Muestran su «decepción» por la actitud de Álvaro García Ortiz al haberse negado a amparar a los fiscales del procés.
Un total de 18 fiscales de la Sección Penal del Tribunal Supremo han suscrito este martes una carta criticando la actitud del fiscal general del Estado en funciones, Álvaro García Ortiz, quien ha evitado amparar a los fiscales del 1-O frente a las acusaciones de lawfare pactadas entre el PSOE y Junts.
Los fiscales del Alto Tribunal muestran su «decepción» por la «falta de voluntad» del fiscal general «de salir al paso de las injuriosas insinuaciones que sobre la actuación de los fiscales que intervinieron en la causa penal conocida como el procés y sus derivadas, se han plasmado en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Junts, conocidas como lawfare«.
La semana pasada, los fiscales de Sala del 1-O Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza, pidieron a García Ortiz que se pronunciara públicamente en defensa del Ministerio Fiscal frente a esa supuesta guerra judicial sucia contra el independentismo. El fiscal general rehusó a hacerlo y esta actitud es ahora criticada por la mayoría de fiscales de lo Penal del Supremo.
«La comunicación remitida por usted el 16 de noviembre a todos los miembros del Ministerio Fiscal no ha sido otra cosa que una forma de ignorar deliberadamente la respuesta a la gravísima situación que vive el Ministerio Fiscal y a la demanda de amparo formulada por los Fiscales del procés, para sí y para los Fiscales de Cataluña, ante los injustificados ataques a que están siendo sometidos», subrayan los fiscales del TS.
GARCÍA ORTIZ, LA EXCEPCIÓN
Los fiscales aluden a que la respuesta de García Ortiz consistió en señalar que «cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto de una futura amnistía de los hechos acaecidos en Cataluña en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva normal que la regule una vez que forme parte de nuestro ordenamiento tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado» cuando fue interpelado, en realidad, por el lawfare.
Los firmantes muestran además «su apoyo al trabajo realizado por la Fiscalía en defensa de la legalidad y del orden constitucional» en las causas referidas al desafío separatista catalán.
Álvaro García Ortiz ha sido la excepción evitando pronunciarse sobre el lawfare. Todas las asociaciones de jueces y fiscales, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los TSJ, las audiencias provinciales y los jueces decanos de España han emitido comunicados criticando el reconocimiento de este término y alertando del riesgo para la separación de poderes que conlleva los términos del acuerdo político firmado entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont.
