Investigará su supuesta mediación en la adjudicación de contratos públicos denunciada por Manos Limpias
Un juzgado de Madrid investigará la denuncia por tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presentada por Manos Limpias, que considera que «ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas» prevaliéndose supuestamente de su condición de esposa del presidente del Gobierno.
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El Juzgado de Instrucción número 41 de la capital ha incoado diligencias de investigación, declaradas secretas, tras la denuncia interpuesta por el colectivo de funcionarios por las supuestas gestiones que habría llevado a cabo Begoña Gómez, quien según Manos Limpias «ayudó a dos empresas a lograr adjudicaciones del Gobierno» en julio de 2022 por importe de 7,7 millones de euros, según informó El Confidencial.
En su denuncia, Manos Limpias también hace referencia a que presuntamente la esposa de Pedro «firmó una segunda carta de apoyo para que el consultor de su máster», Carlos Barrabés, se llevara otros 4,4 millones de euros del Gobierno». Y añade que la UTE de Barrabés se adjudicó en total diez millones de euros.
Asimismo, el colectivo de funcionarios recoge en su denuncia que Air Europa «pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de Begoña Gómez antes del rescate» de la compañía. Del mismo modo, alude a sus reuniones con Víctor de Aldama, supuesto conseguidor de la «trama Koldo», y con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, en fechas coincidentes con ese rescate y señala que «Aldama, el contacto de Begoña Gómez, ganó 6,67 millones de euros gracias a sus operaciones con el PSOE» en las adjudicaciones para el suministro de mascarillas en pandemia que se están investigando judicialmente en la Audiencia Nacional.
La «carta mágica» de recomendación
Manos Limpias apunta que Barrabés fue el empresario que «montó el Máster de Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez y que «la cátedra de Begoña Gómez fichó como profesor asociado a Carlos Barrabés», quien según asegura fue el que le puso en contacto con Air Europa. Además, añade, «la UTE recomendada por Begoña Gómez» ganó por escaso margen «al barrer en la fase subjetiva con su firma de recomendación».
El empresario, afirma Manos Limpias, «ganó al menos tres contratos» sin que su oferta fuese la más económica y hace hincapié en «un elemento que no debe de ser desapercibido» en esa «carta mágica»: que ofrecía «colaborar en la difusión de sus convocatorias».
Según el colectivo denunciante, Gómez actuó en su calidad de esposa del presidente del Gobierno «prevaliéndose del ejercicio de la situación derivada de su relación personal con una autoridad». E incide en que la conducta supuestamente delictiva reside en «ejercer influencia» o «presión moral eficiente sobre la decisión de otra persona» derivada de la «posición o status del influyente».
El juez del «caso Koldo» rechaza que testificase
En el marco del «caso Koldo», una acusación popular pidió que la esposa de Pedro Sánchez declare como testigo sobre la «adquisición y transporte de mascarillas» al comienzo de la pandemia por sus contactos con Globalia y Aldama, pero el juez Ismael Moreno se opuso en una resolución acordada el pasado día 18 al concluir que no hay indicios de que tuviese «conocimiento o relación con los hechos» investigados.
La asociación Liberum pretendía que Begoña Gómez testifique sobre «la vinculación y grado de participación» de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, de Aldama, del también empresario Juan Carlos Cueto, señalado como el «cerebro» de la supuesta trama de reparto de comisiones, y del Grupo Globalia, que junto con Iberia trasladó las mascarillas que Soluciones de Gestión suministró a los ministerios de Transporte, Interior y Sanidad y a los gobiernos balear y canario por un montante total de más de 52 millones de euros.
Según la acusación, existen indicios de que pudo obtener «información relevante» sobre «la adquisición y transporte de material sanitario, mascarillas y PCR, al inicio de la pandemia», y en relación a los contratos investigados -gracias a los cuales los imputados se embolsaron más de 16,5 millones de euros- y tanto de «alguna de las empresas investigadas» como de diversos imputados.
Asociación Liberum también consideraba necesario que Begoña Gómez explicasa su relación con Javier Hidalgo, CEO de Globalia, y con la CEO de Wakalua, Leticia Lauffer, «para importar mascarillas desde China», a la vista de sus relaciones con Globalia y el propio Hidalgo y Aldama «para importar mascarillas y respiradores de China a España en el inicio del confinamiento, coincidente en el tiempo con los hechos investigados, y al menos, con alguno de los querellados. En el escrito en el que solicitaba la medida, hacía referencia asimismo a que, supuestamente, compartió reuniones» en la marisquería «La Chalana», el restaurante donde solían reunirse los principales investigados.
