Con el 6,7% del PIB para Sanidad apenas da para mantener a duras penas el funcionamiento del modelo público impulsado por la inercia
El aterrizaje de Mónica García en el Ministerio de Sanidad está siendo más suave del que aventuraba su radicalidad como opositora a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. De momento, ni ella ni su entorno han satanizado a la industria farmacéutica, y sus declaraciones sobre el modelo Muface resultan tranquilizadoras: acabar con él, dijo, no está entre las prioridades de su departamento. Descartada, pues, la muerte violenta de este sistema de asistencia sanitaria a los funcionarios, queda no obstante por ver si no se materializará por la vía lenta, como viene sucediendo hasta ahora, mediante el estrangulamiento financiero, la merma de la calidad de las prestaciones ofrecidas a los mutualistas y la fuga subsiguiente de las aseguradoras que prestan el servicio.
Otro punto interesante apuntado por la flamante ministra es la posible extensión del plan de salud bucodental a parados y mayores de 65 años. La letra, desde luego, suena bien, pero también queda por ver de dónde saldrá el dinero para sufragar estas prestaciones. Si realmente se pretende hacerlo, acelerar la llegada de medicamentos innovadores, mejorar las condiciones laborales de los sanitarios para que no se marchen a otras latitudes en busca de los salarios que aquí se les niegan, y combatir las listas de espera con planes de choque efectivos y no efectistas, el Ministerio de Sanidad tendrá que pelear duramente con el de Hacienda por obtener los recursos para ello. Con el 6,7% del PIB para Sanidad consignado por el Gobierno en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas apenas da para mantener a duras penas el funcionamiento del modelo público impulsado por la inercia. El problema es de dónde obtener los fondos adicionales: ¿de las pensiones? ¿de la partida para la deuda?
