El Consejo General de Muface abordará en diciembre una reunión que será clave para despejar el futuro de la mutua de los funcionarios públicos
Muface tiene un enemigo directo en Moncloa. Se trata de la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, que se opone con firmeza a que los funcionarios puedan escoger a la sanidad privada a través de la mutualidad y defiende que deberían estar integrados en la seguridad social. Es cierto que los funcionarios cuentan con esta ventaja, pero económicamente sale más rentable que adherirlos a todos al sistema público (que además ya de por sí está colapsado con listas de espera en constante aumento). La gestión de Muface depende del Ministerio de Función Pública, al frente del cual se encuentra María Jesús Montero. Con García en Sanidad, la presión por desmantelar el modelo en el Consejo de Ministros aumentará de manera exponencial.
Sin embargo, los sindicatos consultados por Vozpópuli han dejado claro que no van a permitir que se deshaga la mutualidad de los funcionarios públicos. Quien más claro lo expresa es Comisiones Obreras: «No vamos a permitir la desaparición de Muface». «Sobre este tema, por parte de CCOO, lo tenemos claro: defensa del concierto sanitario como defendemos la sanidad pública«, aseveran desde el sindicato, que no considera incompatible defender Muface y el sistema público de salud.
Comisiones cree que ahora que ya hay nuevo Gobierno no hay excusas para abordar cuanto antes «la defensa del servicio, que den más calidad en los servicios y sobre todo que puedan dotarlos de mayores recursos, y no sólo económicamente».
CSIF, en declaraciones a este periódico, expresa su confianza en que no afecte la llegada de Gacía a Sanidad, porque será «señal de que el Gobierno apuesta adecuadamente por el modelo». El sindicato de los funcionarios incluyó el incremento de la financiación del mutualismo administrativo en su listado de peticiones al nuevo Ejecutivo.
Muface en la cuerda floja
La mutualidad que ofrece atención sanitaria a más de 2 millones de funcionarios pasa por difíciles momentos económicos. Necesita una inyección contundente de capital para que las aseguradoras no abandonen el modelo, poniendo fin a un sistema que ahorra 800 millones de euros al año al Estado, según los cálculos del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). En el último Consejo General de Muface, celebrado en octubre, la Dirección General de la mutualidad no incluyó la financiación en el orden del día, algo que disgustó a los sindicatos. Fuentes de CSIF explicaron a este periódico que pese a ello se trató el asunto, dada la gravedad de la situación. Desde las aseguradoras confirman que «en los dos últimos años, entre las 3 aseguradoras, las pérdidas han sido de 340 millones de euros». Una cifra que podría crecer a los más de 500 millones el año que viene.
En aquel entonces, la Dirección General de Muface argumentó que «sin Gobierno la modificación del concierto sanitario 2022-24 estaba paralizada» y que se «estaba haciendo un trabajo interno para buscar soluciones«. Ahora que el Gobierno de Sánchez ha tomado posesión se acabaron las excusas. La próxima reunión del Consejo General de Muface, según ha podido confirmar este diario, será el 19 de diciembre, y aunque no existe orden del día los sindicatos volverán a mostrar su preocupación por la salud del modelo. Será una cita crucial para despejar el futuro del mutualismo administrativo.
El miedo a Sumar
El sector de los funcionarios comparte temor por la presencia de Sumar en el Gobierno. El partido de Yolanda Díaz llevó en su programa electoral la liquidación de Muface, algo que ni siquiera Podemos llevó en su programa de 2019.
La propuesta de Sumar es un copia y pega de la que presentó Más País hace cuatro años: «Inclusión, dentro de la cobertura sanitaria universal, de las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada (MUFACE-MUGEJU-ISFAS). Integraremos a dicha población, de forma paulatina, escalonada y programada, bajo la prestación sanitaria del sistema sanitario público. Asimismo, se eliminará la posibilidad de que las entidades locales realicen aseguramientos privados colectivos para sus empleados públicos».
