El titular del Juzgado de instrucción número 41, Juan Carlos Peinado, ha rectificado y ha admitido parcialmente el recurso interpuesto por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para explicar por qué la investiga antes de que este viernes acuda a declarar al juzgado como imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. «Debe excluirse del objeto de la presente investigación, los hechos relativos a los contratos adjudicados a la UTE, constituida por las empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley, por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos, que no son todos los adjudicados».
En un nuevo escrito con fecha de este 1 de julio, al que ha tenido acceso El Independiente, el magistrado da un paso atrás y accede a esclarecer qué ha dejado en el análisis de su juzgado una vez ha entregado a la Fiscalía Europea parte del procedimiento. La defensa de Gómez se había quejado porque la decisión de Peinado no se explicaba y, una vez la Audiencia Provincial de Madrid no dio pábulo a algunos hechos de la denuncia inicial como todo lo relativo a Globalia y el rescate de Air Europa, no entendía qué estaba todavía bajo investigación en la jurisdicción española.
Peinado indica que ha enviado a la Fiscalía con sede en Luxemburgo «sólo una parte» de los contratos que al empresario Juan Carlos Barrabés le fueron adjudicados por parte de Red.es (empresa que depende del Ministerio de Transformación Digital) tras recibir dos cartas de recomendación de Begoña Gómez. «No todos de esos contratos han sido financiados con fodos europeos, que es lo que ha dado lugar a que este órgano judicial accediera a la avocación solicitada por la Fiscalía Europea», expone el juez, si bien no detalla a qué contratos se refiere.
Además de esos documentos que dieron lugar a la apertura del procedimiento el 29 de mayo de 2024, el magistrado explica que el 6 de junio recibió una ampliación de la denuncia inicial de Manos Limpias interpuesta por la Asociación Hazteoir.org en la que se añadían más elementos como el software que Gómez puso a su nombre bajo la marca Transforma TSC o el papel de la esposa del presidente como co-directora del Máster en Fundraising público y privado para organizaciones sin ánimo de lucro en la Universidad Complutense de Madrid.
Peinado deja así por escrito su intención de «concretar que los hechos objeto de investigación, son todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo por la investigada, desde que su esposo es Presidente del gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial, con exclusión de los hechos relativos a los contratos adjudicados a la UTE, constituida por las empresas Innova Nexts y Escuela de Negocios The Valley, por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos». Aunque afea al abogado que le haya pedido esta aclaración cuando él no tiene por qué hacerlo hasta que Gómez acuda a declarar.
«No debe olvidarse que el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, citado por el letrado de la defensa, en el punto 17 de su escrito de recurso, en su párrafo primero establece que «en la primera comparecencia el juez informará al investigado, en la forma más comprensible, de los hechos que se le imputan», le dice el togado.
Así las cosas y si nada cambia, Gómez tendrá que acudir a la cita con el magistrado el viernes a las 12 de la mañana y una hora más tarde lo hará el rector de la Universidad Complutense de Madrid.
