Un informe policial cifra por primera vez el efecto llamada: miles de inmigrantes han llegado para aprovechar la medida
La Policía Nacional calcula que al menos 400.000 inmigrantes en situación irregular se han acogido a la regularización extraordinaria sin cumplir uno de los principales requisitos que exige el Gobierno: haber vivido en España cinco meses antes del 1 de enero de 2026. Esta cifra, según desvelan fuentes policiales de Extranjería, se explica por el efecto llamada que ha causado esta medida extraordinaria en el resto de Europa, donde, frente a lo que ocurre en nuestro país, las políticas migratorias son mucho más restrictivas. Una situación que ha desencadenado que numerosos inmigrantes irregulares de otros países se hayan desplazado a territorio español para poder obtener papeles.
En febrero, un informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ya alertó de esta situación. Frente a las cifras que manejaba el Ejecutivo, que cifró en 500.000 los irregulares que vivían en España, la Policía estimó el número de potenciales beneficiarios en 1.250.000.
El documento, ignorado por el Ministerio del Interior, advertía del fuerte impacto que estaba teniendo la regularización, a través del uso de las redes e internet, en terceros países y también en la Unión Europea, donde la medida iba a facilitar movimientos migratorios desde diferentes Estados. Más allá de eso, las mafias y mercados negros, aprovechando la coyuntura, estaban facilitando a los futuros solicitantes documentos fraudulentos. Es decir, estaban colando a solicitantes sin cumplir los requisitos.
1,17 millones de solicitudes
Hoy, esa previsión policial, basada también en indicadores como los difundidos por la fundación Funcas —que en enero estimó la población irregular de España en unas 840.000 personas— se ha hecho realidad y la prueba está, según explican las mismas fuentes, en el número final de solicitudes para la regularización, que el Ministerio de Migraciones situó en 1,17 millones a finales de junio. Esta cifra, alejada del pronóstico del Gobierno y próxima al vaticinio de la Comisaría General de Extranjería, confirmaría ese aumento en los flujos migratorios.
«El efecto llamada se estima en un mínimo de 400.000 personas que habrían llegado a España con la finalidad de aprovechar el marco único e irrepetible de la política migratoria española, abierta a la regularización masiva de la gran mayoría de solicitantes», revela un nuevo informe de Extranjería. Estos inmigrantes sin papeles han llegado a España a través de rutas aéreas, terrestres o combinando ambas, explican fuentes expertas.
«Enorme efecto llamada»
La Policía explica que los datos de Funcas sobre el número de irregulares a principios de 2026 (840.000) podrían haberse aproximado a la realidad de no haberse producido «un enorme efecto llamada». De esta forma, el número de beneficiarios también se habría acercado a lo estimado por el Gobierno (500.000), teniendo en cuenta que del total de solicitantes, «un 60-70% podía cumplir razonablemente los requisitos, dejando a un lado a aquellos que no lo hacen por desconocimiento o porque son estafados por las mafias».
«Solo así puede explicarse que el número de peticionarios estimado por el Gobierno, muy bajo pero bastante alineado con la cifra de irregulares totales ofrecida por Funcas, se haya visto en última instancia incrementado en mucho más del doble (1,17 millones)», advierten fuentes de Extranjería. Moncloa se excusa ahora diciendo que cuando estimó el medio millón de regularizaciones ya «barajaba» que fueran más del doble.
El problema en la identificación del fraude
La monitorización de redes sociales, donde la regularización tuvo una gran repercusión internacional, las múltiples investigaciones de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) y las interacciones con policías de otros estados y de países de la Unión Europea esbozaron un marco que cinco meses después «se ha confirmado con los datos», señalan mandos expertos en la materia.
Pese a que la Policía estima en 400.000 los inmigrantes que se habrían colado en regularización con documentos falsos, identificar ese fraude es una tarea que, en la mayoría de los casos, escapa a los agentes. El Ministerio de Migraciones decidió dejar al margen al Cuerpo en funciones clave de la tramitación de los expedientes y externalizó gran parte del proceso.
Malestar de los sindicatos
Oficinas de Extranjería —dependientes del departamento dirigido por Elma Saiz—, Seguridad Social y de Correos se han encargado de recibir las solicitudes y verificar los requisitos, y la UTEX, una oficina centralizada de Migraciones en Vigo, está resolviendo todas las solicitudes. La Policía solo está actuando cuando los funcionarios encargados de verificar la documentación observan algún tipo de anomalía, lo que, a juicio de las fuentes consultadas, reduce la posibilidad de identificar los fraudes. Sobre todo teniendo en cuenta que los inmigrantes pueden presentar incluso tiques para probar que han vivido en el país.
Esta decisión ha creado gran malestar en el Cuerpo. A juicio de los sindicatos policiales, este organigrama «supone una desnaturalización del control administrativo, reduce las garantías en un proceso especialmente sensible e incrementa el riesgo de errores, fraudes o deficiencias en la verificación de identidad y antecedentes». Y, en última instancia, podría permitir que decenas de miles de solicitantes obtuvieran el permiso de trabajo sin cumplir el principal requisito.
