El grupo popular en la Cámara Alta decide transitar el camino que le mostraron los letrados en uno de sus informes. Pedirá al Congreso la retirada de la ley y, si no, irá al Constitucional
Los letrados del Senado señalaron el camino al PP y los populares han decidido transitarlo. El choque entre ambas cámaras legislativas está servido y lo más probable es que acabe en el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido.
La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, anunció durante el Pleno de este martes la activación de la vía del conflicto competencial, e institucional, entre el Congreso y el Senado. El grupo parlamentario popular va a proponer que el Senado inste formalmente al Congreso a retirar la ley de amnistía, «por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución», según García. «No está solo en juego la capacidad del Senado, sino la defensa del Estado de Derecho», añadió la senadora.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, recriminó al principal partido de la oposición que haya convertido el Senado en una «cámara de confrontación, dilatoria y obstruccionista». En un «freno a la actividad legislativa», lamentó Bolaños.
En sus informes remitidos a la Mesa del Senado sobre la proposición de ley orgánica de amnistía, los letrados de la Cámara Alta afirmaban que los miembros de la Mesa estaban obligado a admitir a trámite la norma, puesto que venía aprobada por el Pleno del Congreso y no hacerlo sería incurrir en un delito de prevaricación.
Pero, a su vez, abrían una ventana de oportunidad al PP al señalar que el Senado podía plantear un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso, en base al artículo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Puesto que, según los letrados, el Congreso está asumiendo atribuciones que la Constitución confiere al Senado. De manera que así lo harán los populares, que cuentan para ello con el respaldo de su mayoría absoluta y también de Vox.
El procedimiento es el siguiente. El grupo parlamentario popular en el Senado presentará un escrito de planteamiento de conflicto que deberá aprobar el Pleno. Éste será convocado ya después de la Semana Santa.
Con el visto bueno del Pleno, el Senado enviará un requerimiento al Congreso para que rectifique su decisión. La Cámara Baja dispone de un mes para retirar la proposición de ley orgánica o responder. Si no atiende a la petición, el Senado podrá presentar en el mes siguiente el escrito de planteamiento de conflicto ante el Tribunal Constitucional.
Los letrados aclaraban en su informe que el planteamiento del conflicto no paraliza la tramitación en el Senado. En teoría, su interposición no tiene efecto suspensivo, y la ley tampoco contempla la posibilidad de solicitar medidas cautelares al presentarlo. Pero los expertos sugerían: «A pesar de que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no lo prevé, se podría solicitar al Tribunal Constitucional la medida cautelar por si, excepcionalmente, la admite ponderando las circunstancias urgentes y extraordinarias que concurren, que determinan, de no adoptarse la misma, un perjuicio irreparable para las atribuciones que la Constitución confiere a la Cámara Alta».
Este punto es clave para arañar días al calendario, frente a las prisas del PSOE y, sobre todo, de Carles Puigdemont por ver la norma aprobada y publicada el BOE. El líder de Junts necesita que la amnistía esté en vigor el 20 de junio, la fecha en la que se constituirá el Parlamento de Cataluña, porque de lo contrario no podrá ser diputado de pleno derecho (solo puede adquirir su condición de parlamentario autonómico de forma presencial).
