El sindicato de funcionarios presenta un informe en el juzgado y transformará la denuncia en querella contra Begoña Gómez, pero no denuncia de momento al presidente del Gobierno
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El sindicato Manos Limpias, que ha denunciado a la esposa de Pedro Sánchez en un juzgado de Madrid por un posible delito de tráfico de influencias, ha presentado hoy un último informe jurídico ante el juez con el objetivo de ampliar esa denuncia. El documento, aseguran, sitúa al presidente del Gobierno como “conocedor” y como “cómplice y cooperador necesario de los negocios de su esposa” en relación con el grupo Globalia, que recibió ayudas millonarias durante la pandemia. Sin embargo, se han amparado en el secreto de las investigaciones para no darlo a conocer.
Según ha explicado Miguel Bernad, el secretario general de la organización, este documento jurídico “da base probatoria irrefutable” a la denuncia contra la esposa del presidente, que ahora transformarán en querella únicamente contra Gómez, no contra Sánchez, advierte. Sin embargo, no descartan que en el futuro se amplíe la querella a otras personas, como los empresarios Carlos Barrabés, Víctor de Aldama y Javier Hidalgo, con los que Gómez ha mantenido contactos y relación, señalan. Tal como adelantaba LA RAZÓN, una de las últimas diligencias que habían solicitado era el análisis de todos los teléfonos de la esposa del presidente.
Al ser preguntado sobre la solidez de los antecedentes y las fuentes que ha utilizado, ha asegurado que en el documento se incluyen referencias a boletines oficiales, pantallazos, y documentos mercantiles. “Seríamos unos insensatos si presentáramos a su señoría un informe basado en conjeturas”, advierte Bernad. Para él, este documento cuenta con la “legalidad más absoluta” y lo calificó como un informe jurídico “serio” y “contundente” con “base sólida” que va a dar un impulso al procedimiento.
En una rueda de prensa celebrada este mediodía, ha reiterado que el procedimiento está bajo secreto de sumario y esto le impide ofrecer más detalles sobre el mismo. “De ninguna manera vamos a filtrar algo que se vuelve contra nosotros”, aseguró a la vez que reafirmaba que no se arriesgarán a que el juez les “llame la atención” porque es un tema “muy delicado”.
El secretario general de Manos Limpias ha explicado que con el informe han aportado pruebas que presentan a Pedro Sánchez como “encubridor y cooperador necesario de los negocios de Begoña Gómez” y planteó un paralelismo entre su situación y la de otros casos en los que se han visto involucrado parejas de las esferas políticas, como el caso de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina o el de Marta Ferrusola y Jordi Pujol.
De momento, Begoña Gómez no está citada a declarar y consideran que esto se podría producir más adelante. Para Bernad, es algo positivo que el juez “esté dando pasos prudentes y sensatos”. Aunque en estos momentos descartó que presenten ni denuncia ni querella contra el jefe del Ejecutivo, en caso de que en el futuro esta posibilidad se concrete, el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid tendría que enviar la causa a la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), dada la condición de aforado del presidente del Gobierno. Pero esto solo ocurriría en el caso de que presentaran una querella y si el juez ve indicios de delito contra Sánchez, algo que no ha ocurrido.
Bernad aseguró que no han recibido ningún ofrecimiento de dinero por parte de ninguna autoridad para retirar la denuncia, pero sí aseguró que han recibido numerosas llamadas con insultos e incluso con amenazas de muerte de números ocultos, unas actuaciones de las que han recopilado datos y pantallazos para presentar una denuncia próximamente.
Irregularidades con Globalia
Por su parte, Francisco Cordero, jefe de investigación del sindicato, reiteró que el informe que han presentado esta mañana ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid es demoledor y que se centra en las ayudas millonarias que recibió Globalia, y lo calificó como un “punto de inflexión” en esta investigación.
El foco está puesto, según explicó, en la aprobación por parte del Consejo de Ministros de dos ayudas al grupo propietario de Air Europa sin que conste que Pedro Sánchez se haya inhibido. Las ayudas fueron por importe de 475 y 320 millones de euros, esta última, a través del grupo Ávoris.
La concesión de estos fondos se produjo en el marco de la pandemia de coronavirus que afectó a España en 2020 y está plagada de irregularidades, según los denunciantes. Por una parte, no cumplían con los requisitos que se estableció desde el órgano independiente que trabajaba con la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) para conceder esos créditos.
De los 74 peticionarios que se registraron, se descartaron 44 y solo 30 tuvieron acceso a esos fondos que, según ha especificado Cordero, no eran de origen europeo, sino nacionales. Globalia lidera el ranking por montante de las ayudas recibidas, a pesar de tener una deuda con Hacienda de 55 millones de euros, algo que le inhabilitaba para acceder a las mismas, según subrayaron Bernad y Cordero.
Además, los expedientes que se abrieron para conceder estas ayudas se declararon reservados y ni siquiera los auditores de las empresas beneficiarias podían hablar de los mismos y estaban obligados a guardar secreto.
Por otra parte, explican que desde la Comisión Europea se obligaba a informar de las empresas a las que se concedieran ayudas con fondos públicos por importe superior a 250 millones de euros. Entonces se optó, según indican los denunciantes en este último informe al Juzgado, por dividir las ayudas con el fin de “saltarse los controles” establecidos desde Europa.
Sobre las fuentes de estas informaciones, algunas de las cuales han aparecido publicadas en medios de comunicación digitales, Cordero asegura que han acudido a fuentes de información abiertas, a boletines oficiales, al Registro Mercantil, aunque también a algunas fuentes de internet y defendieron la solidez de los antecedentes, además de aclarar que no están colaborando con ningún medio para recabar estos datos. En todo caso, reiteraron que debe ser el juez el que determine si hay indicios de delito.
