«¿Cómo se va a ir de rositas alguien que ha abierto la cabeza a un policía?», se pregunta un agente autonómico
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El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez está muy ocupado en aprobar una ley de amnistía para los CDR, Tsunami Democràtic y demás grupos independentistas violentos; es decir, los agresores, y nada en defender a los 45 agentes de las Fuerzas de Seguridad que se desplegaron en Cataluña para defender el orden constitucional y que tienen que pasar por el juzgado a declarar, ni tampoco a los Mossos d’Esquadra que también sufrieron la brutal violencia desplegada por los secesionistas.
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) han decidido denunciar no solo esta situación, sino también la propia amnistía acordada por el PSOE con el secesionismo y el próximo día 10, viernes, han convocado una manifestación ante los juzgados de Barcelona.
En la Policía autonómica también hay un profundo malestar con la medida de gracia. Ya durante los disturbios por la sentencia del ‘procés’, la indignación se extendió entre las filas de los Mossos d’Esquadra. Los agentes denunciaron entonces directrices políticas que les impidieron actuar y apoyar, como hubiesen querido, a los efectivos de la Policía Nacional desplegados en las calles de Cataluña, donde se propagaron los disturbios -su intervención fue ‘demasiado dura’, al parecer de Quim Torra-.
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Ahora, ante el «trasfondo político» y también a la espera de conocer el texto de la ley de amnistía, la postura oficial de los sindicatos mayoritarios es de prudencia. De puertas hacia dentro, sí advierten que sería «inconcebible» incluir entre los beneficiarios del olvido penal a quienes agredieron a algún agente.
«Muy peligroso»
«¿Cómo se va a ir de rositas alguien que ha abierto la cabeza a un policía? Sentaría un precedente muy peligroso», apunta a ABC uno de ellos, pendiente de conocer los supuestos de aplicación ya que, señala, «no es lo mismo amnistiar a un CDR que protagonizó un corte de carreteras, como el de La Junquera, que a un condenado por atentado contra la autoridad».
Mentar el respeto a este principio resulta ya una utopía para algunos uniformados, que llevan años alertando de su menoscabo. «Sale más caro saltarse un semáforo que agredir a un policía», ironiza el mismo interlocutor. Durante aquellas jornadas de algaradas en Cataluña, cuando los radicales convirtieron el centro de Barcelona en una yincana de barricadas, con contenedores en llamas y lanzamiento de adoquines y artefactos incendiarios contra los policías, también fueron decenas los mossos que resultaron heridos. Otros también imputados por su actuación para restablecer el orden público. «Como sea efectivo, generará mucho malestar», apunta otra agente. «Esperaremos a ver qué pasa, pero todo ataque a un agente debe ser castigado», sostiene Albert Palacio, portavoz de Uspac.
Entre los posibles amnistiados, estarían los procesados y condenados por las protestas que organizó Tsunami Democràtic tras las condenas del 1-O, en otoño de 2019, y que fueron desde el intento de asalto del aeropuerto de Barcelona al corte de la frontera con Francia o el asedio a la Jefatura de la Policía en Vía Laietana. En éste resultó gravemente herido Iván, antidisturbios de la Policía Nacional al que le concedieron incapacidad permanente por las secuelas neurológicas que padece tras recibir un fuerte impacto que atravesó su casco.
Entre los condenados por la violencia callejera, un manifestante que aceptó más de tres años de prisión por atacar a un mosso con un extintor en El Prat. También tres individuos que los hostigaron a pedradas en uno de los aniversarios del 1-O. Y así una larga lista. Curiosamente, el mando de los Mossos que investigó a otros dos posibles beneficiarios de la amnistía, la ahora presidenta de Junts, Laura Borràs, y el exconsejero de Interior Miquel Buch, fue destituido hace unos meses. Él considera que fue víctima de una purga por sentar en el banquillo a los políticos independentistas.
El SUP y la AUGC, convocantes de la citada manifestación del día 10, muestran su «apoyo a los policías y guardias civiles procesados por el 1-O, que ahora declaran en los juzgados en calidad investigados por los disturbios producidos tras la sentencia del Tribunal Supremo en octubre del 2019». Además, ofrecen su «total rechazo a ser humillados ante el acuerdo alcanzado entre PSOE y los independentistas de ERC para la investidura del Gobierno de Pedro Sanchez» y aseguran sentirse «utilizados como moneda de cambio en las negociaciones para formar gobierno».
«Odio acérrimo»
Aarón Rivero, secretario general de Jupol, se manifiesta en términos parecidos. Para su sindicato, el acuerdo es un reflejo «del odio acérrimo que se promulga desde los sectores independentistas y desde las instituciones catalanas a la Policía Nacional y de la falta de respeto del Partido Socialista hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Además, asegura que con él se avanza de forma importante en la expropiación a la Policía de la Comisaría de Vía Laietana para instalar un museo de la tortura, una de las viejas aspiraciones del secesionismo.
Por su parte, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Juxcil) considera que los términos de los acuerdos alcanzados para la amnistía en Cataluña incluyen la «desaparición de la Guardia Civil de esta comunidad autónoma, de manera que sus cuarteles serán cuando menos colonizados, si no arrasados. Una de las prioridades de parte de los radicales nacionalistas catalanes».
