El Gobierno de Aragón no va a renovar el convenio con los registradores de la propiedad que permitía ofrecer el servicio presencial de liquidación de impuestos en 25 municipios de la Comunidad. Así lo ha denunciado este martes el PSOE, que ha criticado al Ejecutivo en funciones de Jorge Azcón por “solo salir de su letargo continuo para anunciar recortes y privatización”. Desde la DGA, por contra, argumentan que la medida supondrá un ahorro para las arcas públicas que rondará los 2 millones al año y que los ciudadanos podrán hacer estas gestiones en las oficinas comarcales.
“Azcón vuelve a dar la espalda al medio rural”, ha censurado la diputada socialista María Ariño, quien ha revelado que la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda ha anunciado al Decanato de Registradores de Aragón que no va a renovar el convenio que permite el funcionamiento de las 25 oficinas liquidadoras en distintos puntos de la Comunidad alegando una “reestructuración organizativa y operativa”, por lo que dejarán de prestar este servicio el 30 de junio.
“Eliminan un servicio de cercanía y proximidad, obligando a los vecinos a desplazarse a las capitales provinciales y afectando tanto al empleo local como a la cohesión territorial”, ha afirmado Ariño. La diputada ha asegurado que el PSOE va a “exigir” la renovación del convenio para que las oficinas liquidadoras sigan abiertas en los pueblos a través de un propuesta en las Cortes de Aragón y en las entidades locales.
Ariño ha hecho estas declaraciones en Calamocha, uno de los municipios que se verían afectados por el cierre de las oficinas liquidadoras, que también existen en Albarracín, Alcañiz, Aliaga, Ateca, Barbastro, Belchite, Benabarre, Boltaña, Borja, Calatayud, Caspe, Castellote, Daroca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Híjar, Jaca, La Almunia, Mora de Rubielos, Pina de Ebro, Sabiñánigo, Sariñena, Tamarite de Litera y Tarazona.
“Tenemos a Azcón y el PP hablando mucho sobre la despoblación, pero hecho reales ninguno. Al contrario, lo que hacen es políticas contrarias a lo que necesitamos en el medio rural”, ha concluido la socialista en relación a esta nueva centralización que, de acuerdo con los propios registradores de la propiedad, “no solo aleja el servicio del medio rural sino que no atiende a criterios ni de proporcionalidad ni de calidad”.
De hecho, los socialistas han destacado la satisfacción local por el trabajo que realizan los registradores de propiedad o los informes muy positivos del Ministerio de Hacienda sobre el servicio. El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, ha lamentado que el Gobierno de Jorge Azcón “haga un cambio de modelo tributario” y no haya informado a los municipios afectados.
“La información nos ha llegado a través del Colegio de Registradores”, ha destacado Rando, que ha rechazado este cambio “totalmente centralizador del PP que elimina servicios del medio rural” y que, ha dicho, afecta especialmente a las personas mayores que sufren la brecha digital y no pueden hacer los trámites a través de internet. Así, ha anunciado que el Ayuntamiento de Calamocha enviará un escrito reclamando al Gobierno de Aragón que no cierre estas oficinas.
Por contra, fuentes de la Consejería de Hacienda defienden que “cuando este Gobierno llegó en agosto de 2023 ya estaba previsto por el anterior Ejecutivo socialista suprimir las oficinas liquidadoras”. “Esta decisión -añaden- implicaba que la DGA asumiera el trabajo que hacían las oficinas y que se sustentaba en un ahorro significativo para el contribuyente. Para amortiguar la decisión se acordó con los registradores dar un plazo de dos años que acababa en diciembre de 2025”.
“Llegada esa fecha, y como siempre se ha mantenido un canal de comunicación abierto con ellos, se acordó conceder una prórroga por lo que el plazo se amplío al próximo 30 de junio. Será entonces cuando el Gobierno de Aragón asuma el trabajo y, por consiguiente, un ahorro significativo para los aragoneses”, concluyen desde el Pignatelli, donde esgrimen que el servicio se seguirá prestando en las oficinas comarcales.
