El fiscal Anticorrupción presentó un primer borrador de querella sobre el ‘caso Koldo’ el 28 de junio de 2023
La cronología judicial del caso Koldo tiene un salto temporal. El fiscal Anticorrupción del caso Koldo, Luis Pastor, presentó una primera querella contra Koldo García –el asesor de José Luis Ábalos– y los principales cabecillas de la trama el 28 de junio de 2023, justo un mes antes de las elecciones generales del 23-J, tal y como revela en exclusiva THE OBJECTIVE. Según confirman a este diario fuentes de la Fiscalía, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tuvo conocimiento de esta investigación. Sin embargo, desde el Ministerio Público decidieron frenarla en plena época electoral, en la que el PSOE se jugaba seguir en el Gobierno, motivo por el cual el fiscal Pastor tuvo que elaborar otro informe con fecha del 6 de septiembre –un mes y medio después de los comicios–, que fue la querella que, finalmente, presentó ante la Audiencia Nacional.
Este periódico ha tenido acceso en exclusiva a esa primera querella elaborada por el fiscal Luis Pastor para judicializar el caso Koldo, donde se investiga el cobro de comisiones presuntamente ilegales en las adjudicaciones del Gobierno de Sánchez para la compra de mascarillas durante la pandemia. El fiscal siguió el protocolo habitual y elevó, en junio, el borrador ante su superior jerárquico, el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón. Lo hizo para que realizara el «visado», es decir, le diese el visto bueno y avanzar así a una segunda etapa que sería la presentación de la querella ante la Audiencia Nacional. Este procedimiento no suele demorarse más de dos o tres semanas, según explican las fuentes consultadas.
Sin embargo, según ha podido saber THE OBJECTIVE, fue en ese momento cuando se informó al fiscal general, Álvaro García Ortiz, sobre dicha investigación que afectaba al Ejecutivo socialista y desde Fiscalía se decidió frenarla. Lo hizo a una semana de que empezase la campaña electoral y cuando se acaban de conformar las listas para los comicios del 23-J.
Segundo escrito
Una vez pasadas las elecciones, la Fiscalía vio oportuno presentar la querella y, por ello, el fiscal Luis Pastor elaboró un segundo informe con fecha de 6 de septiembre. Las diferencias entre ambos escritos no radican sólo en los dos meses y medio que les separan en el plano temporal, sino que el primer borrador tiene una extensión superior de nueve folios.
En el primer documento, de 37 páginas, se incluyen la solicitud de diligencias de la investigación, la interceptación de las comunicaciones telefónicas del exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre; los supuestos cabecillas de la trama, Víctor Gonzalo de Aldama y Juan Carlos Cueto, y el empresario Iñigo Rotaeche. Igualmente, se solicitan dispositivos de seguimiento y localización de dos vehículos y dos motocicletas a nombre de Koldo García y su mujer Patricia Úriz; dos todocaminos a nombre de Juan Carlos Cueto; otro todocamino propiedad de Víctor de Aldama; un turismo de Iñigo Rotaeche y un ultimo asociado a José Luis Rodríguez García, a nombre de Comercializadora Pizarras Santa Barbara SL.
Sin embargo, en la querella presentada formalmente a la vuelta del verano de 2023, y tras la celebración de las elecciones generales, desaparece el apartado cuarto sobre las diligencias de la investigación solicitadas y concluye en el apartado tercero sobre la «relación circunstanciada de los hechos» sobre los investigados. La segunda querella, firmada el 6 de septiembre, tiene 26 páginas y en la misma se oculta la petición de interceptación de los teléfonos móviles de los investigados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Según las fuentes consultadas, esto se debe a que dicha solicitud al juez instructor se realizó en un escrito separado para evitar filtraciones.
Así, la querella centra su acción penal en siete de los 20 detenidos por la UCO: Koldo García y su mujer Patricia Úriz; su hermanos, Joseba García; y los empresarios Víctor Gonzalo de Aldama, Juan Carlos Cueto, Íñigo Rotaeche y José Luis Rodríguez García.
Los ‘pinchazos’ no son para el verano
Fuentes de Anticorrupción se excusan y explican que se presentó la querella del caso Koldo en septiembre –y no en junio como estaba previsto– porque «los investigadores de la UCO consideraron que realizar los pinchazos telefónicos en verano era una pérdida de tiempo». Añaden: «Los investigados no iban a hablar en esas fechas sobre asuntos importantes».
Sin embargo, otras fuentes de la Fiscalía, aseguran que «este argumento carece de sentido porque durante las épocas estivales los delincuentes continúan delinquiendo». De hecho, recuerdan que durante el mes de agosto la trama Koldo realizó viajes que están bajo la lupa de los investigadores. El exministro de Transportes José Luis Ábalos visitó este verano la República Dominicana y Guinea Ecuatorial de la mano de un empresario al que el Gobierno adjudicó 636.000 euros en contratos públicos a dedo durante la pandemia. El empresario se llama Ignacio Palomo y es una eminencia en el campo de la Ginecología y la Fertilidad. Presidente de la empresa Arpa Médica, Palomo es un referente en técnicas de reproducción asistida y es conocido como «el ginecólogo de la jet set».
Según adelantó THE OBJECTIVE, el primero de los viajes de Ábalos y Palomo fue la primera semana de agosto a la República Dominicana. Un viaje «de negocios» que realizaron junto al asesor más estrecho del exministro, Koldo García Izaguirre. Ese viaje se produjo apenas tres semanas después de que Ábalos abandonara su puesto en el Ministerio de Transportes, el 10 de julio de 2021. Las fuentes consultadas por este periódico subrayan el objetivo comercial de este viaje y el intento por «utilizar al exministro como carta de presentación ante las autoridades» del país. Entre ellas, el ministro de Salud Pública del Gobierno de la República Dominicana, Daniel Rivera, al que vieron el 5 de agosto y cuya reunión se plasmó en la instantánea que acompaña este artículo.
Intento de «tapar la investigación»
Las citadas fuentes apuntan a un intento del fiscal general del Estado de «tapar la investigación» que salpicaba a algunos miembros del actual Gobierno y que, en el pasado 28 de junio, acababan de ser blindados en las listas al Congreso y el Senado como la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, o el exministro y numero dos por Valencia al Congreso, José Luis Ábalos.
Álvaro García Ortiz tenía conocimiento de esta investigación, que se frenó hasta después de los comicios. De hecho, desde la Fiscalía General del Estado se emitió una circular, hace más de un año, donde se estableció la obligatoriedad de que constara una comunicación sobre asuntos de especial trascendencia, que, a su vez, viene determinada por «la gravedad, alarma social y/o relevancia política de los hechos investigados, la notoriedad pública de la persona sospechosa o su condición de aforados».
Según la circular 2/2022 de 20 de diciembre, sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal, «la comunicación de los asuntos de especial importancia y trascendencia deberá realizarse siempre antes de desarrollar actuación alguna, consista en la incoación de diligencias de investigación, en su archivo, en la interposición de denuncia o querella, o en su caso, en un decreto de propuesta de imposición de pena. Un mandato imperativo establecido en aras del principio de unidad de actuación para el fiscal general del Estado que deberá vehicular a través de la Secretaría Técnica».
