Fuentes gubernamentales señalan que si el PP no tuerce el brazo seguirán bloqueando el Constitucional
El Gobierno ha encontrado en la negociación para la renovación del Consejo General del poder Judicial (CGPJ) la cortina de humo ideal para tapar la amnistía, y cambiar el marco discursivo que permita a su vez taponar el malestar ciudadano que registran todos los sondeos. El jefe del Ejecutivo; Pedro Sánchez, soltando píldoras contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para calentar motores de cara a un encuentro que quiere celebrar antes de final de año. Sin que el presidente se ha decidido a descolgar todavía el teléfono, en el argumentario monclovita, ayer se traslada la pregunta que el Gobierno quiere que ocupe los titulares de prensa: «¿Por qué el PP tiene miedo a negociar? El Gobierno sigue maniendo la mano tendida». Una supuesta voluntad de diálogo que no se corresponde con la estrategia real del Ejecutivo de cara a la reunión con Feijóo.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, Pedro Sánchez pretende advertir a Feijóo de su voluntad de copar otras instituciones como el Banco de España si no se aviene a desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. Las fuentes gubernamentales consultadas por este diario apuntan a que el presidente tiene en la recámara otras instituciones que podrían servir como moneda de cambio o herramienta para atornillar un acuerdo y la primera de ellas es el Banco de España. La intención de Moncloa es renovar por consenso los dos puestos del órgano supervisor que agotan su mandato en junio y septiembre del 2024. Pero, si no fuera posible, Pedro Sánchez no dudará en nombrar unilateralmente a los dos cargos que hasta la fecha se han repartido PSOE y PP cumpliendo con una tradición pocas veces rota.
De esta forma, el Gobierno amenaza con elegir en solitario al sustituto del gobernador del Banco de España, actualmente Pablo Hernández de Cos, y a la subgobernadora, María Luisa Delgado, nombrados in extremis por el Gobierno de Mariano Rajoy tras la presentación de la moción de censura en junio del 2018. «Podemos darle el subgobernador al PP, o no. Dependerá de su voluntad de llegar a un acuerdo», confirman fuentes gubernamentales a este periódico.
Intento de colonizar el organismo
Tras el nombramiento del polémico ex secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, en la agencia Efe y el mantenimiento de José Félix Tezanos al frente del CIS, el presidente Sanchez volvería a mandar un mensaje nítido sobre su voluntad de colonizar las instituciones y suprimir la obligada independencia de los dos principales miembros de la cúpula del órgano supervisor. A principios de 2023, el Ministerio de economía y el PP lograron un acuerdo para renovar a los dos consejeros del Banco de España que habían agotado su mandato de seis años y nombraron a Judith Arnal, ex jefa de gabinete de Nadia Calviño, y el catedrático Antonio Cabrales, éste a propuesta del PP.
Las informaciones desveladas en exclusiva por THE OBJECTIVE sobre la firma de Cabrales de un manifiesto de apoyo a la ex consejera de la Generalitat catalana, Clara Ponsatí, prófuga de la justicia, forzaron su dimisión apenas 24 horas después de ser nombrado, y su sustitución por el nombre de Fernando Fernández, nombrado por el Consejo de Ministros en febrero de este 2023. El acuerdo entre PP y PSOE logrado hace nueve meses entre las dos fuerzas políticas en el ámbito de los órganos económicos se abordó entonces como un compartimento estanco y diferenciado de la fallida negociación para los órganos judiciales, cuyo bloqueo en el CGPJ ha cumplido ya cinco años.
Bloqueo de Sánchez al magistrado 12 del TC
En esta ocasión, el Ejecutivo quiere utilizar al Banco de España como palanca para forzar el desbloqueo en la Justicia, habida cuenta que el bloqueo del CGPJ impide que se cubran centenares de vacantes en la administración de justicia que, según el Ejecutivo, «está al borde del colapso». Y no será la única palanca que tiene previsto utilizar el Ejecutivo. Según confirman desde Moncloa, el Gobierno tampoco permitirá que se nombre la vacante del Tribunal Constitucional que ha de nombrar el Senado, el magistrado número doce que corresponde a los conservadores, si el PP no se presta a un acuerdo inminente.
«No vamos a pactar sólo lo que le interesa al PP», sostienen las fuentes consultadas conscientes de que, si se cumple la promesa del presidente Sánchez de que no habrá una rebaja de las mayorías para la elección de los vocales del Consejo, habrá que activar otras vías para forzar la renovación de la Justicia. A juicio del Gobierno, «no tiene un pase que el PP pretenda estar ya cuatro años más de bloqueo. Lo mismo terminan con la tutela judicial efectiva», alertan. Y utilizan incluso el reciente pacto entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del PSOE, Juan lobato, es materia educativa para apremiar a los populares. «Si hasta Ayuso ha sido capaz de ponerse de acuerdo con Juan Lobato, ¿Por qué no lo puede hacer Feijoo?» .
El plan C: la ‘vía Guilarte’
Una de las fórmulas es la ‘vía Guilarte’, la propuesta del presidente suplente del CGPJ de reformar las competencias del Consejo prohibiendo que pueda hacer nombramientos de altos cargos judiciales y que sean los propios jueces quienes elijan a sus presidentes sin intervención del órgano. Una fórmula que Vicente Guilarte suscribió en el diario El País y que no descarta el Ejecutivo. En conversación informal con periodistas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que es verdad que el Consejo «tiene más atribuciones que en otros países» y que el reparto competencial con otros órganos «no digo que sea la solución pero está sobre la mesa».
Un comodín, por si un nuevo rechazo del PP al pacto, obligara a pensar en un plan B, hubiera que abordar una reforma que permita evitar la parálisis de los órganos de justicia. Porque lo que repite el Gobierno y a lo que se ha comprometido con Bruselas es que «no vamos a alterar las mayorías para elegir a los vocales».
