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Ignacio Sancho y Concepción Ureste serán los nuevos presidentes de las Salas Primera y Cuarta del Supremo
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado a Begoña Aramendía como presidenta del Tribunal Militar Central, convirtiéndose en la primera mujer al frente de este órgano con jurisdicción en todo el territorio nacional.
Este nombramiento forma parte del acuerdo entre los vocales progresistas y conservadores del CGPJ, que incluye 40 designaciones judiciales. En la última sesión, el magistrado Ignacio Sancho fue elegido presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, mientras que la magistrada Concepción Ureste presidirá la Sala de lo Social.
Además, el CGPJ designó a Juan Manuel Fernández como presidente de la Audiencia Nacional, a Alfonso Guevara como presidente de la Sala de lo Penal y a Manuela Fernández como presidenta de la Sala de Apelaciones.
Trayectoria de Begoña Aramendía
Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, Aramendía ingresó en 1989 en el Cuerpo Jurídico Militar tras superar una oposición, realizando su formación en la Academia General del Aire.
En agosto de 2021, ascendió a general auditor y fue nombrada jefa de la Asesoría Jurídica del Ejército de Tierra, cargo que desempeñaba hasta la actualidad. Ha trabajado en el asesoramiento jurídico tanto en la Armada como en el Ejército de Tierra y ha ejercido como fiscal togada, desempeñándose durante 12 años en la Fiscalía Togada de la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
También cuenta con experiencia docente en la Escuela Naval Militar y en la Escuela Militar de Estudios Jurídicos. Además, ha sido consejera técnica en el Ministerio de Defensa y ha participado en misiones internacionales en Kosovo, Afganistán, Bosnia y Herzegovina, y Líbano.
Escuela Judicial
Por otro lado, el CGPJ ha aprobado la convocatoria pública para cubrir las direcciones de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial (Cendoj). Será la primera vez que estos cargos se designen mediante un proceso abierto, en cumplimiento de la política de transparencia del órgano de gobierno de los jueces.