CSIF avisa de que el número de expedientes ha superado las previsiones del Gobierno. Las dificultades para resolverlos podrían ocasionar denegaciones masivas por silencio administrativo
La tramitación de las solicitudes de regularización de inmigrantes entra en fase de colapso. CSIF denuncia que tan solo medio centenar de funcionarios de la oficina de Vigo (UTEX) deberán resolver las cerca de 1,2 millones de solicitudes presentadas. Este martes, apenas unas horas antes de que cierre el proceso extraordinario, aún quedan por volcar los datos de 500.000 expedientes de solicitudes para la regularización de migrantes en la plataforma Mercurio -sistema telemático para gestionar los trámites de Extranjería-.
CSIF avisa de que la Unidad de Tramitación de oficina de Expedientes de Extranjería (UTE) y las comisarías, encargadas de tramitar la tarjeta de identidad afrontan una «avalancha de expedientes» que de manera inevitable provocarán un «colapso» en la Administración si no se adoptan medidas urgentes. «Aunque (los 50 funcionarios) cuentan con el apoyo de unos 150 personas de Tragsa/Tragsatec, el visto bueno definitivo ha de darlo un funcionario. Hablamos de verificar el cumplimiento de fechas, controlar la permanencia, cruzar datos y en definitiva resolver el volumen acumulado de expedientes», explica el sindicato.
Ante este escenario, CSIF exige al Gobierno refuerzos inmediatos de personal para evitar el «colapso de todo el procedimiento» ante la avalancha de expedientes que ahora deben ser revisados para determinar si se tiene o no derecho a la regularización.
«El número de expedientes ha superado las previsiones del Gobierno de tal manera que no se ha podido volcar toda la documentación en la plataforma informática ‘Mercurio’, un programa informático de 2022 utilizado para cuestiones de Extranjería en los últimos años. Según datos recabados por CSIF, quedarían por introducir datos de medio millón de personas, lo que probablemente retrasará el proceso de regularización», avisa.
CSIF alerta: «La situación es especialmente preocupante, teniendo en cuenta que el plazo para resolver la solicitud es de tres meses, por lo que podría darse el caso de que se denieguen solicitudes de regularización por silencio administrativo».
Para evitarlo, el sindicato asegura que desde la Secretaría de Estado de Migraciones se ha propuesto a Política Territorial la participación del personal funcionario de las Oficinas de Extranjería en la grabación de solicitudes de regularización. Así, recalca que se han solicitado voluntarios para gestionar fuera del horario de trabajo todos los expedientes que no han podido ser introducidos en la plataforma ‘Mercurio’ (a 10 euros por expediente), aunque precisa que el Ministerio de Hacienda aún no ha dado luz verde al gasto que supondría esta medida extraordinaria, unos 5 millones de euros.
Fallos informáticos en comisarías y plantillas insuficientes
CSIF denuncia, además, que esta situación se trasladará posteriormente a las oficinas de documentación de la Dirección General de Policía, ya que serán las encargadas de emitir las Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE) a aquellos solicitantes que hayan logrado regularizar su situación.
Según subraya, estas oficinas están soportando «continuos fallos a diario de las aplicaciones informáticas» sin que la Administración haya sido capaz de ofrecer una solución definitiva, por lo que considera probable que esta situación se prolongue en pleno periodo estival, cuando las plantillas ya están además bajo mínimos por vacaciones y además soportan una elevada demanda de expedición de DNI, pasaportes y Tarjetas de Identidad de Extranjero.
Por ello, CSIF exige la incorporación inmediata de los 504 funcionarios interinos que la propia Dirección General de la Policía ha solicitado al Gobierno para reforzar estas oficinas, «a pesar de que faltan unos 2.000 efectivos». «La semana pasada, la Dirección General de la Policía había registrado unos 1.800 expedientes, lo que da una idea del volumen de trabajo que se espera hasta llegar al más del millón que se ha registrado», añade.
También exige la resolución definitiva de los problemas informáticos que afectan a las aplicaciones de documentación y la puesta en marcha de un plan extraordinario de refuerzo que garantice tanto la atención a la ciudadanía como unas condiciones de trabajo dignas para el personal que sostiene este servicio esencial.
«Desde CSIF advertimos de que, si esa autorización no se produce de manera inmediata y el personal no se incorpora con la suficiente antelación para recibir la formación necesaria, muchas oficinas de documentación de toda España podrían entrar en una situación de auténtico colapso en los próximos meses», concluye.
