Las tres ventanas de Sánchez para convocar las elecciones: la apresurada, la probable y la letal

El presidente no quiere cerrar ninguna de momento. Los suyos siguen confiando en un milagro, en un giro de guion, en un triple salto mortal… la fe mueve montañas pero, ¿votos?

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes, que aprobó el techo de gasto y los objetivos de estabilidad, al ministro de Hacienda le preguntaron por el calendario que maneja el Gobierno para la aprobación de los Presupuestos de 2027 y su posterior envío al Congreso. Arcadi España contestó manzanas traigo. «Después del verano, ya veremos en qué fecha llevamos el Presupuesto al Consejo de Ministros», se limitó a decir, que es lo mismo que no decir nada.

Ya es sabido que Pedro Sánchez piensa utilizar el proyecto presupuestario como programa electoral. En la Moncloa ya ni se molestan en disimularlo. Pero la falta de concreción con las fechas tiene que ver con que, como los cambios en fútbol, el presidente dispone de tres ventanas para convocar las elecciones en el último curso de la legislatura. Y no quiere cerrar ninguna. Los suyos siguen confiando en un milagro, en un giro de guion, en un triple salto mortal… a saber. Ahora se consuelan con que, en la encuesta de 40db publicada por El País esta semana, el PSOE está en un porcentaje de voto parecido al que tenía en la preelectoral que la misma empresa demoscópica publicó antes de las generales de 2023. Entonces estaba en 28,7 %, ahora en 28 % a secas.

Vayamos a las tres ventanas y los pros y contras para Sánchez y para su partido, que es en ese orden en el que el presidente acostumbra a tomar las decisiones. Primero pensando en él, después lo demás.

Noviembre, la apresurada

Puesto que las elecciones han de convocarse con al menos 54 días de antelación, ello significaría disolver las Cortes casi recién iniciado el curso. Es decir, correr mucho para aprobar los Presupuestos en el Consejo de Ministros del 26 de agosto o en alguno de septiembre y acelerar el debate y votación de las enmiendas a la totalidad en el Congreso. Y en cuanto las cuentas públicas caigan a la lona en el primer asalto parlamentario, llamar a los españoles las urnas.

Sería la manera de distanciar lo más posible las generales de las elecciones autonómicas y municipales del último domingo de mayo, para tranquilidad -relativa- de los candidatos a esos comicios. Con una convocatoria así de precipitada, Sánchez evitaría alargar el desgaste por los casos de corrupción, aunque también tendría menos tiempo para intentar la recuperación -que no remontada-.

Otoño es el escenario preferido por el PNV. Por el contrario, a la extrema izquierda le pillaría en plena reconstrucción, y los 31 escaños de Sumar en 2023 fueron claves para que Sánchez pudiera seguir gobernando (esta vez las encuestas no acercan ese espacio a esa cifra ni de lejos). Aunque ahora el PSOE está aguantando en los sondeos sin hundirse precisamente porque se ha comido a su izquierda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante el acto de la firma del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI)

Pedro Sánchez y su socia, Yolanda Díaz EP

Lo que quiere Junts es más difícil de saber teniendo en cuenta que, esta semana, el barómetro del CIS catalán ha revelado un sorpasso de Aliança Catalana al partido de Carles Puigdemont (entre 36 y 38 escaños frente a entre 23 y 25). Otra clave: si Sánchez convocara en otoño, la campaña podría coincidir con la decisión del Tribunal Constitucional sobre el fugado, que se espera para entonces. Una vez que, el jueves 16 de julio, el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre el encaje de la malversación en la ley de amnistía, que todo apunta a que lo hará a favor de Puigdemont.

Febrero o marzo, la probable

Sánchez lo vendería como un adelanto técnico, de unos pocos meses, y no como una concesión a los cuadros territoriales de su partido, que también lo sería. En el PSOE, más allá de Ferraz, existe un clamor para que las elecciones generales sean antes que las municipales y autonómicas. Los partidarios de esta opción esgrimen que, de la misma manera que Sánchez se benefició en 2023 de los pactos del PP y Vox en comunidades y ayuntamientos, ahora serían los candidatos a las municipales y autonómicas los que rentabilizarían electoralmente una hipotética coalición entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. El líder del PP ya reconoce abiertamente que gobernará con Vox si no puede hacerlo solo.

Ventajas para Sánchez: todo el partido estaría movilizado y remando para las generales, dada la proximidad entre las generales y las elecciones de mayo. Además, el presidente presumiría sin ningún género de duda de haber culminado con éxito el despliegue de los fondos europeos, que terminan el 31 de diciembre de 2026.

Y le daría tiempo a disparar la bala de plata de la plurinacionalidad, que es algo en torno a lo que ha ido dejando miguitas de pan últimamente. El 17 de junio en el Congreso, el presidente instó a la portavoz del PNV a «abordar los problemas de fondo, los conflictos territoriales que tiene nuestro país». El 3 de junio había afirmado en Barcelona, ante los empresarios catalanes: «Por delante nos queda abordar las raíces de este conflicto territorial».

Pero postergar la convocatoria electoral hasta marzo supone también dejar que la lluvia ácida de la corrupción cale hasta los huesos al PSOE. Porque es de prever que habrá más imputaciones, más condenas, más levantamientos de causas bajo secreto de sumario, más registros, más informes de la UCO y de la UDEF y más autos judiciales.

Julio, la letal

Agotar la legislatura es una opción que ya casi nadie dentro ni fuera del PSOE ve factible. Sánchez concurriría a las elecciones después de una previsible debacle electoral en las municipales y autonómicas. Los sondeos pronostican que Adrián Barbón puede perder Asturias, y en la Navarra de María Chivite el PSN está sufriendo mucho por el caso Cerdán. Que solo se salvara Emiliano García-Page sería doblemente humillante para Sánchez.

(Foto de ARCHIVO)
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa (i) y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (d), a su llegada a la XXVIII Conferencia de Presidentes, en Palau de Pedralbes de Barcelona, a 6 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Durante la conferencia se abordarán los 16 puntos de la agenda, ampliada tras la inclusión de las demandas de las Comunidades Autónomas, que contemplan entre otros asuntos la reforma de la financiación autonómica, el control de fronteras, la política migratoria, el acceso a la vivienda, la situación energética y la reforma del Poder Judicial. Por primera vez, los presidentes autonómicos pueden intervenir en las lenguas cooficiales de sus territorios con traducción simultánea.

David Zorrakino / Europa Press
06 JUNIO 2025;PRESIDENTES;CONFERENCIA
06/6/2025

Salvador Illa y Emiliano García-Page Europa Press

Con un poder territorial en el chasis, a ver con qué cara pediría el presidente a su partido un esfuerzo de movilización para las generales, habiendo desoído las peticiones para adelantarlas. Por no hablar de que Sánchez ha perdido todos los superpoderes que desplegó en julio de 2023: a José Luis Rodríguez Zapatero -irrecuperable políticamente para el PSOE-, la ventaja que tenía en el voto femenino y en Cataluña con el PSC y también ha perdido a Andalucía. Allí, hace tres veranos fue capaz de reducir la brecha con el PP a cuatro escaños a pesar de que Juanma Moreno había sacado mayoría absoluta en las autonómicas un año antes.

Sánchez se fue tres días de viaje esta semana, a la cumbre de la OTAN y a la graduación de su hija, y cuando volvió se encontró: a su primer jefe de Gabinete al borde de la imputación (el viernes, efectivamente Juan Manuel Serrano acabó imputado), a Víctor de Aldama declarando por segunda vez en la pieza secreta de la financiación del PSOE, a un empresario del caso hidrocarburos contando al juez que Leire Díez le dijo que actuaba «en nombre de Pedro» y a Zapatero intentando frenar la inspección que le ha abierto Hacienda. Un año más así es inasumible hasta para él, pero la decisión es suya.