La Fiscalía acordó pruebas médicas en el IMLA para resolver las dudas sobre la edad declarada y dictar los correspondientes decretos de determinación
La Fiscalía tramitó durante el año pasado 69 expedientes para determinar la edad de posibles menores no acompañados en Aragón, una competencia que corresponde al Ministerio Público cuando existen dudas sobre si una persona es menor de edad. Según ha explicado este jueves la Fiscal Superior de Aragón, María Asunción Losada, durante la apertura del año judicial, los fiscales acordaron en estos casos la realización de pruebas médicas en el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) y, a partir de sus resultados, dictaron los correspondientes decretos de determinación de edad. En paralelo, las secciones de Menores de las fiscalías provinciales intervinieron en 874 expedientes de protección durante el pasado ejercicio.
El dato cobra especial relevancia en un momento en el que la edad de los menores migrantes no acompañados se ha convertido en uno de los asuntos de debate político en España y, por ende, en Aragón, donde Vox ha situado especialmente esta cuestión en el centro de su discurso durante los últimos meses. El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, anunció el pasado junio que el Gobierno autonómico pediría a Fiscalía y al IMLA pruebas forenses para aquellos jóvenes acogidos cuya minoría de edad, según el Ejecutivo, no estuviera acreditada de forma fehaciente. En aquel momento, Nolasco cifró en 219 los menores extranjeros no acompañados tutelados en Aragón, 130 de ellos llegados desde octubre dentro del sistema estatal de distribución.
El Gobierno de Aragón ya había hecho público semanas antes un caso en el que las pruebas forenses concluyeron que un joven procedente de Mauritania, que figuraba inicialmente con 13 años, tenía en realidad alrededor de 20. El Ejecutivo autonómico dejó entonces de atenderlo dentro del sistema de protección de menores y Nolasco utilizó ese episodio para reclamar controles de edad en los casos en los que existieran dudas. Se trata, no obstante, de procedimientos cuya resolución corresponde a la Fiscalía, que es la que acuerda las pruebas y dicta posteriormente el decreto de determinación de edad a la vista de los informes médicos y del resto de elementos disponibles.
La cuestión ha seguido presente durante los últimos meses en Aragón, tanto por la llegada de nuevos menores como por la situación de algunos centros de acogida. Los trabajadores y educadores de los centros de menores llevan desde el año pasado reclamando mejoras en sus condiciones laborales y salariales, además de mayor seguridad y un convenio autonómico propio.
El Ejecutivo autonómico ha reclamado en varias ocasiones que se agilicen las comprobaciones cuando existan dudas sobre la edad declarada y en julio llegó a pedir a Fiscalía que acelerara las pruebas de un interno del centro de Movera tras una presunta agresión a una educadora. Al margen de la polémica, los datos expuestos por Losada reflejan la elevada actividad de las secciones de Menores durante 2025, aunque la fiscal superior no ofreció ningún desglose por nacionalidad u origen. Se tramitaron 2.338 diligencias preliminares y 940 expedientes de reforma, 214 de estos últimos por delitos de lesiones.
