La mayoría de los juristas consideran que tanto la ley de amnistía como un posible referéndum pactado con los separatistas catalanes «violentan peligrosamente» la Carta Magna
Cuarenta y cinco años después de que se aprobase la Constitución, la Norma pasa por «el peor momento de consenso imaginable». «La insólita confrontación entre los dos principales partidos políticos, consecuencia del descaro con el que el Gobierno afronta la política en clave nacional, hace inimaginable que se pueda abordar una reforma constitucional. En este contexto no hay posibilidad de grandes acuerdos y los cambios constitucionales son cuestión de Estado, no de Gobierno. Reformar unilateralmente la Constitución, como se está pretendiendo por parte del Ejecutivo es un disparate», asegura el catedrático gallego Roberto Blanco Valdés, a El Debate.
Para el jurista de la Universidad de Santiago de Compostela, «la única materia verdaderamente relevante que podría llevarnos a abordar una reforma constitucional es la cuestión territorial» y, sin embargo, «no es viable con un Gobierno entregado a los separatistas que quieren ya no más dinero o competencias, sino el poder soberano. Es decir, la independencia».
Los cambios constitucionales son cuestión de Estado, no de Gobierno Catedrático de Derecho Constitucional de la USC
Un diagnóstico en el que coincide con la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Castilla La Mancha, Luisa María Gómez Garrido quien reflexiona sobre cómo «la salud de las constituciones depende del respeto de las sociedades en las que rigen y, muy en especial, del que le dispensan las instituciones». Desde este punto de vista, «la Constitución está sufriendo una de las mayores erosiones en una situación objetivamente la más grave que hemos vivido en todo el período democrático», apunta la magistrada. «Lo que se está intentando» es, nada menos que «generar una situación socio-política e institucional distinta a la que prevé la Constitución pero sin alterar la misma. Es decir, un nuevo proceso constituyente».
¿Y cómo? «Por medio de una serie de asunciones institucionales de reformas legislativas simultáneas no de dudosa constitucionalidad sino que, en muchas ocasiones, abiertamente inconstitucionales», afirma Gómez Garrido. «De ahí la obsesión del poder político, en este momento, por condicionar cuando no eliminar la labor del contrapeso del Poder Judicial y también de controlar otras instancias intérpretes» de la Carta Magna como es «el Tribunal Constitucional».
Se está intentando generar una situación socio-política e institucional distinta a la que prevé la Constitución pero sin alterar la misma. Es decir, un nuevo proceso constituyente Presidenta de la Sala de lo Social del TSJCM
No menos de lo que lo hace su compañero de profesión, el magistrado emérito del Supremo Antonio Salas Carceller, para el que no cabe que el TC «pueda salvar la ley de amnistía que amenaza» los muros de contención de la Carta Magna «de manera fácil y sin caer en un enorme desprestigio» como institución. Salas Carceller considera que «la Constitución ha tenido y tiene un papel esencial en democracia pero que, ahora, como nunca antes, está siendo violentada».
Una visión que comparte con el también exmagistrado Manuel Aragón, tremendamente crítico con la «amenaza» que supone la ley de amnistía para nuestro ordenamiento. Para ambos, el hecho de que «se esté incumpliendo la Constitución con la intención de evitar modificarla» encierra un peligro extremo.
«El riesgo mayor al que se enfrenta la Constitución es el de los proyectos legislativos al borde de los límites legalmente previstos y obviando las exigencias y mayorías previstas por la propia Carta Magna, abunda Luis Sanz, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, en el mismo sentido. Para Sanz, tanto la ley de amnistía como el pretendido referéndum de Cataluña, «ocultan una suerte de reforma encubierta».
Se está incumpliendo la Constitución con la intención de evitar modificarla porque no se dan las mayorías necesarias Magistrado emérito del Tribunal Supremo
«Vivimos el peor momento de la etapa constitucional» denuncia, también, Vicente Garrido, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Y ello, por el «sometimiento a las exigencias inaceptables (amnistía, privilegios económicos, referéndum,…) que plantean los separatistas catalanes que, además, »se ven sorprendentemente premiados».
Garrido confía, sin embargo, en que «la Constitución resistirá a los ataques que sufre y sus incumplimientos», ya que «uno de los rasgos más destacables es su rigidez, que si bien no impide su reforma, obliga para ello a un alto consenso». De lo contrario «ya estaría destrozada», asevera el jurista valenciano para quien cualquier pacto, ahora, exige «respetar los tres elementos esenciales que sostienen el edificio constitucional: el Estado social y democrático de derecho; la unidad nacional, con el reconocimiento de las autonomías que no conllevan soberanía; y, la monarquía parlamentaria»
