Desde el departamento informan de que la norma, que es transitoria, entrará en vigor una vez sea publicada este martes 25 de agosto en el BOA
Las extraescolares volverán a ser razón de debate este curso escolar. El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha informado de la publicación este martes 25 de agosto de una norma que regule las actividades complementarias, extraescolares y salidas educativas fuera del recinto escolar, una orden que era reclamo de la comunidad educativa después de que se conociera la imputación de dos docentes del IES Ítaca de Santa Isabel (Zaragoza) por un presunto delito de homicidio imprudente tras la muerte de un alumno en un viaje escolar a Bélgica. La regulación deja por escrito que la responsabilidad civil es de la administración salvo en casos de dolo, culpa o negligencia grave, cuando pasa a ser del profesor.
Según informan desde Educación, la norma, que entrará en vigor este martes después de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), no define qué es una negligencia grave o de otros niveles y para clarificar dudas se remite al ordenamiento jurídico general. Fundamentan que se trata de una orden transitoria para el curso que está por empezar (26/27) y con ella se marca el paso a una futura definitiva, para la que se requiere un proceso administrativo más largo. La intención de la consejería es empezarlo en 2027.
Por ahora, la orden transitoria establece que el docente tendrá un descanso mínimo de 12 horas después de regresar de una actividad fuera del centro y antes de reincorporarse a su puesto de trabajo, un tiempo que a juicio de organizaciones sindicales como CCOO o UGT apenas supone diferencia a la situación actual. La norma también marca que en todas las salidas deberá haber mínimo dos profesores responsables, y a partir de ahí propone unas ratios orientativas que son «insuficientes» para los sindicatos con representación en mesa sectorial, que aseguran no han tenido acceso a la norma que se publicará este martes.
A partir de ese mínimo de dos profesores, la Administración plantea que en Infantil haya un responsable por cada 15 alumnos, y en Primaria uno por cada 23. En el caso de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (FP), sugieren un docente por cada 30 estudiantes y, en Educación Especial, uno por cada 3. Aclaran que se trata de un criterio «flexible» y que los centros podrán aumentar el número basándose en la valoración individual del alumnado y la complejidad de la actividad.
«La regulación establece una responsabilidad de vigilancia permanente del alumnado durante el desarrollo de las actividades, pero las ratios que establece la Administración no permiten garantizar adecuadamente esa vigilancia en determinadas salidas», critican desde CSIF. A esta visión se suma CGT, que considera «un insulto» la propuesta; CCOO, desde el que creen «inviable» garantizar la protección jurídica del profesorado con este planteamiento y UGT, que también las tilda de «insuficientes» y plantea un mínimo de 3 docentes, uno más de los propuestos por Educación.
Rechazo de los sindicatos
Aunque se mantienen a la espera de su publicación oficial en el BOA, los sindicatos han manifestado su rechazo a los puntos que se han dado a conocer sobre la orden reguladora, que según critica CSIF «no aborda las verdaderas necesidades de los centros» porque quedan pendientes de regular cuestiones que «afectan directamente a las condiciones laborales, la responsabilidad y la dedicación del profesorado que participa voluntariamente en estas actividades». «Simplemente han introducido propuestas lógicas que ya se preveían en los viajes», denuncia CGT, que desliza llevar la norma a los tribunales.
Los sindicatos y la comunidad educativa reclamaron una norma jurídica que regulara las extraescolares en Aragón a raíz del controvertido caso del IES Ítaca. Decenas de centros suspendieron estas actividades y valoraron no retomarlas en el curso que está por empezar si no se producían cambios legales. Después de recoger y entregar firmas, realizar una bicicletada desde este instituto de Santa Isabel e insistir en la necesidad de una orden que ampare legalmente a los profesores en estas salidas del centro, Educación se reunió con las partes para recopilar sus propuestas. Los encuentros comenzaron en junio y en julio la Administración planteó un primer borrador que, como ahora, dejó insatisfechos a los sindicatos. Los motivos, los mismos: aseguran que la orden «en nada modifica el borrador presentado anteriormente en cuanto a la protección del profesorado se refiere». «Es una recopilación de normativas ya publicadas», sostienen desde CCOO.
Desde la federación de asociaciones de padres y madres de Aragón (Fapar) consideran «necesario» que se escuche la voz de los docentes y se tengan en cuenta sus aportaciones y recuerdan que podrán hacerse nuevas aportaciones a lo largo del curso. Valoran que por ahora se inicie la regulación.
Desde la consejería han explicado que la norma reguladora establece como punto de partida que las actividades extraescolares deben estar integradas en la Programación General Anual (PGA) de los centros, contar con la autorización del Consejo Escolar e ir acompañadas de una planificación que valore riesgos y prevea medidas ante incidencias. También ratifica que la participación de alumnos y profesores es voluntaria salvo en el caso de las salidas complementarias, que sí son obligatorias.
CGT opina que estas directrices dejan la responsabilidad en los centros, que «son los que deben elaborar los protocolos de forma específica para cada actividad», y se aleja de lo planteado por los sindicatos. También denuncia, como CSIF, CCOO y UGT, un exceso de burocracia, dado que, según traslada el propio departamento, la orden desarrolla las directrices de gestión de los centros y la documentación para trabajar la planificación y ejecución de estas actividades en ocho anexos.
Crítica a una burocracia excesiva
Mientras Educación defiende que se incluyen modelos documentales para reducir la carga burocrática en los anexos, los sindicatos critican que estas indicaciones suman burocracia sin avanzar en regulación, y UGT lo ejemplifica con que por ahora los puntos conocidos dejan sin compensación económica las actividades con pernocta. Esta organización sindical agradece que se haya dado un primer paso aunque sea «insuficiente» y confía en que durante el curso se desarrolle una normativa definitiva.
Agradecen también que se vaya a recoger una de las aportaciones que hicieron: que la norma se refiera expresamente a la Ley de Autoridad del Profesorado. Desde UGT indican que, al no desgranarse en el marco regulador un listado de posibles situaciones en estas actividades y la adecuada forma de actuar, plantearon que se reconociera que el docente tiene la autoridad para tomar decisiones.
Según trasladan desde la consejería, también se ha recogido la petición de la asociación de equipos directivos de Infantil y Primaria de Aragón de formar en primeros auxilios a los docentes; la demanda de CCOO de que las familias faciliten de forma obligatoria la información personal y sanitaria para garantizar la seguridad del alumno y la idea de STEA de reforzar el protocolo de regreso anticipado por mala conducta y/o causas sobrevenidas.
Pero los sindicatos mantienen férrea su postura de que en lo conocido sobre la norma no hay por ahora novedad y critican que estas cuestiones se abordaran en mesa técnica y no sectorial, lo que les lleva a denunciar una falta de negociación y refutar la defensa del departamento de que la orden se ha elaborado desde el diálogo. «Han elaborado esta normativa de manera unilateral», asevera CGT.
