El Ayuntamiento de Zaragoza ha centralizado los trámites de regularización, creando dos filas diferenciadas: una para inmigrantes y otra para el resto de ciudadanos
La imagen a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza era de auténtico caos, con un fila de personas a la espera de acceder al registro municipal para solicitar los documentos exigidos para tramitar la regularización rodeando el propio edificio. Los primeros en llegar lo han hecho sobre las 2 de la mañana y, pasadas las horas, la fila sigue siendo interminable.
La propia alcaldesa, Natalia Chueca, hablaba de «caos» a primera hora de la mañana. Un caos que, decía, lo ha provocado el Gobierno de Pedro Sánchez por la «falta de información». «No es de recibo. El decreto-ley no nos da garantías ni seguridad jurídica a la hora de que un funcionario decida si una familia o una persona es vulnerable», ha asegurado la regidora, que ha cargado contra el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, por no haber informado al consistorio sobre el proceso ni dotarle de personal ni herramientas. «No ha tenido tiempo de llamarme ni de informarme sobre cómo debíamos actuar», ha recalcado Chueca.
Precisamente, es este certificado de vulnerabilidad el que más problemas está ocasionando en el ayuntamiento. Es el más demandado y el más difícil de conseguir, al menos en el corto plazo, puesto que los trabajadores del registro municipal no pueden expedirlo sin poder confirmar previamente que esa persona o familia se encuentra en esa situación y, para eso, deben ser derivados a los servicios sociales, que deben estudiar cada caso.
Dos filas diferenciadas
La semana pasada ya se vieron las primeras filas en la casa consistorial. El Gobierno de Chueca decidió centralizar todo el ‘papeleo’ en el ayuntamiento, de manera que los trámites que hasta ahora también realizaban las juntas de distrito solo se hacen en el consistorio para no saturar los servicios municipales en los barrios. Además, se han creado dos filas distintas, una para los inmigrantes que quieren regularizar su situación y otra para el resto.
«Hay dos filas. Una para todo lo que tiene que ver con el decreto de regularización y otra para el resto, para que aquellos que vienen a hacer un trámite no tengan que estar esperando cinco horas colapsados. Nos parece que es la mejor forma», ha explicado la alcaldesa, que ha asegurado que «las personas que están haciendo fila no se merecen este trato» por parte de Pedro Sánchez. La regidora, que no ha hecho autocrítica sobre la gestión municipal de este proceso, ha insistido en que el presidente está sometiendo «sin aviso previo» a los ayuntamientos y sus servicios, pese a que fue en enero cuando se anunció la regularización y su fecha de inicio.
En la misma línea ha intervenido la concejala de Políticas Sociales, Marián Orós, que ha explicado que la mayoría de las personas están acudiendo al consistorio para solicitar información y el certificado de vulnerabilidad. Sin embargo, según ha señalado, para acreditar esta situación los servicios sociales primero deben valorar que esa persona o familia se encuentra en situación de vulnerabilidad, lo que lleva un tiempo.
«No vamos a emitir informes de vulnerabilidad como churros», ha repetido en varias ocasiones la concejala, que ha insistido en que no tienen información suficiente para hacer las cosas bien y con garantías. «Es necesario tener criterios objetivos para hacer ese informe», ha subrayado tras señalar directamente al delegado del Gobierno. «Mientras está tomándose un café ahí enfrente, cientos de personas están solicitando información para hacer su proceso de regularización», ha declarado tras hablar de «caos», «desastre» y «chapuza integral».
