El objetivo de los emisarios socialistas es desacreditar a la UCO e implicar a Ayuso y a las «cloacas del Estado»
Miembros del PSOE han contactado, a través de intermediarios, con empresarios investigados en la trama de los hidrocarburos, un caso en el que se investiga una «trama mil millonaria» de compraventa de petróleo que excede el presunto fraude de 182,5 millones de euros. Esta red criminal, que también está vinculada al caso Koldo, en el que se investigan supuestos pagos ilícitos a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez por la venta de material sanitario durante la pandemia provocada por el Covid, está siendo analizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el entorno del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría transmitido a uno de los empresarios imputados que si cooperan y ayudan a desacreditar a los agentes de la UCO, podrían lograr una rebaja en su pena a través de la Fiscalía.
Fuentes cercanas a la investigación han revelado que en este intento de manipulación de las investigaciones, los miembros del PSOE buscarían también involucrar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sugiriendo que las pesquisas estarían siendo impulsadas por unas supuestas «cloacas del Estado». De esta forma, el objetivo sería desviar la atención sobre la corrupción que afecta al PSOE y sembrar dudas sobre la imparcialidad de los cuerpos de seguridad que investigan la trama.
Inicio del ‘caso Koldo’
A finales de 2020, un informante infiltrado en la red de los hidrocarburos dio el primer aviso a la UCO sobre los presuntos cobros de comisiones por parte del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El confidente alertó al capitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, sobre las actividades sospechosas de Koldo García Izaguirre, asesor de Ábalos, lo que llevó a la apertura de una investigación más profunda. Según las fuentes consultadas, este fue el punto de partida para descubrir una serie de irregularidades que implicaban a varios miembros del Gobierno, algunos de los cuales habrían estado recibiendo dinero a cambio de favores y contratos públicos.
La investigación también reveló que Víctor de Aldama, un comisionista que había trabajado en nombre de varios políticos del PSOE, estaba involucrado en una red de sobornos y financiación ilegal. De acuerdo con la declaración del propio Aldama ante el juez, varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez habrían recibido pagos en efectivo y favores a cambio de su apoyo en diferentes negociaciones. Uno de los implicados directamente sería Santos Cerdán, señalado por Aldama como parte de la trama que gestionaba estos pagos ilícitos.
A raíz de estas revelaciones, miembros del PSOE habrían iniciado contactos con algunos de los empresarios de la trama para ofrecerles una reducción de pena a cambio de su colaboración en desacreditar a los agentes de la UCO. De acuerdo con la estrategia planteada, estos empresarios tendrían que proporcionar testimonios que cuestionaran la imparcialidad y objetividad de los investigadores, con el fin de frenar las investigaciones, debilitar la credibilidad de las pruebas obtenidas y, en último término, anular la causa. Una estrategia que ya intentó el propio José Luis Ábalos cuando anunció una querella contra la UCO por, presuntamente, interceptar sus comunicaciones pese a estar aforado. Un extremo que desestimó el propio Tribunal Supremo por considerar que su investigación no se basa en meras sospechas, sino en «indicios bastantes» sobre su pertenencia a una «organización criminal» que se infiltró en el Gobierno socialista.
Vincular a Isabel Díaz Ayuso
Se trata de una estrategia dual en dos fases. Primero, desviar la atención mediática y política sobre las tramas que involucran a miembros del partido y crear una narrativa que sugiera que las investigaciones en curso no son producto de un trabajo legítimo de la UCO, sino de una supuesta conspiración interna con fines políticos, involucrando incluso a figuras del PP, como Isabel Díaz Ayuso. Y sobre esa base, anular el procedimiento judicial amparándose en la táctica de los errores procesales que pudieran invalidar la investigación.
Uno de los puntos clave en esta estrategia sería señalar a Juan Vicente Bonilla, exjefe de Fuentes Humanas de la UCO y responsable de gestionar la información proporcionada por los colaboradores de la Guardia Civil. Según las fuentes, Bonilla estaba entonces integrado en la Unidad Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción (UAFAC) y abandonó la Guardia Civil en 2023. Actualmente, ocupa el cargo de gerente de seguridad corporativa en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Esta vinculación, según las mismas fuentes, podría ser utilizada para cuestionar su objetividad y sugerir que su trabajo anterior en la UCO estuvo condicionado por intereses fuera del ámbito judicial.
Es importante señalar que un número creciente de empresas públicas y privadas, especialmente aquellas vinculadas a sectores de seguridad y gestión pública, recurren a exagentes de la Benemérita y de la Policía Nacional para ocupar puestos en áreas relacionadas con la seguridad corporativa, debido a la experiencia que estos profesionales aportan.
Investigaciones de la UCO al PP
Hay que destacar también que las principales investigaciones de la UCO han afectado principalmente al Partido Popular. Ejemplo de ello son el Caso Púnica que afectó al PP de la Comunidad de Madrid, en el que fueron detenidos varios exdirigentes populares como Francisco Granados; el Caso Lezo, en el que la UCO también ha investigado a miembros del PP debido a su vinculación con los contratos y la gestión del agua en la Comunidad de Madrid; en esta causa fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; el Caso Erial, por el que ha sido condenado –aunque no en sentencia firme– el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo durante el Gobierno de José María Aznar, Eduardo Zaplana; o el caso Acuamed, en el que la UCO investigó una presunta trama de corrupción en torno a la empresa pública.
La investigación de los casos de corrupción que afectan ahora al PSOE los está liderando la UCO debido a la inacción de la UDEF. Y es que tal y como adelantó este periódico, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que era un referente en la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción, ha dejado de investigar tras la llegada del comisario Fernando Alonso, que fue nombrado para dicho cargo por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.