento para mostrar la repulsa por el asesinato de tres personas en Albalate del Arzobispo, dos de ellos guardias civiles. Sin embargo, el regidor evitó en todo momento mantener un encuentro directo con Azcón, que no pudo transmitirle en persona su petición.
El popular defendió que «no es necesario atacar a la policía para defender ningún derecho» y reivindicó que el consistorio «debería ser el principal impulsor de trasladar la idea de que es la Policía y los Cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado los que velan por esos derechos de los ciudadanos».
«Santisteve, si le queda un mínimo de responsabilidad, que retire esta campaña, por el bien de todos», añadió Azcón, para apostillar que son los concejales de ZeC los que estos días están «incendiando las redes sociales» con sus mensajes. «Que pida a sus concejales que se guarden el dedo», añadió.
Sin embargo, para ZeC las críticas del PP están fuera de lugar y no tienen nada que ver con la realidad. De hecho, su explicación se basaba, según las fuentes oficiales del área de Derechos Sociales, en que esa imagen alude a la «persecución política» que sufren en sus países de origen las persona que migran, por parte de quienes buscan reprimir sus protestas, no porque eso sea lo que se encuentran en su destino, en ciudades como Zaragoza.
Mientras, desde C’s, la concejala Cristina García insistía en que el polémico cartel exhibe «una imagen negativa de la labor que realiza la Policía» y que esas campañas tan necesarias no pueden hacerse a costa de manchar la función del cuerpo policial. «Está tan mal explicada que lleva a la confusión», remarcó, a la vez que pidió también la retirada.
Desde FAS no escondieron su sorpresa con la interpretación del cartel. Según explicaron, con esta imagen pretende mostrar una situación que se produce en varios países, donde la gente se ve obligada a huir por la represión política y policial que sufren por el simple hecho de tener unas ideas políticas contrarias.
Es el caso de Venezuela. Desde las FAS recordaron que el grueso de los refugiados que llegan a Aragón son sirios y venezolanos. «En un estado de derechos quien ejerce la fuerza es la policía y eso es lo que se quería mostrar», explicaron.
Los sindicatos policiales tampoco se mostraron a favor de esta imagen. Desde CSIF exigieron la retirada de este cartel porque «no tiene nada que ver con la realidad que vivimos hoy en día» y lamentaron que el Gobierno «aproveche cualquier excusa, por descabellada que pueda llegar a ser, para transmitir una imagen de las fuerzas de seguridad totalmente ajena a la realidad».
