«El silencio y la inacción de la Iglesia pueden llevar a una ruptura sin precedentes con los fieles»
El Valle de los Caídos, compuesto por una basílica y la cruz cristiana más grande del mundo, construidas durante el franquismo, será resignificado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y pasará a llamarse Valle de Cualgamuros por la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y en un intento de desligar la construcción del legado de la dictadura. Los primeros pasos ya se dieron en 2019 cuando se realizó la exhumación del cuerpo del dictador Francisco Franco de la basílica.
Esta labor de «resignificación» costará entorno a 30 millones de euros: 4 serán para el concurso de ideas y la redacción del proyecto y 26 millones para toda la resignificación, la museografía y la construcción del museo o centro de interpretación, que estará ubicado en la explanada de acceso a la basílica, según han informado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se insiste en que el proyecto quiere dar al Valle «una nueva mirada que se ancle en los principios y valores constitucionales».
Este proyecto se encara con un profundo rechazo desde los sectores católicos más conservadores, especialmente después de que la propia Iglesia haya dado su visto bueno a este proyecto después de que el Gobierno negociara tanto con el Vaticano como con el Arzobispado de Madrid.
El Ejecutivo ha llegado a este acuerdo con la Iglesia porque «no se pueden tomar decisiones unilaterales sobre lugares de culto»: «Era la única alternativa», aseguran desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Ante las protestas por la «cesión» de la Iglesia, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha asegurado que lo que han hecho es «defender los espacios religiosos que ahí había en el proyecto que ellos (el Gobierno) tienen», insistiendo en que se trata de una iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
De hecho, la Archidiócesis de Madrid ha asegurado que «hasta la fecha, lo único definitivamente acordado ha sido la permanencia de la comunidad benedictina y la no desacralización de la Basílica, así como el respeto a todos los elementos religiosos situados fuera de la misma», uno de los grandes puntos de conflicto con los fieles. Precisamente, no desacralizarlo le ha costado al sector del PSOE en el Gobierno una crítica de sus socios de Sumar: «No estamos contentos con el proceso de resignificación y nos parece preocupante que ese lugar no sea desacralizado«, aseguran.
«Lo siguiente será la Almudena o la Sagrada Familia»
El Instituto de Política Social (IPSE) ha lanzado un llamamiento a la Conferencia Episcopal Española y, en particular, a su presidente y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, para que se «mantenga firme en la defensa del Valle de los Caídos y su condición de Basílica Pontificia», a quien han instado incluso a una «reunión urgente».
El IPSE cree que «el silencio y la inacción de la Iglesia pueden llevar a una ruptura sin precedentes con los fieles«, pues considera que el «Valle de los Caídos, que alberga la Cruz más grande del mundo, no es solo un monumento, sino un símbolo de la Catolicidad de España y de la Cristiandad en el mundo» y que la intención del Gobierno es «desacralizar el recinto, eliminando su carácter religioso y convirtiéndolo en un mero centro de memoria histórica politizado«.
En este sentido, ha llegado a plantear que «si la Iglesia no defiende su propia identidad y deja que la Basílica Pontificia sea desacralizada, los católicos responderán con un golpe financiero: se acabó la financiación de una Iglesia que no defiende la Fe», tal y como ha sentenciado Pablo Hertfelder García-Conde, presidente del IPSE. «La Iglesia tiene que dejar de ceder ante la presión política», asegura, añadiendo que «si permiten que se desacralice el Valle, lo siguiente será la Catedral de la Almudena, la Sagrada Familia«.
Abogados Cristianos pide pararlo
Por otro lado, en el sector más conservador, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Además, ha solicitado medidas cautelarísimas para paralizar esta orden de forma inminente hasta que se resuelva el recurso, según ha informado la fundación, este jueves, en un comunicado.
Abogados Cristianos considera que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana no tiene competencias para llevar a cabo la resignificación y afirma que el acuerdo «vulnera de forma flagrante las competencias municipales».
En este sentido, defiende que «la competencia para la resignificación es del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, municipio donde se encuentra el Valle de los caídos o Valle de Cuelgamuros». Además, la organización de juristas asegura que «la resignificación de la cruz implicaría la pérdida del status quo de un bien patrimonial único e irremplazable»
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha señalado que «el Gobierno ha puesto en marcha la resignificación del Valle para distraer la atención de sus múltiples casos de corrupción». «Es capaz de gastar 30 millones de euros de todos los españoles, arrogarse competencias que no tiene e incluso acabar con la Cruz más grande del mundo, todo para seguir en el poder», ha denunciado
