El Pleno del CGPJ reunido este jueves ha decidido no avalar al fiscal general por 8 votos de los conservadores frente a otros 7 que le consideraban idóneo para el cargo
El Pleno del CGPJ ha rechazado por primera vez la idoneidad de como fiscal general por primera vez en la historia del órgano. La votación se ha saldado con un total de ocho vocales que han votado en contra de darle el aval frente a siete que querían informar a favor de su idoneidad. El magistrado Enrique Lucas se ha abstenido porque su hermano, Pablo Lucas, resolvió uno de los recursos contra el nombramiento de Dolores Delgado que le atribuye a García «desviación de poder».
Según confirman fuentes del órgano a Vozpópuli, han votado en contra de darle el aval los vocales María Ángeles Carmona, Nuria Díaz, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero, Wenceslao Olea y Carmen Llombart.
Por contra, sí han manifestado su respaldo el presidente interino Vicente Guilarte y los vocales Roser Bach, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta, Mar Cabrejas y Juan Martínez Moya. De esta forma se ha impuesto el criterio de la mayoría conservadora que ha desestimado en bloque avalar al sucesor de Dolores Delgado.
Pronunciamiento sin precedentes en el CGPJ
Cabe recordar que es la segunda vez que el órgano de gobierno de jueces estudia el aval del García Ortiz, toda vez que ya lo hicieron el año pasado cuando fue propuesto fiscal general tras la dimisión de Dolores Delgado. En esa deliberación una mayoría de 12 vocales impuso su aval a García Ortiz pese a que siete de ellos expuso que era inidóneo por falta de imparcialidad.
El presidente interino del CGPJ añadió este miércoles al orden del día el pronunciamiento sobre García Ortiz para cumplir con el trámite que regula el artículo 124.4 de la Constitución. A diferencia de lo ocurrido en 2022, en este caso la mayoría de los vocales ha considerado que no cumple los requisitos para que revalide su cargo como máximo responsable del Ministerio Fiscal.
El artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que para ser avalado como fiscal general se necesita ser jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Se trata de unos condicionantes que cumple García Ortiz y por los que se avaló en su anterior estudio.
No obstante, este trámite se produce en un contexto muy diferente. Los vocales que se negaron a respaldarle tras su ascenso al cargo como fiscal general apuntaron entonces a su falta de imparcialidad por su nexo con su antecesora en el cargo, la exministra de Justicia Dolores Delgado. Se trata de un argumento que acaba de validar el Tribunal Supremo al determinar en un reciente fallo que actuó con «desviación de poder» con el nombramiento de Delgado fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.
Varapalo del Supremo
En dicho fallo, en cuya redacción participó Pablo Lucas, los magistrados no solo anulan el ascenso de Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal sino que sostienen que el fiscal general se extralimitó de sus funciones actuando con la única finalidad de ascenderla. Además, alude a una «estrecha relación de confianza» con su antecesora, quien le nombró jefe de la Secretaría Técnica cuando ella era fiscal general.
Precisamente por este hecho se la ha instado para que se pronuncie en el próximo Consejo Fiscal del 20 de diciembre, tal y como ha informado este medio. En concreto el vocal Salvador Viada, miembro de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) le ha pedido que se pronuncie sobre el futuro de Delgado en su actual cargo como fiscal de Sala de Memoria Democrática al haberse anulado el ascenso que le facilitó acceder a esta plaza de nueva creación.
Con todo, no es el único incendio que afecta al fiscal general. En los últimos días fiscales de toda España le han recriminado por carta que no respalde públicamente a los fiscales del procés tras las acusaciones de ‘lawfare’ por parte de las formaciones independentistas de Cataluña. Estos cuatro fiscales del Tribunal Supremo le pidieron una defensa pública a tenor de las acusaciones de falta de imparcialidad.
Enfado de los fiscales por el ‘lawfare’
García respondió que no quería pronunciarse sobre el texto de la amnistía hasta que se aprobara la ley.
