El Consejo de Ministros acordó ayer liquidar el Diplocat, la agencia exterior catalana sobre la que el independentismo ha sostenido sus planes de proyección internacional a costa del presupuesto público. Cuando el Senado aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, una de sus primeras medidas fue acordar su supresión. Ahora se activa su liquidación, que debe estar resuelta en un plazo de cuatro meses. El Diplocat era una entidad público-privada al servicio de impulsar el proceso independentista en el exterior. Con la aplicación del artículo 155 el Gobierno ya había ordenado el cierre de las embajadas catalanas, salvo la oficina abierta ante la Unión Europea (UE).
En el paquete de decisiones que afectan a la Generalitat también está la supresión de un conjunto de medidas tributarias que fueron puestas en marcha por el ex Gobierno catalán para crear un cuerpo propio de inspección en la Hacienda catalana. Formaban parte de la estrategia dirigida a crear estructuras de Estado y dentro de ese proyecto general, la Hacienda propia era una de las más decisivas para poder sostener la ruptura unilateral con España. En concreto, las medidas ahora suprimidas fueron adoptadas en abril y junio para centralizar el cobro de los impuestos y de las cotizaciones sociales en la Agencia Tributaria catalana. El objetivo era que los catalanes dejasen de ingresar los impuestos en la Agencia española para hacerlo en la independentista.
Mientras el Consejo de Ministros sigue gestionando la intervención de la Generalitat con bisturí, en Moncloa han empezado a movilizarse para replicar a las maniobras independentistas para sembrar dudas sobre los resultados electorales del 21-D. Una campaña que no tiene más base que la de la propaganda, ya que todo el proceso electoral del próximo jueves está controlado por la misma Administración electoral que dirigió los comicios anteriores, de 2015. Es decir, por los funcionarios de la Generalitat de Carles Puigdemont. Los mismos funcionarios, la misma empresa de recuento, y los mismos procedimientos, como se lleva haciendo desde que se aprobó la actual Ley Electoral. El Gobierno está explicando la situación a los corresponsales internacionales para intentar combatir, en la medida de lo posible, las «fake news» y los intentos de influir en la realidad con la manipulación de la información. Esto preocupa al PSOE y a Ciudadanos (Cs), tanto que los dos partidos se han dirigido al Gobierno para analizar la situación ante un problema que ya ha afectado a otros procesos electorales internacionales y que también se dejó notar cuando el referéndum ilegal del 1-0.
En cuanto a la necesidad de partidos nacionales, como PP y Cs, de apoyarse el día electoral en apoderados e interventores venidos desde fuera de Cataluña, es una práctica habitual y que siempre la han utilizado cuando ha habido elecciones autonómicas porque su estructura regional de partido no basta para cubrir las cuatro provincias.
El conflicto de Sijena siguió también ayer sobrevolando el Consejo de Ministros. El portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que no había autorizado el recurso de reposición presentado por los servicios jurídicos de la Generalitat y que pide devolver las 43 piezas de Sijena trasladadas a Aragón por orden judicial. Por aplicación del artículo 155, el ministro ha asumido las funciones del consejero de Cultura de la Generalitat, y por eso ayer ordenó la retirada del recurso de la Administración catalana contra la providencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca. A su juicio, no tiene sentido recurrir la providencia que autorizaba a la Guardia Civil a hacer uso de la fuerza si era necesario para trasladar las obras porque los bienes están ya en Sijena. “No hay que darle más importancia porque los funcionarios recurren casi todas las providencias que les llegan”.
No obstante, Méndez de Vigo aclaró que la sentencia del juez es firme, pero no definitiva, y que, por tanto, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que contará con su apoyo si la Generalitat decide recurrir. “Es una controversia entre dos comunidades autónomas que podía haberse resuelto amistosamente. Se ha resuelto judicialmente, se ha cumplido la sentencia. Pero si los servicios jurídicos de la Generalitat ven necesario recurrir en casación, autorizaré a que recurran en casación y será el Supremo el que decidirá”. Nadie está contento. En Aragón se han revuelto contra el ministro, le acusan de plegarse a los intereses de la Generalitat y a los de partido del PP, e incluso se ha propuesto su reprobación.
