La mutualidad trabaja en una nueva licitación después de que las tres aseguradoras no renovaran el convenio para 2025-2026
Más de 32.000 funcionarios públicos aragoneses están en el aire desde que este martes se quedara desierto el convenio de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), que presta atención sanitaria a los funcionarios públicos. Las tres aseguradoras que hasta ahora se encargaban de gestionar la prestación de la atención sanitaria a los funcionarios -DKV, Adeslas y Asisa- no se han presentado a la renovación del convenio para 2025-2026 por la insuficiencia de la propuesta económica. Desde el ministerio de Función Pública explican que ahora se trabaja en una nueva licitación en la que, en principio, habrá una mejora económica.
Por el momento, la única información que han recibido los funcionarios públicos de Aragón es la que se ha publicado en los medios de comunicación. Por eso, indica Marisa, profesora de un instituto en la capital aragonesa, se mantienen «a la expectativa» de lo que pueda pasar. Asegurada con Asisa, afirma no estar «muy preocupada». «Si no se hace nada, saldremos todos (funcionarios, Salud y aseguradoras) perdiendo, así que creo que acabarán arreglándose entre ellos. No queda más remedio», indica.
Así, todavía no pasa por sus planes cambiarse a la seguridad social. Según relata, en el caso de que se terminara el modelo de Muface valoraría la opción de «pagar determinados especialistas» como, por ejemplo, el oculista. «Me he operado de la vista recientemente con él», comenta para señalar que es él quien conoce su historial médico ocular y su historia.
La profesora considera que, como ella, muchos de los mutualistas jubilados que continúan con sus aseguradoras. «En Muface hay mucha gente mayor. Para ellos, dejar al médico con el que llevas 20 años puede ser un poco traumático«, sostiene Marisa.
Una idea que comparte Manuel Abad, funcionario aragonés de Aemet que está asegurado con Adeslas y que plantea otras cuestiones respecto a los retirados del mercado laboral. «Cuando eres funcionario y estás jubilado, te hacen el mismo descuento en la farmacia que cuando estabas en activo. Sin embargo, cuando lo haces a raíz de la seguridad social es al revés. Al estar jubilado, el descuento es mayor», apunta.
La crisis de Muface ha hecho que a Abad le asalten las dudas sobre su futuro: «¿Quién va a tramitar las bajas que hasta ahora gestionaba Muface?»; «¿Qué pasa con nuestro historial clínico?»; «¿Y con alguien que tenga un tratamiento en proceso?»; «Si acaba Muface, ¿me van a seguir descontando esa cuantía del salario?»… Pero todavía no se conoce la respuesta para ninguna de ellas.
Lo que le inquieta principalmente es la entrada de todos los funcionarios públicos españoles en un sistema sanitario que «ya está saturado». «Me preocupa si de pronto entramos en la sanidad pública más de un millón de personas», afirma. Y es que, en total, la cifra de mutualistas españoles es de 1,5 millones de personas.
Con el objetivo de tranquilidad, Muface y el Gobierno lanzaron este jueves un mensaje de tranquilidad para los sindicatos y funcionarios. Así, la directora de la mutualidad, Myryam Pallarés, y la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, comunicaron tras reunirse con los sindicatos que hay «mecanismos» que garantizan mantener la prestación de servicios mientras esté en marcha la nueva licitación, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Es decir, que los mutualistas podrán continuar con sus aseguradoras hasta que se apruebe una nueva licitación.
