Los dos grandes partidos cumplen el compromiso contraído por Sánchez y Feijóo hace una semana y presentan un texto que también reforzará los derechos y la protección de las personas con discapacidad | Bolaños confía en que el apoyo a la modificación de la Carta Magna, la tercera desde 1978, sea «unánime», porque «no hay ningún motivo» para no respaldarla | Se aprobará por las dos Cámaras en enero para que entre lo antes posible en vigor
Compromiso cumplido, pacto hecho. Gobierno y Partido Popular culminan su primer gran pacto de esta XV Legislatura, su primer acuerdo en años: cierran la proposición conjunta para reformar el artículo 49 de la Constitución y borrar el término «disminuidos». Texto que registraron la tarde de este viernes, 29 de diciembre, justo una semana después de que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se reunieran en el Congreso y pactaran sellar el acuerdo antes de fin de año. El objetivo que ambos se marcaron se ha conseguido, tal y como se esperaba.
PSOE y PP lanzaron el mismo comunicado —ya en sí mismo ese dato es relevante— a las 17.55 para informar del registro en el Congreso de la proposición de reforma del artículo 49, para suprimir un término, «disminuidos», que se ha quedado desfasado e indigna a las personas con discapacidad, y para «actualizar la protección de los derechos» de este colectivo. Ambos grupos solicitaron su tramitación por el procedimiento de urgencia —lo que acorta los plazos a la mitad— y en lectura única —esto es, sin pasar por ponencia y comisión: solo analizará el texto el pleno—. El objetivo es que la modificación de la Carta Magna, que será la tercera desde 1978, quede aprobada definitivamente por las dos Cámaras en enero de 2024. La entrada en vigor se produciría, como ha ocurrido en las otras dos anteriores reformas, el mismo día de su publicación en el BOE.
Este acuerdo debe ser el primero de otros grandes acuerdos que tenemos que lograr, y pronto, con el PP. Nosotros siempre estaremos construyendo país y avanzando en derechos», dice Bolaños
El texto que este viernes se registró [aquí en PDF] estaba ya pactado por PSOE y PP en abril de este año, y contaba con el visto bueno del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), pero no se tramitó en aquel momento porque los populares alegaron que las elecciones municipales y autonómicas estaban a la vuelta de la esquina. Tras la conversación de Sánchez y Feijóo de la semana pasada, se retomó el contacto entre los dos negociadores, Félix Bolaños, titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y Cuca Gamarra, secretaria general del PP. Y ambos decidieron presentar el texto con la firma de los portavoces parlamentarios de cada partido, con el ánimo, explicó el ministro en rueda de prensa en la Cámara baja, de que el acuerdo se extienda y sea «unánime«, y está seguro de que así será: «No hay ningún motivo para no
Bolaños subrayó que la reforma recalca que las personas con discapacidad son titulares de los mismos derechos que el resto de ciudadanos, que se presta especial atención a los menores y a las mujeres discapacitados y que se refuerza la «especial vinculación» de los poderes públicos con este colectivo. «Es una reforma que es una reivindicación de la dignidad, pero que también es un refuerzo y una ampliación de los derechos de las personas con discapacidad», señaló el ministro, para quien esta modificación es un «éxito colectivo«, también del CERMI, que lleva años peleando por que se cambiara la letra de la Carta Magna. Este viernes se trata, pues, de un «gran día», en el que las casi siete millones de personas con discapacidad están de «enhorabuena».
Con la mirada puesta en el CGPJ
Este es el primer acuerdo que sellan Sánchez y Feijóo. Este viernes, no hubo reproches al PP por parte de Bolaños y sí mucha apelación al entendimiento: «Donde hay voluntad, hay camino para el acuerdo y esta reforma es un buen ejemplo de ello». El diálogo y los pactos, dijo, «no pueden ser una excepción», sino que han de ser la «norma».
El ministro ha hablado estos días con Bustinduy y tiene la garantía del apoyo «incondicional» de la formación de Díaz
El ministro incidió en que este consenso debe ser «el primero de otros grandes acuerdos» que han de lograrse, «y pronto», con el PP. Estaba mirando a la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ese debe ser «el siguiente» pacto, porque la situación de la Justicia es «desesperada» y porque «no hay alternativa» al relevo en el órgano de gobierno de los jueces. «Por nosotros no va a quedar, no ha quedado en los últimos cinco años y no va a quedar en ningún momento en poner todo el esfuerzo que sea necesario para que se renueve el Consejo», apuntó, en tono conciliador.
Bolaños sostuvo que la reforma del artículo 49 de la Carta Magna no es un asunto menor, porque se trata de la primera modificación de carácter «social» del texto de 1978 y porque a fin de cuentas se ha alcanzado un consenso en un aspecto que considera fundamental en cualquier sociedad: la dignidad y la protección más intensa de las personas con discapacidad. Algo que era incompatible con una terminología «inaceptable en una sociedad como la de hoy».
En abril, cuando PSOE y PP pactaron la reforma, ya se habló con todos los grupos y todos transmitieron que la «apoyaban». En los últimos días, tras la reunión de Sánchez y Feijóo, Bolaños y Gamarra conversaron acerca de la exposición de motivos y también del calendario de tramitación —el Congreso aprobará el texto a mediados de enero y el Senado, a finales—, ultrarrápido para que la iniciativa esté aprobada «lo antes posible».
El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de Sumar, se quejó en X (antes Twitter) de que la propuesta no estuviera firmada por todos los grupos, porque «los derechos de las personas con discapacidad deben ser objeto de una política de Estado y apoyarse sobre los más amplios consensos sociales», pero adelantó que Sumar respaldará «incondicionalmente» esta modificación que espera sea aprobada «cuanto antes». Bolaños contó que en los últimos días, y también este viernes, había conversado bastantes veces con Bustinduy para informarle de los «avances» que se iban produciendo con el PP y del calendario de tramitación y que recabó el compromiso «absoluto» de la formación de Yolanda Díaz. El texto ya lo tienen el resto de grupos parlamentarios. La aspiración del Ejecutivo es que salga validado por «la totalidad» de la Cámara.
Gamarra no compareció en el Congreso, pero sí manifestó desde su cuenta en X su confianza en que la reforma salga adelante el mes próximo: la modificación del 49 busca, apuntó, que «todas las personas con discapacidad en España se sientan reflejadas en este artículo». «Ellas nos pedían impulsar el cambio para hacerlo posible y esperemos que 2024 comience con su aprobación en enero. No les defraudemos».
Qué dice el nuevo precepto
El nuevo artículo 49 pactado por PSOE y PP se compone de dos apartados:
- Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.
- Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.
Esta redacción, si no se introducen cambios durante su tramitación exprés en Congreso y Senado, reemplazará la vigente desde 1978: «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».
La redacción original del 49 sí fue pionera, pero con el paso del tiempo su terminología quedó desfasada y hoy resultaba «inaceptable»
PSOE y PP reconocen que este precepto «situó en su día a España en la vanguardia de la protección» del colectivo de las personas con discapacidad, al reconocerles expresamente la «plenitud» de los derechos recogido en el Título I de la Constitución y establecer un mandato a los poderes públicos. Un artículo, recuerdan, que sí que ha guiado la actuación de las administraciones y ha disfrutado de un «considerable desarrollo legislativo». Los dos partidos recalcan que la protección de los discapacitados se ha reforzado en los últimos años, igual que se ha adaptado la legislación interna a la normativa internacional. Pero al tiempo también la sociedad civil articulada en torno a estas personas ha planteado la necesidad de «acomodar el artículo 49» a la realidad «social» y a la normativa internacional. Así, tiene una «relevancia fundamental» la tarea que realizan las organizaciones representativas y avanza el «reconocimiento» de las necesidades «específicas de las mujeres y los menores con discapacidad».
Con este contexto, siguen los proponentes, «resulta patente que la redacción original» del artículo 49 precisa de una «actualización en cuanto a su lenguaje y contenido, y para reflejar los valores que inspiran la protección de este colectivo, tanto en el ámbito nacional como internacional». El objetivo es que este precepto vuelva a ser «referencia para la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España».
Una vez que Congreso y Senado aprueben el nuevo texto, y según consigna el artículo 167 de la Constitución, se abrirá un plazo de 15 días por si una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras pide un referéndum. La previsión es que no se haga, por lo que pasado ese periodo, la reforma se publicará en el BOE y entrará en vigor.
