La nueva partida se sumará a los 500 millones de las entidades locales que ya han sido asignados a la SEPI. El total asciende a los 2.000 millones necesarios para pagar las acciones
A falta de nuevos Presupuestos y sin poder recurrir a la deuda, el Gobierno ha hecho ‘ingeniería’ contable para financiar la Operación Telefónica. Hacienda tiene reservada ya una partida de 1.500 millones de euros que estaba presupuestada inicialmente para las comunidades autónomas. Esta se suma a los 500 millones adjudicados a las entidades locales que el Ejecutivo –como avanzó Vozpópuli– ya ha transferido a la SEPI.
El Gobierno de Pedro Sánchez, por tanto, cuenta ya con los 2.000 millones de euros necesarios para acometer el desembarco total en Telefónica. El objetivo de Moncloa es hacerse con el 10% del capital, una operación que está valorada, precisamente, en esa cantidad. El siguiente paso es formar parte del consejo de administración. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado este mismo jueves que pedirán oficialmente un sillón.
Las cifras de ejecución presupuestaria van desvelando el modus operandi del Ejecutivo para financiar el ‘asalto‘. Hasta ahora, ni Hacienda ni Moncloa habían aclarado cómo pagarían la adquisición de acciones, teniendo en cuenta que la ausencia de nuevos Presupuestos impide habilitar partidas nuevas tan elevadas de gasto. Ante la imposibilidad, también, de transferir fondos entre ministerios para la operación, se ha optado por arañar partidas dentro de Hacienda, que fueron habilitadas para otros destinatarios.
En concreto, los 1.500 millones estaban asignados al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, como muestran los anexos de la ejecución presupuestaria de febrero. Éstas contaban con un crédito inicial de 15.000 millones de euros, del que resta un crédito definitivo de 13.500 millones al haberse consignado una obligación reconocida neta de 1.465 millones.
Como ha desvelado este periódico, esta operación se recoge en el Capítulo 8 de la prórroga presupuestaria de 2023 vigente, que sólo reseña 16.000 millones de euros en concepto de «Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales», esto es, financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos (FLA y pago a proveedores). De estos 16.000 millones, el Fisco ha desviado ya 500 para la entrada del Estado en Telefónica.
Fuentes de Hacienda confirman que esta cantidad viene del Capítulo 8, en el que no hay ninguna partida de este tipo y la única que está consignada con cuantía suficiente son los citados 16.000 millones para entes territoriales.
El objetivo de la ‘Operación Telefónica’
Las ‘artimañas’, que fuentes jurídicas consultadas ven de «dudosa legalidad presupuestaria», obedecen a la necesidad de cumplir con lo prometido a los mercados. El Gobierno se comprometió a tomar una participación mayoritaria en Telefónica y dio oficialmente la orden a la SEPI el pasado diciembre para empezar a comprar acciones. En esas fechas, eso sí, Moncloa contaba con tener unos Presupuestos contra los que cargar los 2.000 millones necesarios.
El objetivo del Ejecutivo es influir directamente en la estrategia de Telefónica y ‘protegerla’ ante el desembarco de un accionista tan potente como STC, la compañía que controla el fondo soberano de Arabia Saudí.
Desde enero, la SEPI ha ido atesorando acciones de la empresa que preside José María Álvarez-Pallete y cuenta ya con el 3% del capital. El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró recientemente que el Gobierno materializaría la operación antes del verano. Lo que no aclaró -y ningún otro miembro del Gobierno lo ha hecho- es cómo financiaría una operación de semejante calado.
