La vivienda concentra ya la mitad de las ayudas económicas de Cáritas en Aragón

Durante el pasado año, su programa de Acogida y Acompañamiento atendió a 11.775 personas y la entidad destinó más de tres millones de euros a ayudas directas para vivienda

Tener un techo se ha convertido en uno de los principales problemas para las personas que recurren a Cáritas en Aragón. En torno a la mitad de las ayudas económicas concedidas por la entidad están relacionadas ya con la vivienda, desde el pago del alquiler hasta los suministros o el equipamiento básico del hogar.

El encarecimiento de la vivienda y de los gastos asociados está obligando a muchas familias vulnerables a priorizar el pago de la casa frente a otras necesidades esenciales. Alquileres, recibos de luz, agua o gas y la adquisición de equipamiento básico absorben así una parte cada vez más importante de los recursos que Cáritas destina directamente a las personas que acompaña.

Durante el pasado año, su programa de Acogida y Acompañamiento atendió a 11.775 personas y la entidad destinó más de tres millones de euros a ayudas directas para vivienda y otros gastos básicos como alimentación, ropa, salud o educación.

CERCA DE 300.000 ARAGONESES EN EXCLUSIÓN

La situación de la vivienda se enmarca además en un escenario de vulnerabilidad que afecta a una parte importante de la Comunidad. Según los datos recogidos por la entidad a partir del último Informe de Exclusión y Desarrollo Social en Aragón, alrededor de 300.000 personas, el 22,9% de la población aragonesa, se encuentran en situación de exclusión social.

Cáritas Aragón destinó durante 2025 un total de 17,4 millones de euros, un 2,31% más que el año anterior, a sus diferentes programas, recursos y proyectos. A través de ellos acompañó a 18.398 personas afectadas por problemas como la insuficiencia de ingresos, el desempleo o la falta de vivienda.

A estas dificultades se añade la situación administrativa irregular de buena parte de quienes llegan a Cáritas. Cerca de la mitad de las personas atendidas durante el último año se encontraba en situación administrativa irregular, una circunstancia que complica todavía más el acceso a un empleo, una vivienda y determinadas prestaciones sociales.