Las asociaciones profesionales denuncian el cierre del Puesto Principal el 1 de diciembre y un «destierro político» sin informes técnicos
La localidad de Roquetas de Mar bate récords de criminalidad en la provincia de Almería con 59 delitos por cada mil habitantes, pero eso no evitará que el próximo 1 de diciembre, en plenas vísperas navideñas, 180 guardias civiles cesen de forma fulminante en ese destino. La decisión de cerrar el Puesto Principal de la Guardia Civil ya es firme, oficial y tiene los plazos marcados en el calendario, después de que la Directora General de la Guardia Civil, Mercedes González, comunicara este 27 de octubre el acta de defunción en una reunión con el General de Zona de Andalucía y el Coronel de Almería. Las asociaciones profesionales de la Benemérita hablan abiertamente de una «expulsión» de la ciudad y de un «sacrificio» ideológico perpetrado por el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Víctor Vega, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), denuncia la absoluta falta de rigor de la maniobra: «No existe una valoración técnica ni un solo informe riguroso que avale que este cambio de cromos va a mejorar la seguridad en las calles, es una decisión puramente política tomada en los despachos de Madrid, de espaldas a la realidad de Roquetas de Mar y pisoteando las necesidades de seguridad de los ciudadanos», apuntó, criticando un plan del Gobierno que no solo desmantela una presencia histórica, sino que introduce un problema grave de efectivos, ya que la Policía Nacional asumirá la competencia el mismo 1 de diciembre pero con un despliegue inicial reducido de apenas 85 agentes frente a los más de 200 prometidos originalmente.
Los datos ocultados por Interior y rescatados por los informes técnicos de la AUGC son demoledores: Roquetas de Mar es el municipio almeriense con mayor tasa de infracciones penales por habitante, superando incluso a Almería capital y duplicando a El Ejido. El Balance de Criminalidad oficial de 2025 situó la tasa del municipio en un récord histórico de 59 delitos por cada 1.000 habitantes (6.618 infracciones penales). Lejos de frenarse, el primer trimestre de 2026 disparó los robos con fuerza un 8% y los hurtos un 13%. Una carga de trabajo titánica que se traduce en más de 12.000 diligencias anuales y un millar de detenciones al año.
Por un lado, el pretexto de Interior se ampara en la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, una norma obsoleta de hace 40 años que otorga los grandes núcleos urbanos a la Policía Nacional. No obstante, el crecimiento de Roquetas de Mar, que ya supera los 112.194 habitantes censados y roza los 115.000 de población real, incrementada fuertemente en periodo estival por el impacto del turismo, ha desbordado cualquier rigidez normativa.
Al roto operativo se le suma el drama humano, porque los agentes y sus familias serán «desahuciados en Navidad debido a la desidia de la Dirección General». Desde la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), David Delgado lamentó que «están dejando literalmente en la calle a muchísimas familias que tienen un arraigo absoluto en el municipio». «Nos obligan a levantar nuestras casas y a marcharnos en plena Navidad, rompiendo de golpe la estabilidad de nuestros hijos en mitad del curso escolar, destrozando de planes de vida y obligando a los compañeros a asumir traslados forzosos o hipotecas imposibles sin el más mínimo miramiento ni sensibilidad humana», reclamó, recordando que «detrás de esos 180 uniformes hay viviendas, cónyuges con empleos locales y menores escolarizados a los que el Gobierno condena a la incertidumbre».
Por ello, las cinco principales asociaciones profesionales del cuerpo, JUCIL, APC, AEGC, IGC y UNIONGC; han firmado una histórica unidad de acción para plantar cara al Ministerio. Las organizaciones reprochan que la propia Directora General de la Guardia Civil haya sido «la primera en capitular y sacrificar la presencia del cuerpo en lugar de defender el fortalecimiento de sus unidades».
Un clamor que cuenta con el respaldo total del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, liderado por Gabriel Amat (PP), y de las plataformas vecinales. Todos defienden que la llegada de la Policía Nacional no debe ser un reemplazo exclusivo, sino una suma de fuerzas a través de una «demarcación compartida», una fórmula de convivencia policial que ya funciona con éxito en otros 25 grandes municipios andaluces, como apuntaron desde el Consistorio. En este sentido, el alcalde roquetero explicó que «no necesitamos un cambio de cromos, necesitamos sumar efectivos». «Desmantelar un puesto con la experiencia de la Guardia Civil para empezar de cero es un error histórico que compromete la tranquilidad de nuestros vecinos», aseveró con dureza Amat, exigiendo al Gobierno central una rectificación inmediata.
