La organización activista convoca una huelga general el 11 de noviembre tras denunciar la «hipocresía» de Óscar López y el entramado inmobiliario millonario de la pareja de la portavoz socialista
El Sindicato de Inquilinas ha endurecido su ofensiva contra las políticas de vivienda del Partido Socialista, poniendo el foco directamente sobre el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y la portavoz del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez. La organización, que en su momento lideró la protesta por el desahucio de Maricarmen -un caso que el propio PSOE instrumentalizó contra el PP forzando un adelanto electoral-, acusa a los dirigentes socialistas de mantener un doble rasero administrativo y empresarial en plena crisis habitacional.
En el caso de Óscar López, el conflicto se centra en un procedimiento de desalojo gestionado por Muface, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que depende orgánicamente de su ministerio. Según la documentación adelantada por Artículo 14, la entidad pública tramitó un desahucio para un inquilino residente en la calle del Alcalde Sainz de Baranda de Madrid, un inmueble ubicado exactamente enfrente de la vivienda de la que fue expulsada Maricarmen. En sus recientes campañas de denuncia, el Sindicato de Inquilinas ha señalado directamente al responsable de la cartera ministerial, difundiendo carteles en los que asegura que el ministro Óscar López «pide el desahucio de un inquilino vecino de Maricarmen«.
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El expediente se remonta al 24 de febrero de 1988, fecha de formalización del contrato original con Muface. Tras el fallecimiento de la titular original el 10 de junio de 2025, su hijo, que residía con ella para proporcionarle cuidados por una grave enfermedad, solicitó la subrogación del contrato. Muface autorizó dicha subrogación, pero estableció como fecha límite de desalojo el 24 de febrero de 2026. Ante la proximidad del vencimiento, el inquilino interpuso un recurso de alzada el 24 de julio de 2025. El Ministerio para la Transformación Digital desestimó el recurso mediante una resolución firmada, por delegación, por su secretario general técnico.
El colectivo activista ha criticado frontalmente al ministro, afirmando que «es una vergüenza» que en su momento denunciara el caso de Maricarmen mientras su ministerio ahora «avala el procedimiento para echar a un vecino de enfrente«. La organización cuestiona las directrices de la administración central: «Para señalar a Ayuso, desahuciar es intolerable. Cuando la responsabilidad llega a vuestro ministerio, ¿basta con cumplir el procedimiento?». Óscar López ha desmentido las acusaciones de forma categórica, tachando el titular de falso, asegurando que ni ha pedido ni ha firmado ningún desahucio y anunciando que exigirá su derecho de rectificación.
De forma paralela, el Sindicato de Inquilinas ha dirigido sus críticas hacia la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, debido a la actividad empresarial de su pareja, Sergi Vélez. Este ejerce como consejero delegado de Nest Capital, un holding leridano con cargos activos en once sociedades que se dedica a los servicios inmobiliarios y de inversión. El sindicato denuncia públicamente la contradicción de la dirigente socialista destacando que, mientras Mínguez «defiende que la vivienda sea un derecho, la empresa de su pareja mantiene al menos 30 viviendas en alquiler«.
A través de la filial Nest Capital Homes, la corporación adquiere edificios, los rehabilita y los destina al alquiler residencial. Según los datos del Registro Mercantil correspondientes al ejercicio 2025, la mercantil acumula activos con un valor contable de 6,3 millones de euros, una cifra que en el mercado sería considerablemente superior. A esto se suma la vinculación con dos sociedades radicadas en Panamá y unas inversiones inmobiliarias tasadas en unos 6,2 millones de euros dentro del grupo familiar empresarial. En su ofensiva en redes sociales, el sindicato ha señalado que «es una vergüenza y nada sorprendente: el PSOE promete combatir el rentismo mientras en sus filas están ganando dinero del negocio inmobiliario, incluso la portavoz que defendió los decretos«.
Las informaciones han provocado una reacción inmediata de la oposición política. Desde el Partido Popular acusan al ministro López de emplear una doble moral, haciendo política dependiendo de la acera de la calle afectada. En la misma línea, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha recriminado al Ejecutivo sostener la pancarta contra los desahucios en horario matutino mientras se firman órdenes de ejecución por la tarde.
Ante la suma de estas revelaciones, el Sindicato de Inquilinas considera agotada la vía institucional con el actual Gobierno. «Para pedirnos el voto, la vivienda es un derecho. Para defender ese negocio, basta con que sea legal«, recrimina la plataforma ciudadana. Como respuesta a lo que consideran una inacción cómplice, la organización ha confirmado la convocatoria inminente de paros, advirtiendo de manera contundente: «Con partidos rentistas la única alternativa es pararlo todo. Este 11 de Noviembre vamos a la Huelga General. Este 11 de Noviembre lo paramos todo«.
