En el mejor de los casos, el dinero llegará antes de que acabe el año, lo que deja a las empresas un escaso margen de medio año para realizar las inversiones
Las empresas elegidas para sacar adelante los grandes proyectos estratégicos de los fondos UE Next Generation se plantean en estas semanas si seguir adelante ante el atasco de la administración pública con los desembolsos y los ajustados tiempos que se manejan. Son los denominados «PERTEs«, proyectos millonarios orientados al fortalecimiento de la industria agroalimentaria (PERTE Agro), el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado (PERTE VEC), o el aumento del peso de las energías renovables (Perte de Descarbonización).
Según informan a Vozpópuli fuentes conocedoras de la situación, no es que las inversiones vayan retrasadas, es que todavía no han arrancado porque la mayor parte de los adjudicatarios de estos proyectos, que dependen del Ministerio de Industria, «no han visto ni un euro». Las empresas calculan que, en el mejor de los casos, les llegará antes de que acabe el año, lo que les un escaso margen para realizar las inversiones comprometidas a tiempo y les lleva a replantearse su futuro. Algunas, de hecho, ya han rechazado, según las mismas fuentes.
Sobre este asunto, Noelia Escobar, vicepresidenta de la Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+i (AFIDI), confirma a este periódico que «el proceso de evaluación en algunas de las convocatorias de los PERTEs del Ministerio de Industria hasta llegar a la resolución de concesión en muchos casos se está alargando más de diez meses, lo cual está motivado numerosos perjuicios para las entidades beneficiarias, especialmente en la capacidad real de ejecutar el proyecto en tiempo».
Escobar también explica que «hasta que no se cuenta con esta concesión, no les realiza el pago de la ayuda y la gran mayoría no puede iniciar las inversiones comprometidas». En este sentido, considera que la demora en las convocatorias actualmente pendientes de resolución de concesión es «especialmente grave» teniendo en cuenta que en el plazo máximo de ejecución de estas convocatorias es el 30 de junio del 2026. Eso sitúa a un gran número de proyectos en unos escenarios de ejecución de unos seis a siete meses máximo.
El PERTE Agro II cerró el plazo de solicitudes en octubre de 2024, hace ya casi un año; y la resolución definitiva llegó el pasado mes de mayo, a un año y un mes de que finalice el plazo de ejecución. Desde entonces, hace casi cinco meses, las empresas esperan que se autorice el pago para arrancar. Algo similar ocurre con la tercera convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, donde el 80% de los proyectos todavía se encuentran a la espera de resolución de concesión con junio de 2026 como plazo final de ejecución.
En el caso del PERTE de Descarbonización, el plazo es aún más limitado porque las convocatorias permiten inversiones hasta el 31 de marzo de 2026, aunque se dejó abierta la puerta a una prórroga hasta el 30 de junio de 2026. Fuentes empresariales informan de que el Ministerio de Industria han transmitido en varias ocasiones la expectativa de una ampliación de plazo negociada con la Comisión Europea, pero lamentan que «no existe comunicación oficial ni resolución publicada, lo que genera incertidumbre y dificulta la planificación de los proyectos».
También hay un retraso notable en el PERTE de Economía Circular o PERTE del Plástico, que gestiona la Fundación Biodiversidad. La convocatoria, de casi 100 millones de euros, se cerró también en octubre de 2024 y aún no cuenta con las resoluciones provisionales, aunque en este caso el plazo de ejecución finaliza en octubre de 2027.
La pérdida definitiva de los fondos UE
Estos proyectos están ligados a la parte de transferencias de los fondos UE, cerca de 80.000 millones de euros. Hasta ahora España ha recibido 55.000 millones, por lo que tiene aún un 27% pendiente de solicitar a la Comisión Europea, 25.000 millones, antes de agosto de 2026, fecha también tallada en piedra. Al país se le asignaron también otros 83.000 millones de euros en préstamos europeos con condiciones ventajosas para ofrecer a las empresas, algo que el Gobierno asume que se perderá casi por completo.
El PERTE que más fondos asignados tenía por esta vía es el de semiconductores, el denominado PERTE Chip. Recientemente, el pasado 30 de septiembre, se cerró la segunda convocatoria tras los remanentes generados en la primera. Los proyectos subvencionables deben contar con un presupuesto mínimo de 500.000 euros y también deben ejecutarse antes del 30 de junio de 2026. A falta de conocer el detalle de la resolución, fuentes conocedoras auguran que no se cubrirá más del 40% del presupuesto.
Pese a liderar estos fondos UE en inicio tanto en cantidad como en agilidad, España ha demostrado tener claras dificultades para sacar adelante las reformas e inversiones comprometidas a cambio y, por tanto, acumula retrasos también en las peticiones de dinero a la Comisión Europea. Como solución, Bruselas abrió la puerta la pasada primavera a modificar los Planes de los países para simplificarlos y facilitar el cumplimiento de hitos y objetivos. Esto es algo que España ya venía haciendo, con adendas constantes al Plan inicial.
Lo novedoso es que la Comisión también permitirá a los Estados miembros el intercambio de algunos hitos y objetivos previstos para préstamos por otros de subvenciones, con el objetivo captar todo el dinero a fondo perdido, los 25.000 millones pendientes en el caso de España. El reto que tiene el Gobierno ahora es que las empresas no cuenten con incentivos para ejecutar las inversiones y decidan retirarse de los grandes proyectos estratégicos, lo que dificultaría en mayor medida el cumplimiento de los hitos y la captación de todos los fondos UE.
Otras facilidades ofrecidas por Bruselas para minimizar la pérdida de fondos UE son el traslado de dinero a los programas de Defensa o la reducción del número de desembolsos agrupando varios en las siguientes solicitudes. Lo que las fuentes consultadas por este periódico asumen que no cambiará es la fecha para la finalización de los proyectos y para la recepción del dinero comunitario. En este sentido, el tiempo apremia, y el Gobierno debe actuar rápidamente para no empeorar lo que algunos ya califican de «fracaso«.
