El Gobierno de España ha aprobado la regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en nuestro país
La puesta en marcha del nuevo proceso de regularización impulsado por el Gobierno de España, aprobado mediante Real Decreto, ha desatado un fuerte malestar en el Ayuntamiento de Zaragoza. La medida, que busca regularizar la situación de 500.000 personas en todo el país, ha comenzado a aplicarse sin que, según el consistorio, se haya producido una comunicación previa ni una planificación coordinada con las administraciones locales.
Desde el área de Políticas Sociales, su consejera Marián Orós ha denunciado que los servicios municipales han tenido que hacer frente de manera inmediata a un aluvión de solicitudes e incertidumbre. «Nos hemos enterado por el BOE y por los medios de comunicación», ha criticado, al tiempo que subrayan la falta de instrucciones claras sobre cómo proceder o qué competencias corresponden a cada administración.
El resultado ha sido un colapso en los servicios que gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza. El teléfono 010 y el Registro General han recibido cientos de consultas en apenas horas, sin que el consistorio zaragozano pudiera ofrecer respuestas concretas a peticiones como el certificado de vulnerabilidad, además del padrón. La consejera del área ha lamentado en este sentido que se esté trasladando la carga de gestión a los ayuntamientos sin recursos adicionales y sin información suficiente para atender a los ciudadanos.
SIN RECURSOS PARA DAR RESPUESTA
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza advierten por ello de que el decreto carece de memoria económica, de previsión de impacto y de criterios claros, especialmente en lo relativo a la determinación de la vulnerabilidad. Además, denuncia que entidades sociales y servicios municipales ya están saturados, lo que dificulta aún más la aplicación de la medida.
Esta presión se suma a una situación ya límite en los recursos de acogida. El albergue municipal roza el 100% de ocupación, pese a que en los últimos meses se han habilitado 130 nuevas plazas. Actualmente hay 185 ocupadas, con un perfil que ha cambiado de forma notable: el 80% son jóvenes migrantes en situación irregular y el 67% de origen africano.
Uno de los principales problemas, según Orós, es la presencia de unas 60 personas diarias con derecho a protección internacional que permanecen en el albergue municipal cuando deberían estar en recursos estatales. El consistorio asegura que el Estado dispone de más de 300 plazas libres en Zaragoza para este fin, lo que permitiría aliviar la presión sobre los servicios locales.
VOX Y ZARAGOZA EN COMÚN TAMBIÉN SE POSICIONAN
Desde Vox, su portavoz municipal, Eva Torres, ha denunciado que «el Ayuntamiento de Zaragoza está colapsado por cientos de personas, extranjeros irregulares que acuden hoy en masa por el decreto de Sánchez», y ha criticado que se estén solicitando informes «que no son competencia del consistorio zaragozano emitirlos». A su juicio, la medida supone «una llamada» a la inmigración irregular y ha advertido de que «este decreto no solo es lesivo para Zaragoza, sino para toda España y supone una guerra contra españoles y zaragozanos.
Por su parte, el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, ha defendido la regularización y ha cuestionado la gestión municipal. «Nos parece una vergüenza que se utilice algo que nos debería alegrar a todos como es la regularización de 500.000 vecinos y vecinas que ya están viviendo y trabajando con nosotros para confrontar difundiendo datos falsos y mentiras«, ha afirmado. Además, ha subrayado que el colapso en la atención «se produce en cualquier procedimiento extraordinario» y ha apuntado a la falta de previsión y recursos por parte del Ayuntamiento.
