El Tribunal Supremo ha anulado este jueves el nombramiento de la exministra del PSOE Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado al concluir que no se trata de una “jurista de reconocido prestigio”. El Gobierno de Pedro Sánchez la designó para el puesto en octubre de 2022 con el visto bueno de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, pero los magistrados explican que aquella valoración fue política y en ningún caso afecta al examen «técnico-jurídico».
“El tenor literal del artículo sexto es cristalino: son dos las condiciones que debe reunir quien asuma la presidencia de este órgano. No hay excepción, ni matización, ni preferencia de la una sobre la otra. Y la razón de ser de ambas es distinta, pero concurrente: asegurar que quien esté al frente del Consejo de Estado reúna la doble cualificación que quiere el legislador. Es decir, prestigio jurídico y conocimiento experto de los asuntos de Estado”, sostiene el Supremo.
Los magistrados no cuestionan “la notoria y sobresaliente trayectoria» de Valerio e incluso mencionan sus cargos previos como ministra, diputada, consejera, teniente de alcalde y concejal para reconocer «su profunda experiencia en asuntos de Estado«, pero avisan de que este bagaje en ningún caso la convierte en una jurista de reconocido prestigio. «Desde luego, nada consta en el expediente en este sentido y tampoco se halla en el procedimiento indicación alguna sobre la misma”. «Su curriculum vitae muestra una carrera funcionarial meritoria, pero de ella no se puede deducir la pública estima en la comunidad jurídica que implica el prestigio reconocido».
En octubre de 2022, el Gobierno trató de evitar este escenario incluyendo de forma expresa una referencia a que Valerio es una «jurista de reconocido prestigio» en el acuerdo con el que el Consejo de Ministros sacó adelante su nombramiento. Sin embargo, la sentencia no deja lugar a dudas respecto a las trayectorias a las que cabe añadir esta etiqueta: «Ha de ser la lograda y mantenida a través del ejercicio profesional prolongado de la abogacía o de cualquier función jurídica, judicial, fiscal, administrativa, docente, investigadora, publicística o de cualquier naturaleza que suponga un dominio del Derecho tan notable que despierte el aprecio profesional«.
El Supremo estima así el recurso de la Fundación Hay Derecho y rechaza el argumento de la Abogacía del Estado respecto a su supuesta falta de legitimación para impugnar el nombramiento: «Es evidente que no estamos ante un partido, ni ante una estructura vinculada a un partido», concluye. «Nos encontramos, por el contrario, con una fundación surgida autónomamente que lleva constituida varios años». “En otras palabras, la Fundación Hay Derecho no es una pantalla instrumental creada para litigar, sino una entidad que se ha hecho un lugar propio en el conjunto de formaciones de la sociedad civil española que persiguen finalidades de claro interés público o social”.
La ponencia de la sentencia ha corrido a cargo del magistrado Pablo Lucas Murillo, el mismo que firmó la reciente resolución que anuló el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala, la categoría más alta de la carrera, al apreciar «desviación de poder» por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en su nombramiento. Los otros magistrados que han compuesto el tribunal —Celsa Pico, Luis María Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero Ibáñez— han coincidido con su criterio.
